¿Cuáles son los hechos que motivan este caso?
El 3 de noviembre de 2013, a medianoche, Patrick Abdelkader Dabbagh, con doble nacionalidad franco-siria y que en aquel momento tenía 20 años, estudiante de segundo curso de Artes y Humanidades en la Universidad de Damasco, fue detenido en su domicilio de Mezzeh, en las afueras de la ciudad.
Un grupo formado por dos oficiales, dos soldados y un especialista informático, que afirmaron pertenecer a los servicios de inteligencia del Ejército del Aire de Siria, obligaron a Patrick Abdelkader a seguirlos para un interrogatorio, sin indicar el motivo de la detención.
A la misma hora del día siguiente, estas mismas personas volvieron al domicilio de la familia Dabbagh, esta vez acompañados por una docena de soldados armados. Tras acusar al padre de Patrick Abdelkader, Mazzen Dabbagh, de no haber dado una educación adecuada a su hijo, procedieron a su detención, mientras afirmaban que le iban a enseñar a educar a un hijo. En aquel momento, Mazzen trabajaba como orientador educativo principal en el instituto francés de Damasco.
Según varios testigos, tanto Mazzen como Patrick Abdelkader fueron trasladados a un centro de detención en el aeropuerto militar de Mezzeh. Dirigido por los servicios de inteligencia del Ejército del Aire de Siria, el centro es conocido por la brutalidad de los actos de tortura que se cometen allí. Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Siria, el centro de Mezzeh tiene una de las tasas de mortalidad más altas de todos los centros de detención del país.
Desde entonces, nadie ha vuelto a ver ni al padre ni al hijo.
Mazzen Dabbagh y su hijo Patrick Abdelkader nunca participaron en ningún movimiento de protesta contra el régimen de Bashar al Assad, ni antes ni después de marzo de 2011. Han corrido una suerte similar a la de decenas de miles de personas sirias que han sido detenidas y encarceladas sin motivo por el régimen sirio y siguen siendo víctimas de desaparición forzada.
A principios de 2018, el Registro Civil sirio comenzó a emitir miles de certificados de defunción de personas desaparecidas. En julio de 2018, la familia Dabbagh recibió una notificación oficial de defunción de sus familiares. Según los documentos recibidos, Patrick Abdelkader murió el 21 de enero de 2014, poco después de su detención. La muerte de su padre, Mazzen, se habría producido casi cuatro años después, el 25 de noviembre de 2017.
¿Por qué se ha instruido la causa en Francia y no en Siria o ante el Tribunal Penal Internacional?
A pesar de la gravedad y la magnitud de los crímenes cometidos en Siria desde la brutal represión que siguió a la revuelta de marzo de 2011 y desembocó en un conflicto que lleva activo más de una década, las víctimas y sus familias cuentan con escasas posibilidades de acceder a justicia y reparación. Siria no ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). A pesar de varios intentos por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de conseguir que se emita una resolución para remitir la situación a la CPI, el veto reiterado de Rusia y China han hecho imposible que la CPI abra una investigación.
Ante la imposibilidad de acceder a la CPI y sin perspectivas reales de justicia en Siria, las víctimas se han dirigido a otros países –como Alemania, Suecia, Francia y España– para solicitar que se investiguen casos a los que se aplica el llamado mecanismo de jurisdicción extraterritorial o universal. Desde 2012, abogados/as, activistas y organizaciones de derechos humanos sirias, así como organizaciones internacionales de derechos humanos, han presentado demandas en estos países con el fin de abrir investigaciones sobre actos de tortura, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.
¿Qué criterios se aplican en Francia para investigar los crímenes cometidos en Siria?
En el caso de Patrick Abdelkader y Mazzen Dabbagh, ambos, padre e hijo, eran ciudadanos franco-sirios. Los tribunales franceses son competentes para juzgar los delitos cometidos contra personas que cuentan con nacionalidad francesa o con doble nacionalidad, así como aquellos cometidos por personas que cuentan con nacionalidad francesa o con doble nacionalidad. Por ello, debido a la doble nacionalidad franco-siria de Mazzen y Patrick Abdelkader, se pudo abrir una investigación judicial en Francia en noviembre de 2016.
