La FIDH, durante su Buró Internacional del 14 de marzo había manifestado su repudio contra la posesión de Augusto Pinochet como senador vitalicio en Chile. Esta posesión le consedió una imunidad parlamentaria que le permite seguir escapando a todas las persecuciones empeñadas contra él por los ciudadanos de su país.
Las víctimas han efectivamente encontradas incontornables obstáculos para obtener justicia. En efecto, las leyes de amnistía han impedido la busqueda de la verdad. El sufrimiento y la necesidad de justicia de las victimas han quedado intactos desde 25 años.
La FIDH sustenta así completamente las actuaciones judiciales penales de los jueces españoles, Baltasar Garzón et Manuel García Castellón, contra las juntas militares argentinas y chilenas no sólo por asesinatos, torturas, y desapariciones forzadas de ciudadanos europeos, sino también, y sobre todo, por los crímenes contra la humanidad cometidos durante los regímenes autoritarios de estos países.
El reconicimiento de los crímenes contra la humanidad, y las persecuciones de los responsables por los tribunales ad-hoc para la ex-Yugoslavia y para el Ruanda, rinden inaceptables que tales crímenes no sean perseguidos por todas las juridicciones que tienen las medidas de hacerlo. Todos los Estados tienen la obligación, en conformidad con el derecho internacional, de perseguir judicialmente los autores de crímenes de lesa humanidad. Esta obligación está exigible a todos los Estados y por todos los Estados.
En virtud de estos principios, la FIDH recurra el gobierno español a sostener la petición de extradición de Augusto Pinochet hasta España, presentada por los jueces Garzón y García Castellón, y pide al gobierno británico de jusgarla admisible y de poner todos los medios disponibles para eso.
Los gobiernos españoles y británicos tienen las medidas y la obligación de perseguir Augusto Pinochet y su colaboradores para los crímenes que constituyen una ofensa a la conciencia común de la humanidad. La impunidad de los verdugos no puede ser todavía aceptada.