París, 30 de agosto de 2025. En este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la FIDH reafirma que no olvidamos a las personas desaparecidas y que debemos luchar contra esta práctica mediante la búsqueda de verdad, justicia y reparación, independientemente del lugar en el que se produzcan y de quienes las perpetren.
La desaparición forzada es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, ya que priva a las víctimas de su derecho a la vida, la libertad, la justicia y la protección contra la tortura o los malos tratos. Es esencial señalar que este delito no termina con la detención o el secuestro en sí mismo, sino que continúa mientras se mantenga oculto el destino o el paradero de las personas desaparecidas, a menudo durante años y, en ocasiones, durante décadas. Cuando se lleva a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.
Las desapariciones como herramienta de represión
Las desapariciones forzadas se utilizan a menudo para silenciar la disidencia y sembrar el miedo.
Bangladesh. Bajo el mandato de Sheikh Hasina, las fuerzas de seguridad gestionaban una red de centros de detención secretos. Allí se recluía en régimen de incomunicación a miembros de la oposición política, líderes estudiantiles, activistas y periodistas, a quienes se sometía a torturas y, en ocasiones, se asesinaba. Las personas supervivientes que reaparecían con frecuencia eran objeto de coacciones para que guardaran silencio o se enfrentaban a acusaciones penales falsas para justificar su detención ilegal. Las medidas adoptadas por el actual Gobierno provisional, entre ellas la adhesión a la Convención en agosto de 2024 y la creación de una comisión de investigación, suponen una oportunidad importante, si bien establecer la verdad y exigir la rendición de cuentas continúan siendo una necesidad urgente.
Belarús. Desde finales de la década de 1990, la oposición al régimen del presidente Lukashenko ha ido desapareciendo sin dejar rastro. Políticos como Viktar Hanchar y periodistas como Dzmitry Zavadski desaparecieron en circunstancias que apuntan a la implicación del Estado. La cultura de la impunidad se ha reforzado a lo largo de décadas y resurgió durante las protestas de 2020, en las que la represión se extendió a abogados/as y activistas que documentaban las violaciones. En 2023, un tribunal suizo celebró el primer juicio relacionado con las desapariciones forzadas en Belarús cometidas bajo el régimen de Lukashenko. Aunque su absolución puso de relieve que el camino hacia la justicia está en ocasiones lleno de obstáculos, en ningún momento minó la determinación de las víctimas de continuar su lucha por la verdad y la justicia.
Turquía. Durante casi tres décadas, las Madres de los Sábados se han reunido para exigir la verdad y la justicia para las personas desaparecidas de sus familias. Sus vigilias semanales pacíficas se han convertido en un poderoso símbolo de memoria y resistencia. Sin embargo, en lugar de reconocer su derecho a llorar a sus seres queridos y a conocer la verdad, las autoridades han aumentado la represión. Aunque el propio Tribunal Constitucional de Turquía ha confirmado recientemente en dos ocasiones el derecho de reunión de estas personas, las autoridades continúan enjuiciando a las participantes con acusaciones infundadas. Esta constante criminalización de la memoria y el activismo no solo niega justicia a las familias de las personas desaparecidas, sino que también envía una advertencia intimidatoria a la sociedad civil en su conjunto.
Desapariciones en conflictos armados y situaciones de ocupación
Ucrania. En los territorios ucranianos ocupados, las desapariciones forzadas se han convertido en una herramienta sistemática utilizada por las fuerzas rusas y los grupos afines para reprimir todas las formas de resistencia contra la ocupación, ya sea armada, informativa o simbólica. Las familias describen el modo en que se ha detenido a sus parientes en puestos de control o se los ha sacado de sus hogares durante redadas nocturnas, sin que hayan vuelto a aparecer nunca más. Se ha trasladado por la fuerza a niños y niñas ucranianos/s, lo que ha roto sus lazos culturales y familiares como parte de una estrategia deliberada para borrar su identidad. La organización miembro de la FIDH, el Grupo de Protección de los Derechos Humanos de Járkov ha documentado patrones sistemáticos que confirman que estos actos no son hechos aislados, sino una herramienta coordinada de control.