Sin embargo, muchas víctimas de crímenes internacionales que buscan justicia, entre ellas muchas víctimas sirias, no tienen la nacionalidad francesa. Para permitirles acceder a la justicia, el poder legislativo francés ha adoptado varios textos.
Así, desde la transposición al derecho francés de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1986, se puede perseguir y juzgar en Francia por actos de tortura a cualquier persona sospechosa que se encuentre en su territorio.
La misma condición se aplica a las personas sospechosas de haber cometido desaparición forzada desde agosto de 2013, tras la incorporación a la legislación francesa de la Convención de la ONU sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Independientemente de su nacionalidad y país de residencia, las víctimas de tortura y desapariciones forzadas pueden presentar una denuncia ante la fiscalía francesa y participar en el procedimiento judicial como parte civil. Este estatus otorga a las víctimas amplios derechos a lo largo de la investigación, entre otras, la posibilidad de solicitar que se lleven a cabo actos de investigación específicos o que se llame a declarar a determinados testigos.
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos en el extranjero, el 9 de agosto de 2010, el Parlamento francés aprobó una ley que incorpora el Estatuto de Roma a la legislación francesa. Esta ley otorga a los tribunales franceses competencias para juzgar a los autores de estos crímenes cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• La persona sospechosa reside en Francia,
• Dichos actos están prohibidos por la legislación del Estado en el que se cometieron, o el Estado en el que se cometieron los delitos o el Estado del que es nacional la persona sospechosa es un Estado Parte del Estatuto de Roma,
• La acción judicial solo puede ser iniciada por la fiscalía francesa,
• Ningún tribunal internacional o nacional solicita la entrega o extradición de la persona sospechosa.
La ley de 23 de marzo de 2019 modificó tímidamente estas disposiciones al excluir el requisito de la doble incriminación para el delito de genocidio y la renuncia expresa a la competencia por parte de la CPI.
El 1 de enero de 2012 se creó en París una unidad especializada en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esta unidad cuenta en la actualidad con un equipo de cinco fiscales/as, tres jueces/as de instrucción independientes y un equipo de investigadores/as especializados/as, que trabajan exclusivamente en casos de crímenes internacionales. En estos momentos, esta unidad francesa trabaja en 85 investigaciones preliminares y 79 investigaciones judiciales sobre crímenes internacionales cometidos fuera del territorio francés, de los cuales aproximadamente 10 se refieren a crímenes cometidos en Siria.
En septiembre de 2015, la transferencia del caso César por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores francés a la unidad especializada de París dio lugar a la apertura de una investigación preliminar sobre las prácticas del régimen sirio de tortura sistemática de personas detenidas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otras violaciones. Esta investigación preliminar se reclasificó en 2018 como investigación estructural sobre los crímenes cometidos por el régimen sirio y sigue en curso.
¿En qué circunstancias se abrió el caso Dabbagh y cómo se pudieron emitir órdenes de detención internacional?
El 24 de octubre de 2016, la FIDH y su organización miembro en Francia, la Liga de Derechos Humanos, junto con Obeida Dabbagh (hermano de Mazzen Dabbagh), con el apoyo activo del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM), alertaron a la unidad judicial especializada francesa sobre el caso de Mazzen y Patrick Abdelkader Dabbagh.
La parte denunciante solicitó la apertura inmediata de una investigación judicial y el nombramiento de un/a juez/a de instrucción para abordar los delitos de desaparición forzada y tortura constitutivos de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos contra Mazzen y Patrick Abdelkader Dabbagh por miembros del régimen sirio.
El 7 de noviembre de 2016, la fiscalía solicitó la apertura de una investigación judicial y se nombraron tres jueces/as de instrucción para investigar.
