La FIDH se alegra de esta decisión que reúne las reglas contemporáneas del derecho internacional admitiendo que la calidad oficial de un acusado, que sea jefe de Estado o de Gobierno, no lo exonera en nigún caso de su responsabilidad penal ni constituye un motivo para disminuir su pena.
Esta decisión es histórica en la lucha contra la impunidad. Ella constituye un importante precedente de la mobilización de la comunidad internacional, demostrando que la justicia no tiene fronteras en materia de crímenes contra la humanidad, de tortura y de desaparición forzada. A la hora del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el conocimiento de la legalidad del arresto del ex-dictador chileno, reenfuerza el conjunto de mecanismos internacionales de defensa y de respeto de los derechos humanos, y demuestra que la Corte Penal Internacional debe, imperativamente, funcionar en el más corto plazo.
La FIDH envía, hoy, una carta al Ministro del interior británico a fin de que él responda favorablemente a la demanda de extradición presentada por el gobierno español. En efecto, la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas, obliga al Reino Unido, firmante, a aplicar la extradición o a juzgar toda persona sospechoza de actos de tortura (artículos 5.2, 6.1 y 8).
La FIDH hace ver, que, de acuerdo con la gravedad de los crímenes adjudicados al General Pinochet, ningún motivo de naturaleza política, judicial o humanitaria hace obstáculo al proceso de extradición. La FIDH en colaboración con de sus ligas miembros seguirá con atención el conjunto de los procesos judiciales dirigidos contra el ex-dictador en España, Suiza, Francia y Suecia.
La FIDH constata, con satisfacción, la evolución de la mayoría de la opinión pública de Chile, deseando ver llevar a cabo el conjunto de procesos en curso contra el General Pinochet y todo otro oficial del régimen dictatorial chileno en el poder entre 1973 y 1990.