6 de junio de 2025. Se está castigando a jueces/as independientes por el simple hecho de cumplir con sus deberes oficiales: autorizar investigaciones independientes y emitir órdenes de detención en las situaciones de Palestina y Afganistán. Se pronunciaron sobre asuntos relacionados con presuntos crímenes internacionales cometidos por personas de los Estados Unidos e Israel, actos que corresponden plenamente al mandato de la CPI.
Sancionar a los/as jueces/as de la CPI es dar la vuelta a la justicia internacional y enviar un terrible mensaje: quienes pretenden lograr la rendición de cuentas por atrocidades masivas corren el riesgo de sufrir castigos, mientras que los presuntos responsables de crímenes internacionales cuentan con protección. Todo ello resulta devastador no solo para el personal de la CPI y la sociedad civil que apoya a la Corte, sino especialmente para las víctimas y las comunidades afectadas en Palestina, Afganistán y otros lugares, que ven en la Corte una esperanza. Estas sanciones acaban con la esperanza.
Este tipo de sanciones, aplicadas a través del decreto ejecutivo de Trump y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, se concibieron originalmente para desarticular redes terroristas y combatir los abusos contra los derechos humanos, no para atacar a las instituciones de justicia internacional. Dirigirlas contra el personal de la CPI supone un peligroso abuso del poder ejecutivo. Las sanciones no tienen por objeto proteger la seguridad nacional, sino proteger a aliados poderosos como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y enviar una advertencia al resto: no cooperen con la Corte. Esa es precisamente la intención: las sanciones de Trump contra la CPI apoyan la impunidad, no la rendición de cuentas.
Las cuatro juezas sancionadas son Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Alapini-Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Aunque en estas sanciones se cita concretamente las situaciones de Palestina y Afganistán, sus consecuencias son mucho más amplias. Estas cuatro juezas han trabajado en procedimientos relacionados con otras situaciones de la CPI, entre ellas las de Belarús/Lituania, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia, Malí, Myanmar/Bangladesh, Filipinas, Sudán, Uganda y Venezuela.
GIAI acoge con satisfacción la firme condena de las sanciones por parte de Países Bajos, así como la rápida propuesta de Eslovenia de activar inmediatamente el Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger a la ciudadanía de la UE y a las instituciones de justicia internacional de tales medidas coercitivas.
El GIAI insta a:
– los 125 Estados Partes de la CPI a que denuncien las sanciones de forma pública e inequívoca y reafirmen su compromiso con el Estatuto de Roma;
– la Unión Europea a que respete su compromiso inequívoco de proteger la independencia de la CPI y la reciente afirmación de la Presidenta Ursula von der Leyen de que "Europa siempre defenderá la justicia y el respeto del derecho internacional", mediante una declaración pública de condena, convirtiendo esta cuestión en un tema central de las negociaciones en curso con los Estados Unidos, y activando y ampliando inmediatamente el Estatuto de Bloqueo de la UE, tal y como ha instado Eslovenia, para proteger al personal y las instituciones de la CPI de los ataques por motivos políticos;
– los gobiernos de todo el mundo deben coordinarse para dar una respuesta jurídica y diplomática firme, con medidas recíprocas y la negativa a aplicar sanciones por motivos políticos;
– la Fiscalía de la CPI debe investigar a cualquier persona por posibles "delitos contra la administración de justicia" en virtud del artículo 70, apartado 1, letra e), del Estatuto de Roma, que tipifica como delito las represalias contra el personal de la Corte por el cumplimiento de sus funciones oficiales;
– el Congreso de los Estados Unidos debe oponerse a esta peligrosa distorsión de la legislación en materia de sanciones y restablecer su apoyo a la justicia internacional;
– las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de abogacía y otras entidades deben alzar la voz urgentemente para defender la independencia judicial, rechazar el uso indebido de las sanciones para obstruir la justicia y denunciar su efecto disuasorio sobre los esfuerzos en materia de rendición de cuentas.
Cuando se castiga a los/as jueces/as por hacer su trabajo, la justicia en todo el mundo está en peligro. Cuando se ataca a los/as jueces/as y a la justicia en la CPI, el tribunal de última instancia responsable de determinar la responsabilidad por los peores crímenes del mundo, se envía un terrible mensaje a todo el planeta. Este tipo de agresiones tienen un efecto dominó, que hace que los órganos judiciales de todo el mundo se sientan vulnerables. Este momento exige la solidaridad y el valor de la comunidad internacional, que debe pronunciarse de forma inequívoca contra estos ataques al Estado de derecho. Si permitimos que se sancione a los/as jueces/as por aplicar la ley, se ponen en peligro los propios cimientos de la justicia, la rendición de cuentas y los derechos de las víctimas.
Acerca de la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI)
La Iniciativa Global contra la Impunidad por crímenes internacionales y graves violaciones de los derechos humanos: Haciendo que la Justicia Funcione (GIAI) es un Consorcio de ocho ONG internacionales y la Coaliciones por la CPI, cofundada por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la impunidad apoyando un enfoque completo, integrado e inclusivo de la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes internacionales. A partir de este compromiso, hemos lanzado recientemente la Plataforma de Gestión del Conocimiento de la GIAI, un centro de intercambio digital inclusivo y multilingüe para la colaboración, el aprendizaje y el intercambio de información.