Entre diciembre de 2016 y septiembre de 2018, Obeida Dabbagh, representado por abogados/as de la FIDH, declaró tres veces ante los jueces de instrucción en calidad de parte civil.
En el curso del proceso, en colaboración con el SCM, la FIDH y la LDH presentaron información y solicitudes específicas a los jueces/as de instrucción e identificaron asimismo a diversos testigos clave que prestaron testimonio sobre los crímenes perpetrados por los agentes de inteligencia del Ejército del Aire de Siria en el centro de detención de Mezzeh.
El 8 de octubre de 2018, los/as jueces/as de instrucción encargados del caso emitieron tres órdenes de detención internacional: contra Ali Mamlouk y Jamil Hassan por complicidad en crímenes de lesa humanidad y contra Abdel Salam Mahmoud por complicidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El 2 de abril de 2021, el SCM fue admitido como parte civil en el procedimiento judicial. El SCM ha colaborado en estos procedimientos al aportar varios testimonios, entre otros, el de su director general, Mazen Darwish, que fue arrestado y detenido junto con varios/as de sus compañeros/as por la misma rama de los servicios de inteligencia del Ejército del Aire de Siria. El SCM también proporcionó información exacta sobre las cadenas de mando y la estructura de estos servicios en el momento de la desaparición de Patrick y Mazzen Dabbagh.
Un total de 23 testigos sirios aceptaron declarar en el caso, bien porque eran supervivientes del centro de detención de Mezzeh, bien porque tenían contacto directo con alguno de los responsables sirios contra los que se dirigía el procedimiento.
A partir de estos testimonios se pudieron establecer pautas recurrentes de represión que ponían de relieve el uso sistemático y generalizado de ataques deliberados contra la vida, tortura y desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
La investigación también puso de relieve la responsabilidad de los acusados en la confiscación de la vivienda de la familia Dabbagh, una práctica muy extendida en Siria contra las personas desaparecidas y detenidas, a quienes se despoja de sus bienes.
El 31 de marzo de 2022, el juez de instrucción encargado del caso archivó la investigación.
El 27 de enero de 2023, la fiscalía solicitó la inculpación de Ali Mamlouk, Jamil Hassan y Abdel Salam Mahmoud ante la el Tribunal Penal de París por complicidad en crímenes contra la humanidad (ataques deliberados contra la vida, tortura, desaparición forzada, encarcelamiento u otra privación grave de libertad) y crímenes de guerra (extorsión y encubrimiento de extorsión de bienes) cometidos contra Patrick Abdelkader y Mazzen Dabbagh.
El 29 de marzo de 2023, el juez de instrucción ordenó su procesamiento ante el Tribunal Penal de París por los mismos cargos.
¿Quiénes son los tres altos cargos sirios que serán juzgados por el Tribunal Penal de París?
General de División Ali Mamlouk – asesor especial del presidente para Asuntos de Seguridad y jefe de la Oficina de Seguridad Nacional desde 2012.
Antes de ocupar la dirección de la Oficina de Seguridad Nacional, Ali Mamlouk fue director del Servicio General de Inteligencia desde 2005.
Se incorporó al servicio de inteligencia del Ejército del Aire al principio de su carrera. Primero dirigió la rama de investigaciones antes de convertirse en director del servicio entre 2003 y 2005. Las organizaciones de derechos humanos le consideran responsable de administrar el arsenal químico en Siria y de utilizarlo contra las personas encarceladas por motivos políticos en la cárcel de Palmira entre 1985 y 1995.
El gobierno sirio encargó a Ali Mamlouk la reconstrucción de las relaciones exteriores de Siria, sobre todo en materia de inteligencia. Ha realizado varios viajes al extranjero, el último de ellos a Roma a finales de febrero de 2018, donde, al parecer, fue recibido por el exministro del Interior y un alto cargo de los servicios de inteligencia italianos.
Mamlouk es uno de los primeros altos funcionarios sirios sancionados por la Unión Europea. Desde mayo de 2011 se le ha prohibido viajar y se han congelado sus bienes por su participación en actos violentos contra manifestantes.
