Estas organizaciones son Amnistía Internacional, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch, REDRESS y TRIAL. Las organizaciones publicaron su declaración antes del primer Día de la Unión Europea contra la Impunidad, que se celebró el 23 de mayo 2016 en La Haya, y está organizado por la presidencia holandesa del Consejo de la Unión Europea junto con la Comisión Europea, la Red de puntos de contacto en relación con las personas responsables de genocidio ("Red contra el Genocidio") de la Unión Europea y Eurojust.
"El Día de la Unión Europea contra la Impunidad pone de manifiesto el hecho de que cada vez más tribunales nacionales están investigando y persiguiendo judicialmente graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero," afirmó Gauri van Gulik, director adjunto del programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. "Los tribunales internacionales tienen una capacidad limitada y los tribunales nacionales deberían desempeñar un papel fundamental y actuar como una ‘red de seguridad’ para prevenir la impunidad por crímenes de derecho internacional" .
El Día de la Unión Europea contra la Impunidad se celebra en el contexto de la actual crisis de refugiados, que ha provocado la llegada a Europa de numerosas personas que huyen de las zonas de conflicto en Siria, Iraq y Afganistán. Esta situación constituye una oportunidad única para que los Estados europeos realicen una contribución significativa a la justicia por las atrocidades cometidas en estos países. El aumento de la presencia de solicitantes de asilo hace que las víctimas, testigos, pruebas materiales e incluso algunos sospechosos que previamente no estaban disponibles, están ahora al alcance de las autoridades judiciales nacionales.
Durante las últimas dos décadas, los tribunales nacionales de un número creciente de países, entre otros, los países de la Unión Europea, han comenzado a juzgar casos de delitos graves como genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales —"crímenes de derecho internacional"— cometidos en el extranjero.
Los tribunales nacionales pueden tener competencia extraterritorial sobre delitos cometidos en el extranjero cuando los sospechosos o la víctima son ciudadanos de ese país, o en caso de delitos considerados tan graves que la responsabilidad por los mismos debería interesar a la humanidad en general. Este principio de derecho internacionales conocido como "competencia universal". Aunque la competencia universal existe desde hace décadas, hasta hace pocos años se ha usado en raras ocasiones.
En los últimos veinte años, los tribunales nacionales han realizado considerables avances en la persecución judicial de crímenes de derecho internacional. Los casos juzgados ante los tribunales europeos han incluido crímenes cometidos en Rwanda, la República Democrática del Congo, Afganistán, Guatemala, Kosovo, Iraq, Liberia, Bosnia y Herzegovina, Argentina y Siria, entre otros.
En 2015, en un caso histórico, los tribunales de Senegal llevaron a juicio al antiguo jefe de Estado del Chad, Hissène Habré, por crímenes cometidos en ese país. Argentina y Sudáfrica han abierto investigaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en China, España, Paraguay y Zimbabwe. Un reciente estudio realizado en doce países que ejercen la competencia universal observaron avances tangibles —detenciones, acusaciones o condenas— en 27 casos en 2015.
Aunque, en principio sería preferible ejercer la justicia en los países donde se cometieron los crímenes, a menudo esto no es posible. La aplicación de la competencia universal reduce la existencia de "refugios seguros", donde quienes cometen estos crímenes pueden gozar de impunidad. Es una vía de vital importancia hacia la justicia para las víctimas que no tienen donde recurrir, y puede contribuir a alentar la rendición de cuentas en los países donde se cometen los crímenes.
Reconociendo el importante papel de los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de poner fin a la impunidad, la Unión adoptó en 2002 y 2003 dos decisiones para la creación de una red de investigadores y fiscales que trabajan en casos de crímenes de derecho internacional, la Red Europea contra el Genocidio, y recomendaron que los Estados miembros crearan unidades especializadas en crímenes de guerra. Varios países de la Unión, entre otros, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Francia y Alemania han creado estas unidades de crímenes de guerra, compuesta por policía y fiscales, con experiencia específica y dedicadas a estos casos. La Red de Genocidios de la Unión ha mejorado la cooperación y facilitado que se compartan las mejores prácticas entre los Estados miembros de la Unión EuropeaUnión Europea a través de reuniones bianuales.
