El ex dictador Augusto Pinochet, perseguido por la justicia chilena por torturas infligidas durante la dictadura.

Hoy, el juez Alejandro Solís ha interrogado a Augusto Pinochet en su domicilio de Santiago sobre su responsabilidad por actos de tortura infligidos a 23 sobrevivientes del centro de tortura Villa Grimaldi, uno de los centros más tristemente conocidos en Chile, y la desaparición de otras 36 víctimas.

Este interrogatorio ha sido posible gracias a la decisión histórica de la Corte Suprema chilena de desaforar, el pasado 3 de octubre, al ex dictador. Dándole aplicación al derecho internacional, la Corte Suprema confirmó las decisiones de las jurisdicciones inferiores. De esta forma, consideró que los crímenes de desapariciones y, por primera vez, los crímenes de tortura cometidos en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet (del 11 septiembre de 1973 al 10 marzo de 1990), son crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, rechazando así la aplicación de la amnistía y de la prescripción.

En poco tiempo el juez Solís deberá anunciar si decide procesar a Augusto Pinochet.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y su liga afiliada en Chile, la Corporación por la Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), que representa numerosas víctimas, se felicitan por el trabajo de los tribunales chilenos en este proceso, y en particular por el del juez Solís. Su aplicación del derecho internacional, que permite otorgar justicia a las víctimas de los crímenes más graves, es un ejemplo a seguir por los tribunales nacionales.

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