La Haya, Manila, París, 23 de abril de 2026. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ha confirmado los cargos de asesinato e intento de asesinato como crímenes de lesa humanidad contra Rodrigo Duterte, al estimar que existen motivos fundados que permiten considerarlo penalmente responsable de los homicidios cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, durante su mandato como alcalde de la ciudad de Davao y, posteriormente, como presidente de Filipinas. El caso está listo para proceder a juicio. Aunque Duterte ejerció su derecho a no comparecer personalmente en la vista de confirmación de los cargos, el Estatuto de Roma establece que su presencia en el juicio es obligatoria.
Esta decisión supone un avance significativo, que las víctimas y sus familias llevan tiempo esperando, y abre el camino a una mayor participación de las víctimas en el proceso y a la posibilidad de obtener reparaciones si Duterte es declarado culpable. Además de las 539 víctimas autorizadas a participar en la vista de confirmación de los cargos que se celebró en febrero de 2026, en estos momentos, otras víctimas pueden solicitar que la Corte las reconozca como tales.
"La confirmación de los cargos es un paso fundamental hacia la justicia para miles de víctimas que llevan años esperado que se las escuche. Demuestra que su sufrimiento no pasa desapercibido y que es posible exigir responsabilidades, incluso cuando se trata de los más altos niveles de poder", declaró el presidente de la FIDH, Alexis Deswaef.
Las víctimas de Filipinas llevan casi una década haciendo frente a enormes obstáculos para acceder a la justicia. Los mecanismos nacionales no han logrado llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos efectivos, lo que ha privado de reparación a las personas supervivientes y de respuesta a las familias. Hoy, las actuaciones de la CPI ofrecen una importante vía para lograr una justicia independiente e imparcial.
Esta decisión se produce en un contexto de continua desinformación, en el que se desarrolla una campaña de intimidación en Filipinas. Las víctimas, sus representantes legales, las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas han sido objeto de amenazas y acoso, incluso de índole sexual, lo que ha socavado su capacidad para participar de forma segura en el proceso judicial.
"La confirmación de los cargos es un mensaje claro de que la desinformación y la intimidación no van a lograr silenciar a las víctimas. Es fundamental que quienes deseen participar en el proceso puedan hacerlo de forma segura y sin miedo", afirmó la presidenta de la PAHRA, Nymia Pimentel-Simbulan.
A pesar de este paso adelante, el alcance del caso continúa circunscrito a los cargos de asesinato e intento de asesinato, y únicamente una parte de las víctimas podrá participar en el proceso y beneficiarse potencialmente de las reparaciones. Muchas de ellas han denunciado que sufrieron otros daños graves, como desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, que los cargos confirmados no contemplan.
En este contexto, la FIDH y la PAHRA subrayan la necesidad de que se continúe investigando todos los delitos presuntamente cometidos por altos cargos de la administración Duterte, entre los que se encuentran los ocho coautores que ya figuran en el documento de cargos. Además, instan a las autoridades filipinas a que exijan que otros autores rindan cuentas de forma significativa en el país, con el fin de abordar el patrón más amplio de abusos y lograr que más víctimas accedan a la justicia y a reparaciones. Esta decisión debería servir de base para lanzar un proceso de rendición de cuentas más amplio que contemple todos los delitos cometidos en la denominada "guerra contra las drogas".
La decisión reafirma la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares que confirma la competencia de la CPI sobre los crímenes cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, a pesar de que el país se retiró del Estatuto de Roma, retirada que entró en vigor el 17 de marzo de ese mismo año. Sin embargo, este hecho no exime de responsabilidad por los crímenes cometidos durante el periodo en que la Corte tenía competencia.
La FIDH y la PAHRA instan a las autoridades filipinas a velar por que se coopere plenamente con la CPI a medida que el caso avanza hacia el juicio, garantizando el acceso a las personas investigadoras, preservando y transmitiendo las pruebas y, más concretamente, facilitando una participación segura y significativa de las víctimas y reforzando la protección de las víctimas y testigos. Asimismo, instan a las autoridades a que ejecuten las órdenes de detención pendientes y garanticen la pronta entrega de futuras personas sospechosas. Por otra parte, alientan a que se adopten medidas concretas para que el país vuelva a adherirse a la CPI, como muestra de un compromiso renovado con el estado de derecho y la justicia para las víctimas.