"El aumento del número de casos demuestra que las investigaciones y la persecución judicial por parte de tribunales nacionales de crímenes internacionales complejos pueden resultar difíciles, pero no imposibles, cuando existen las herramientas adecuadas" , señaló Géraldine Mattioli-Zeltner, directora de la promoción de la justicia internacional de Human Rights Watch. "El trabajo de las unidades de crímenes de guerra existentes y de la Red Europea contra el Genocidio está comenzando a dar frutos. La Unión Europea debería reforzar su apoyo a esta labor y alentar a otras organizaciones regionales a hacer lo mismo."
Varios países ya están investigando las graves violaciones de derechos humanos en Siria e Iraq. Según los informes de los medios de comunicación, hay procesos judiciales e investigaciones en curso en relación con crímenes de guerra y tortura en estos dos países en Francia, Finlandia, Alemania, Suecia y Holanda.
"Los procesos judiciales en terceros países con frecuencia son la única opción disponible para que las víctimas obtengan justicia, por ejemplo, en lugares como Siria o Iraq, donde los abusos masivos se realizan con impunidad. Los casos de competencia universal solo son el primer paso, pero son sinónimo de esperanza para las víctimas".
No es la primera vez que tanto las víctimas como algunos sospechosos han llegado a países europeos procedentes de zonas en conflicto. Lo mismo sucedió tras el genocidio de Rwanda en 1994 y las guerras de los Balcanes en la década de los 90. Las organizaciones han señalado que hoy día, los países europeos están mejor preparados para investigar los crímenes internacionales graves y deberían hacerlo de modo que se garantice la rendición de cuentas sin estigmatizar a grupos enteros de solicitantes de asilo. Aun así, la situación actual y el aumento de casos ante las autoridades judiciales nacionales demuestra que es necesario aumentar las mejoras para garantizar procesos judiciales nacionales efectivos en casos de crímenes internacionales graves.
No todos los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con leyes nacionales que definan los crímenes de derecho internacional y algunos carecen de competencia para procesar estos crímenes cuando se cometen en el extranjero, lo que deja espacios de impunidad en el seno de la Unión. Las organizaciones afirmaron que únicamente una minoría de Estados miembros de la Unión han establecido unidades especializadas en crímenes de guerra y que más Estados deberían considerar hacerlo. Incluso los países que cuentan con unidades de crímenes de guerra, con frecuencia no tienen suficiente personal ni recursos, tan solo algunos investigadores y fiscales asignados, a pesar del creciente número de casos.
Parece ser que en ocasiones las consideraciones diplomáticas dificultan el avance de los casos relacionados con países poderosos como los Estados Unidos, Israel o China. Algunos países, incluidos Bélgica y España, tienen competencia universal limitada, o en el pasado dejaron sin efecto sus leyes, tras la presión diplomática.
Andreas Schüller, director del Programa de "Crímenes Internacionales y Responsabilidad" del ECCHR, subrayó que "es absolutamente crucial que la competencia universal se aplique a todos por igual y sin interferencia política en las decisiones procesales."
También es fundamental establecer una colaboración efectiva entre los servicios de inmigración —que están en primera línea a la hora de identificar a las posibles víctimas y sospechosos— y las autoridades judiciales. Algunos países, como Holanda, han creado unidades especializadas de crímenes de guerra en sus servicios de inmigración que investigan a los solicitantes de asilo por su posible participación en crímenes de guerra. En Alemania, a los refugiados sirios se les pide sistemáticamente que faciliten, de forma voluntaria, la información de la que puedan disponer en relación a crímenes internacionales graves y esta información se transfiere a la unidad de crímenes de guerra de la policía para su tratamiento.
"Otros países deberían introducir medidas similares para asistir a las víctimas, identificar a los posibles responsables presentes en su territorio y llevarlos ante la justicia" , afirmó Philip Grant, director de TRIAL.
En Octubre 2014, la Red Europea contra el Genocidio adoptó una estrategia que enumera estos y otros pasos que la Unión Europea y los países miembros deberían tomar para mejorar las persecuciones judiciales nacionales de crímenes de derecho internacional.
"A pesar de los notables avances, aún hay mucho trabajo por hacer para mejorar la práctica de los procedimientos judiciales a nivel nacional en relación a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", señaló Jürgen Schurr, director del área de derecho y política de la organización REDRESS. "El Día contra la Impunidad de la Unión Europea es una oportunidad perfecta para que la Unión y sus Estados miembros se comprometan a tomar medidas concretas para adoptar la estrategia de la Red contra el Genocidio de la Unión Europea. El Día contra la Impunidad de la Unión Europea también debería ser un evento anual que ponga de relieve los avances y los retos aún por alcanzar."