La FIDH lleva casi un siglo comprometida con la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y con la defensa de los derechos de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de crímenes internacionales en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
El trabajo de la FIDH es no partidista, no sectario, apolítico y sin ánimo de lucro.
La labor de la FIDH está firmemente arraigada en el derecho internacional y se guía por los principios de que nadie está por encima de la ley, que el derecho a la justicia y la dignidad se aplica a todas las personas por igual y que la rendición de cuentas es un elemento fundamental para que cualquier sociedad avance hacia la paz y la reconciliación. Nuestro compromiso se fundamenta en nuestro mandato para con las víctimas, las miles de víctimas a las que representamos y defendemos a escala nacional, regional e internacional. Por ellas, nuestra organización continuará su lucha por la justicia y el estado de derecho. Los intentos de intimidación y las campañas de difamación no lograrán disuadirnos de apoyar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil para lograr estos objetivos.
Los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, la sociedad civil y los mecanismos de rendición de cuentas no son una novedad. Durante décadas, la FIDH ha sido testigo de ataques contra los miembros de la sociedad civil por parte de gobiernos opresores que tratan de obstaculizar su lucha por los derechos humanos, la verdad y la rendición de cuentas. Se ha recurrido a encarcelamientos, prohibiciones de viaje, redadas en oficinas, campañas de difamación, obstáculos a la financiación y amenazas personales contra nuestras organizaciones miembros, que siguen realizando su labor de manera independiente, con gran profesionalidad e imparcialidad. La FIDH condena cualquier ataque de este tipo, y continuará difundiendo la voz y el trabajo de sus organizaciones miembros.
La FIDH renueva su apoyo al mandato de la Corte Penal Internacional (CPI), institución que, para miles de víctimas, representa su último recurso a la justicia. El mandato de la Corte y los principios que lo sustentan, entre ellos, la independencia y la imparcialidad, han sido reconocidos por 123 países que son partes en su tratado constitutivo, el Estatuto de Roma. La FIDH insta a estos Estados a que sigan apoyando firmemente a la Corte y a que denuncien con firmeza todo ataque contra ella y contra las personas defensoras de los derechos humanos comprometidas con el cumplimiento del mandato de la Corte de rendir cuentas y hacer justicia.