Desde 2015 Ahmed Al Raisi es inspector general del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y es asimismo responsable de los servicios de policía de la monarquía. Bajo su dirección, estos servicios han llevado a cabo detenciones arbitrarias y actos de tortura reiterados y sistemáticos infligidos con total impunidad a los/as presos/as de conciencia y personas defensoras de los derechos humanos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del defensor de derechos humanos Ahmen Mansour. Galardonado en 2015 con el premio Martin Ennals y miembro del comité directivo del GCHR, Ahmed Mansour se encuentra encarcelado desde marzo de 2017 y fue condenado a diez años de prisión en 2018 porque, según las autoridades, había criticado al poder emiratí y había perjudicado a la imagen de su país en redes sociales. Desde 2017, permanece aislado en la prisión de Al Sadr, en una celda de 4 m2, sin acceso a atención médica, higiene, agua o instalaciones sanitarias. Las organizaciones firmantes de esta cartase han dirigido a las autoridades emiratís en diferentes ocasiones para protestar por las condiciones inhumanas del encarcelamiento de Ahmed Mansour, sin respuesta positiva por el momento.
Según los informes de varias ONG, en los centros de detención se utiliza la tortura de forma sistemática para obtener confesiones de culpabilidad o testimonios contra otras personas encarceladas, sobre todo en las prisiones de Al Raazeen, Al Wathba y Al Sadr. Además, algunas cárceles, como la prisión de Al Awair y el centro de detención de la policía de Al Barsha, están hacinadas y son insalubres, lo que hace que resulte extremamente difícil respetar la distancia social y las prácticas de higiene recomendadas en el marco de la pandemia de COVID-19.
Entre los métodos que utilizan los agentes de la policía figuran la privación de sueño, la denegación de tratamiento médico, las amenazas verbales, las agresiones sexuales, arrancar las uñas, torturar hasta la muerte, golpes violentos con las manos o con varas, sobre todo en la cara, la cabeza y los ojos, el electrochoque, colgar a las personas por las manos, arrancar el cabello, los chorros de agua fría sobre el cuerpo de la persona detenida delante de un ventilador, dejar a la persona dentro de un ataúd varias horas, el aislamiento en celdas muy pequeñas sin ventanas, las amenazas de utilizar la silla eléctrica, la privación de sueño seguida de interrogatorios a altas horas de la noche, no permitir salir al exterior ni a la luz del sol durante varios meses, obligar a la persona detenida a permanecer de pie sobre una sola pierna durante los interrogatorios, dejar a la persona bajo el sol durante periodos prolongados, desnudar a las personas detenidas o prohibirles practicar sus ritos religiosos, como el ayuno o la oración del viernes.
Las autoridades penitenciarias utilizan asimismo el aislamiento en celdas individuales como medida punitiva, y confinan a las personas detenidas en celdas estrechas, sin ventilación y en las que hace mucho calor. El recurso excesivo a las celdas de aislamiento se considera una forma de “tortura blanca”, es decir, un abuso que pretende debilitar a las personas detenidas para que estén en condiciones psicológicamente inestables, que puede provocar depresión, insomnio, estado de confusión, alucinaciones y psicosis. Entre todas las formas de maltrato que el personal penitenciario inflige a las personas detenidas cabe citar la práctica de encadenarles las manos y las piernas para provocarles dolor y de obligarles a sentarse en el patio de la cárcel a pleno sol. Además, los guardas han instalado, de forma deliberada, altavoces en las cárceles, para obligar a las personas detenidas a escuchar música a alto volumen durante todo el día y toda la noche. También se obliga en ocasiones a los/as presos/as a comer alimentos en mal estado y a beber agua salada.
Por otra parte, a menudo se deniega a las personas detenidas el acceso a medicamentos y a tratamientos médicos para problemas de salud anteriores a su encarcelamiento o enfermedades contraídas en la cárcel. Varias personas expertas de las Naciones Unidas han condenado estas prácticas y han expresado su preocupación a las autoridades emiratís a lo largo de los últimos años, sin que estas hayan modificado sus prácticas.
Este trato inhumano es recurrente en los EAU y constituye una clara vulneración del derecho internacional y de las Reglas Nelson Mandela sobre el trato a las personas reclusas. El general mayor Al Raisi es, debido a su puesto, responsable de investigar las denuncias presentadas por los abusos de las fuerzas policiales y los cuerpos de seguridad de su país, aunque ninguna se ha investigado de forma efectiva. Ante la falta de mecanismos de rendición de cuentas fiables en los EAU, el GCHR ha presentado en Francia una demanda por actos de tortura contra el general mayor Al Raisi apelando a la competencia universal.
A pesar del apoyo financiero que aportan los EAU al funcionamiento de la Interpol, la elección de este candidato pondría en tela de juicio los valores fundamentales y constitutivos en los que se basa esta organización, sobre todo en lo que respecta al respeto de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, como las que figuran en el articulado de sus estatutos.