La mayor parte de las acciones legales de la FIDH son de carácter judicial y su naturaleza y objetivo principal es establecer la responsabilidad penal individual para luchar contra la impunidad de las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de delitos según el derecho internacional.
La FIDH está aplicando su visión según la cual, siempre que sea posible, se debe enjuiciar a los culpables de violaciones graves de los derechos humanos en el país en el que se cometieron los delitos. La prioridad de la FIDH es apoyar a las víctimas para que recurran a los tribunales nacionales de modo que estos lleven a cabo investigaciones efectivas. Es posible que estos procesos también cuestionen su capacidad o su voluntad real de investigar y enjuiciar.
Cuando a escala nacional no existan recursos judiciales apropiados, se pueden buscar fuera del país otras vías de reparación para las víctimas de estas violaciones y, en estos casos, es posible iniciar procesos en virtud de la competencia extraterritorial. Aunque estas acciones judiciales tienen que hacer frente a una serie de dificultades específicas, la experiencia también muestra que logran repercusiones reales en el país en el que se perpetraron los delitos.
La FIDH ha participado asimismo en procesos judiciales ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y otros tribunales internacionalizados, también llamados "mixtos" o "híbridos", como las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, que la FIDH ha supervisado ampliamente.
