París, 10 de octubre de 2025. Este informe de 42 páginas, titulado en inglés "Enduring Injustice - A review of the death penalty in Asia (2020-2025)," presenta las principales tendencias, novedades y cifras relacionadas con la pena de muerte en los veinte países de Asia en los que está vigente, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2025. El informe, elaborado en colaboración con 17 organizaciones miembros y asociadas de la FIDH en la región, ofrece asimismo una amplia gama de recomendaciones dirigidas a las partes interesadas pertinentes.
"La aplicación de la pena de muerte en Asia continúa estando asociada a graves violaciones de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo, el derecho a no sufrir tortura y el derecho a la no discriminación. Las autoridades de los países de la región que mantienen la pena de muerte deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que ya de por sí representa un primer paso crucial en el camino hacia la abolición de la pena de muerte", afirmó la presidenta de la FIDH, Alice Mogwe.
En la mayoría de los países de Asia que mantienen la pena de muerte, ha continuado vigente para delitos que no alcanzan el umbral de "delitos más graves" según el derecho internacional, entre otros, delitos políticos, económicos, religiosos y relacionados con las drogas. Se introdujeron o promulgaron nuevas leyes que amplían la aplicación de la pena de muerte en Afganistán, Bangladesh, India, Irán, Maldivas, Corea del Norte y Sri Lanka.
Se ha informado de ejecuciones que han tenido lugar en 11 países, entre ellos Myanmar, donde se reanudaron las ejecuciones judiciales tras una moratoria de facto de 34 años. En muchos países, entre los que se encuentran China, Irán, Laos, Corea del Norte y Viet Nam, el uso de la pena de muerte se ha caracterizado por un gran secretismo.
La imposición de la pena de muerte ha afectado también a las mujeres, debido a la existencia de leyes discriminatorias por motivos de género en Afganistán, Brunéi e Irán. En Tailandia, la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres.
Aunque se ha continuado utilizando la pena de muerte de forma generalizada en toda Asia, se han producido también algunos avances progresistas en la región, como la reducción del número de delitos capitales en Malasia, Pakistán y Viet Nam, la abolición de la pena de muerte obligatoria para determinados delitos en Malasia, así como la prohibición de imponer la pena de muerte a menores en Sri Lanka y de ejecutar a menores en Maldivas. Se han producido algunas sentencias judiciales positivas en relación con diversos aspectos de la aplicación de la pena de muerte en Bangladesh, Japón, Malasia, Pakistán y Taiwán. Además, en Corea del Sur y Taiwán, se plantearon objeciones jurídicas contra la pena de muerte.
El informe sugiere la adopción de un enfoque pragmático a medio plazo a partir de estos avances positivos y exhorta a las autoridades de los países que mantienen la pena de muerte a colaborar activamente con la sociedad civil para garantizar un debate abierto sobre la materia.
La FIDH, como miembro de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (CMPM), reitera su más absoluta oposición a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias.