París, 10 de septiembre de 2026. . El Tribunal de Casación ha dictaminado, por un lado, que la desestimación por parte del Tribunal de Apelación de París de la solicitud de medidas de instrucción complementarias para investigar posibles responsabilidades en París es competencia de "la apreciación soberana de la sala de instrucción", que constató "el carácter exhaustivo de la investigación llevada a cabo" por el equipo judicial de instrucción.
Por otra parte, las partes civiles habían indicado que la sentencia del Tribunal de Apelación de París, al sostener que "la omisión que constituya una violación del deber de actuar supone, por lo tanto, para ser punible [...], la intención de asociarse a la conducta del autor principal del delito", entraba en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Casación, que no establece la exigencia de que para existir complicidad deba compartirse la intención delictiva. En su decisión, el Tribunal de Casación recuerda su jurisprudencia, pero sin aplicarla al recurso de casación que se le había presentado.
En opinión de Raphaël Doridant (Survie), "el Tribunal de Casación valida el archivo de la investigación sin que se hayan desclasificado y remitido a la justicia los documentos esenciales relativos a las órdenes que se dieron desde París. Además, tampoco se ha tomado declaración al almirante Jacques Lanxade, al general Christian Quesnot, al historiador Vincent Duclert y a Hubert Védrine. Por lo tanto, no se exige ninguna responsabilidad en París, a pesar de que el Tribunal de Casación señala que ’no correspondía a los militares presentes sobre el terreno actuar sin haber recibido una orden precisa procedente de su jerarquía, es decir, del Ministerio de Defensa’".
Según el letrado Patrick Baudouin, abogado de la FIDH y de la LDH, "esperábamos que el Tribunal de Casación extrajera las consecuencias de su jurisprudencia sobre la complicidad y anulara la sentencia del Tribunal de Apelación en cuanto a esta cuestión. De hecho, nunca hemos sostenido que las fuerzas armadas francesas compartieran la intención de los/las autores del genocidio. Simplemente hemos constatado que, a pesar de haber recibido el mandato de poner fin a las masacres, no lo hicieron, por una razón que aún desconocemos."
Las personas supervivientes de Bisesero y las asociaciones que las apoyan se reservan la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que al parecer se han vulnerado los derechos fundamentales de las partes civiles: no se ha concluido la investigación, no se ha exigido rendición de cuentas —en particular en la cadena de mando militar y política—, se ha denegado el acceso a archivos cruciales y se han puesto obstáculos constantes para que la verdad salga a la luz.