Sin embargo, destacamos que la movilización de las víctimas de su oprobioso régimen, lograron conquistas históricas que marcan huella en la historia de los pueblos. Creyó cerrar el círculo de y, nombrándose senador vitalicio para gozar de inmunidad parlamentaria, confiaba además que potencias como los Estados Unidos y el Reino Unido que apoyaron su dictadura lo cubrirían frente a cualquier intento de justicia en el exterior defendiéndole su fuero como ex- jefe de estado y en la decrepitud de su existencia se amparó en enfermedades presuntas o reales para escapar a la justicia.
No obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó la primera querella criminal en su contra por la desaparición forzada de Jorge Muñoz Poutays el 20 de enero de 1998.
El 16 de octubre de 1998 fue detenido en Londres, por orden internacional expedida por el juez español Baltazar Garzón, en ejercicio de la jurisdicción universal. El 25 de noviembre de 1998 la Cámara de los Lores niega la inmunidad a Pinochet que le había concedido la Alta Corte. Decisión que se reafirma el 24 de marzo de 1999 por el Tribunal de Apelaciones de la Cámara de los Lores. Estas decisiones constituyen un hito histórico en la evolución del derecho penal internacional y el ejercicio de la jurisdicción universal.
En marzo de 1999, la FIDH realizó una misión en Chile ( cuyo informe fue titulado: « L’eventuel retour de Pinochet au Chile: en toute impunité? « en el que se recomienda la abolición de los decretos leyes de Automnistia, la derogación de toda legislación de jurisdicción y fuero militar, la recomposición del senado y que se levantara la inmunidad concedida por su condición de senador vitalicio.
En enero de 2000 Jack Straw, el ministro del interior inglés, consideró bajo dictamen médico y neurosicológico que por razones de salud Pinochet no estaba apto para comparecer en juicio, el 2 de marzo de 2000, movilizado en silla de ruedas se le autoriza su regreso a Chile, una vez descendió del avión se puso de pie para caminar soberbio al lado de sus compañeros de armas. De todas formas paso 17 meses bajo condiciones de arresto.
El 7 de agosto de 2000, la Corte Suprema de justicia de Chile levanta la inmunidad parlamentaria de Augusto Pinochet por los hechos de la Caravana de la Muerte.
El 29 de enero de 2001, el juez Juan Guzmán dicta auto de procesamiento en contra de Pinochet por su responsabilidad como autor intelectual de los delitos de secuestro y homicidios calificados de 57
personas y como autor del secuestro calificado de otras 18 personas
El 27 de agosto de 2004 la Corte Suprema de Justicia, confirma la decisión de la Cámara de Apelaciones de Santiago que levanta una vez mas su inmunidad por las desapariciones forzadas en el marco del « Plan Cóndor ».
El 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano y otros, confirmando la denegación de justicia en Chile, declara: " Al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, el Decreto Ley No. 2.191 es incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos, a la luz de dicho tratado"
El 18 de octubre de 2006, el juez Alejandro Solis, interrogó a Pinochet, sometiéndolo a proceso y decretando su arresto domiciliario por su responsabilidad en los actos de tortura infringidos a 23 sobrevivientes y la desaparición de otras 36 victimas en el centro de torturas de Villa Grimaldi.
La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, permitió abrir la posibilidad de presentar querellas y demandas civiles por victimas de crímenes de lesa humanidad, hoy día alrededor de 300 procesamientos en contra de responsables militares y civiles siguen, algunos de ellos se encuentran en detención.
El 10 de diciembre de 2006, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pinochet muere en Santiago de Chile. Si bien no fue condenado judicialmente, lo fue moralmente por su pueblo y por la humanidad entera. Murió acorralado por los fantasmas de sus crímenes en la soledad de un cuarto del Hospital Militar.
La FIDH y CODEPU urgen a la justicia chilena a juzgar y condenar a los responsables de estos crímenes. Los casos abiertos en ejercicio de la jurisdicción universal en países como Francia, España , Bélgica deben seguir su curso contra los otros altos militares que participaron de estos crímenes.