General de División Jamil Hassan – director de Inteligencia del Ejército del Aire.
Tras servir como oficial de inteligencia en el aeropuerto militar de Mezzeh y posteriormente durante un breve periodo de tiempo como jefe de la rama de inteligencia del Ejército del Aire en el este de Siria, Jamil Hassan fue nombrado director de este servicio en 2009.
Es uno de los pilares del sistema de seguridad establecido por Hafez al Assad, padre del actual presidente Bashar al Assad, que tomó el control de Siria en la década de 1970.
Como uno de los principales dirigentes y orquestadores de la violenta represión de las protestas de 2011 en Siria, se le acusa de haber participado en asesinatos, torturas y numerosos abusos contra civiles.
En una rara aparición ante la prensa en 2016, Jamil Hassan afirmó que una respuesta militar más dura, como la desplegada en Hamah en la década de 1980, habría acabado con la revolución mucho antes.
Sobre Hassan pesa también una orden de detención internacional emitida por la fiscalía federal alemana en junio de 2018 por crímenes contra la humanidad.
Ha sido sancionado por la Unión Europea en mayo de 2011, con prohibición de viajar y congelación de activos debido a su participación en actos violentos contra manifestantes.
General de Brigada Abdel Salam Mahmoud – director de la Subdivisión de Investigación del servicio de inteligencia del Ejército del Aire en Damasco.
Abdel Salam Mahmoud asumió este cargo en 2010. Se le ha apodado el "general de brigada jurídico" porque es licenciado en Derecho. En su calidad de director de la rama de investigaciones, supervisa directamente los interrogatorios y las sesiones de tortura que se llevan a cabo en las tristemente célebres prisiones de los servicios de inteligencia del Ejército del Aire.
Según varias organizaciones sirias de derechos humanos, se detuvo, torturó y asesinó a numerosas personas sirias siguiendo sus instrucciones, entre otras, a las víctimas de la masacre de Saida (abril de 2011), en la que murieron cientos de civiles. Entre las víctimas se encontraba Hamza al Jatib, un niño de 13 años, cuyo cadáver fue devuelto a su familia con visibles signos de tortura.
Abdel Salam Mahmoud está sujeto a sanciones de la Unión Europea desde 2012 por su implicación en la tortura de personas detenidas por el servicio de inteligencia del Ejército del Aire en Damasco.
En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en otoño de 2016, la delegación estadounidense citó a ocho altos cargos del régimen, a los que calificó de "criminales de guerra, que correrán la misma suerte que sus predecesores". Uno de los nombres mencionados fue el de Abdel Salam Mahmoud.
¿Cómo se desarrollará el juicio en Francia?
Ali Mamlouk, Jamil Hassan y Abdel Salam Mahmoud no se encuentran actualmente en territorio francés y es muy poco probable que viajen allí antes de que comience el juicio.
Sin embargo, la legislación francesa prevé la posibilidad de celebrar un juicio, aunque las personas acusadas estén ausentes. Será, por tanto, un juicio en rebeldía, durante el cual los tres acusados tendrán derecho, aunque estén ausentes, a contar con la representación de un abogado/a de su elección. El juicio será público, pero estará presidido por tres jueces/as profesionales, sin la presencia de un jurado popular. El juicio será necesariamente más breve que un juicio que cuenta con la presencia del acusado y probablemente durará únicamente unos pocos días. A modo de comparación, los juicios organizados hasta ahora en Francia por crímenes internacionales, en presencia de las personas acusadas, han durado entre 3 y 8 semanas.
Durante el juicio, las partes civiles y los testigos podrán comparecer y declarar en el estrado.
Al final del juicio, el veredicto se emitirá el mismo día y, si los acusados son declarados culpables, el Tribunal Penal de París emitirá nuevas órdenes de detención internacional basadas en su condena. Si se detiene a alguno de ellos, tendrá derecho a oponerse a su setencia y a ser juzgado de nuevo en primera instancia.