Siria.Durante más de una década, decenas de miles de personas sirias han desaparecido a manos del régimen. Las desapariciones forzadas perpetradas principalmente por los servicios de inteligencia se han utilizado de forma sistemática para infundir miedo, silenciar la disidencia y ejercer un control absoluto durante los periodos de disturbios y conflicto armado. Las familias quedaron sumidas en la angustia, con el silencio o la extorsión como única respuesta. Los centros de detención como Sednaya se han hecho tristemente famosos por ser lugares de tortura, ejecuciones sumarias y fosas comunes, y representan la crueldad de un sistema basado en la desaparición y la negación. El 24 de mayo de 2024, un tribunal de París dictó una sentencia histórica: tres altos funcionarios sirios fueron condenados en rebeldía a cadena perpetua por complicidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en relación con la desaparición, tortura y asesinato de Mazzen y Patrick Dabbagh, detenidos en Damasco en 2013, lo que demuestra que es posible exigir que rindan cuentas incluso las personas más poderosas.
El crimen organizado y las desapariciones
Las desapariciones forzadas ya no suceden únicamente en los Estados autoritarios.
En México, más de 120 000 personas se encuentran desaparecidas o en paradero desconocido desde abril de 2025, en su mayor parte desde que comenzó la "guerra contra las drogas" en 2006. En todo el territorio los grupos delictivos organizados llevan a cabo desapariciones forzadas, con poderosos grupos criminales que secuestran, detienen y hacen desaparecer por la fuerza a un gran número de personas, ya se trate de rivales, migrantes, testigos o simplemente se niegan a colaborar. En algunas zonas, sobre todo a escala local, hay agentes públicos cómplices, ya sea por aquiescencia silenciosa o por participación activa. Con índices de impunidad superiores al 98 %, la justicia sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar. Por primera vez en abril de 2005, a partir de dos informes de la FIDH presentados en febrero del mismo año, el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas submitted in February the same year, the UN Committee on Enforced Disappearances decidió remitir el caso de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta medida sin precedentes refleja la gravedad de la crisis de México y la importancia de la persistencia de la sociedad civil para acabar con la denegación de estos hechos.
La Convención: del compromiso a la protección
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006 sigue siendo el instrumento jurídico internacional que ofrece mayor protección para prevenir, investigar y castigar este delito. Sin embargo, casi dos décadas después, únicamente lo ratificaron 77 Estados, lo que deja a millones de personas desprotegidas.
La FIDH insta a los Estados a:
– ratificar sin demora la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y velar por aplicación plena y efectiva en la ley y en la práctica; la ratificación no es un acto simbólico, sino una promesa vinculante de justicia;
– investigar y enjuiciar las desapariciones forzadas independientemente del lugar en el que se produzcan, del rango o el cargo de quien las cometa y de las circunstancias;
– garantizar el derecho a la verdad apoyando a las familias en la búsqueda de sus familiares y protegiendo a las personas defensoras de las represalias;
– proporcionar reparaciones a las víctimas y sus familias, reconociendo no solo su dolor y su pérdida, sino también su derecho a la dignidad, a los medios de subsistencia y a la memoria; las reparaciones deben incluir garantías de no repetición;
– exigir responsabilidades a quienes las cometen, a nivel nacional o internacional. La desaparición forzada, cuando es generalizada o sistemática, es un crimen de lesa humanidad.
No más silencio
Desde Minsk a Estambul, desde Jersón a Ciudad de México, desde Bangkok to Caracas, desde Conakry a Daca, las familias y las personas defensoras continúan su valiente lucha. Su resiliencia exige una respuesta igualmente decidida por parte de los Estados. Las personas desaparecidas no deben permanecer invisibles. La justicia exige verdad, rendición de cuentas y acción.