26 de septiembre de 2025. Esta retirada no puede ser efectiva de forma inmediata.
El 22 de septiembre, los tres Estados miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES) –Burkina Faso, Malí y Níger– anunciaron su retirada de la CPI “con efecto inmediato”. Sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 127 del Estatuto de Roma, un Estado debe notificar por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas su voluntad de retirarse del Estatuto de Roma y esta retirada surte efecto únicamente un año después de dicha notificación. Hasta ese momento, los Estados del Sahel continúan estando plenamente vinculados por las obligaciones que les incumben en virtud del Estatuto de Roma, entre otras, la obligación de cooperar con la Corte. Esta retirada no afecta a los procedimientos ya iniciados en relación con los crímenes cometidos antes de que su retirada surta efecto.
Actualmente, se están tramitando ante la CPI varios asuntos relacionados con la situación en Malí, remitidas a la Corte por el Gobierno maliense en julio de 2012. El proceso de reparación en la causa Al Mahdi se encuentra en su fase final. Al Mahdi fue condenado el 27 de septiembre de 2016 por lanzar de forma intencionada ataques contra edificios religiosos e históricos en Tombuctú. Por otra parte, se espera que la Corte dicte en los próximos meses su decisión sobre las reparaciones en el caso Al Hassan, tras su condena el 26 de junio de 2024 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad también cometidos en Tombuctú. También sigue vigente una orden de detención contra Iyad Ag Ghaly, presunto líder de Ansar Dine (un movimiento yihadista activo en Malí).
Del liderazgo a la retirada: el abandono de las víctimas
Los Estados africanos desempeñaron un papel fundamental en la creación de la Corte en 1998, al ratificar masivamente el Estatuto de Roma e incluso remitir algunas situaciones nacionales a la jurisdicción de la Corte. Este compromiso proporcionó a las víctimas de los delitos más graves un aliado internacional vital cuando la justicia no era posible a nivel nacional. La retirada anunciada va en contra de este historial de liderazgo y priva a las víctimas de menos medios para obtener justicia.
Esta decisión estuvo precedida por la salida en enero de 2025 de estos tres Estados de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), otra institución que habían contribuido a configurar y que ha creado sólidos antecedentes en materia de derechos humanos a través de su Corte de Justicia. Estas retirada suponen un retroceso en la lucha contra la impunidad, deja a las víctimas sin recursos, debilita la protección de los derechos humanos y acentúa el aislamiento en un momento en que la cooperación regional e internacional resulta fundamental, especialmente en estos países que se enfrentan a atrocidades relacionadas con el terrorismo.
"La decisión de retirarse de la CPI fragiliza la situación de las víctimas, ya que a menudo la Corte representa la última esperanza de obtener justicia. Tras su retirada de la CEDEAO, la pérdida de la protección de la CPI deja a las víctimas de Burkina Faso, Malí y Níger sin recurso alguno ante las violaciones más graves de los derechos humanos que siguen sufriendo", declaró Drissa Traoré, secretario general de la FIDH. "En estos países, que están inmersos en una crisis multidimensional, los tribunales nacionales siguen sin estar en condiciones de proporcionar justicia y reparación a las víctimas, debido a la falta de voluntad política y a su incapacidad de investigar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad".
Un golpe a una justicia internacional vulnerable
La retirada anunciada de Burkina Faso, Malí y Níger se produce en un momento en que la justicia internacional está sometida a una presión cada vez mayor. A principios de este año, Hungría también anunció su intención de retirarse del Estatuto de Roma, una decisión muy criticada por socavar la lucha contra la impunidad a nivel mundial.
Aunque en el pasado se ha criticado a la CPI por la selectividad de los casos abiertos y por centrarse excesivamente en África, la Corte ha ido trabajado para reforzar la universalidad de su mandato, extendiendo su ámbito de actuación mucho más allá del continente africano, con investigaciones y casos en curso en Afganistán, Bangladesh/Myanmar, Palestina, Ucrania, Venezuela, Libia y Filipinas. Las recientes detenciones de sospechosos libios y del expresidente Rodrigo Duterte demuestran que ninguna región o alto cargo están a salvo de la justicia. Esta universalidad refuerza la legitimidad de la Corte, pero también la hace más vulnerable a los ataques políticos.
"Los Estados partes deben mostrar resiliencia y reafirmar su compromiso con la Corte, la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas en todo el mundo", subrayó Alix Vuillemain, directora ejecutiva de Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ). "En un momento en que la Corte se enfrenta cada vez a más ataques, los Estados deben avanzar hacia la universalidad, no retroceder. Darle la espalda ahora no hace sino reforzar la impunidad"
El papel de los Estados para salvar las normas internacionales
El papel de la CPI en el marco de la justicia internacional es significativo. No sustituye, sino que complementa, los mecanismos existentes, como los procesos de búsqueda de la verdad y las iniciativas de justicia transicional, esenciales para una paz duradera. El Estatuto de Roma consagra los principios fundamentales que sustentan la justicia internacional: no hay inmunidad para los/as jefes/as de Estado, complementariedad con las jurisdicciones nacionales y derecho de las víctimas a participar en los procesos judiciales y solicitar reparación. La retirada del Estatuto podría debilitar estas protecciones a nivel nacional y comprometer décadas de avances en la elaboración de normas mundiales contra la impunidad.
La GIAI insta a todos los Estados partes de la CPI a que reafirmen su compromiso con el Estatuto de Roma. En un momento en que las víctimas de África y de todo el mundo se enfrentan a una escalada de violencia, es esencial preservar la CPI como jurisdicción de último recurso.
*La Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) es un consorcio formado por ocho ONG internacionales y la Coalición por la CPI, cofinanciado por la Unión Europea. Su objetivo es contribuir a la lucha contra la impunidad fomentando un enfoque integral, integrado e inclusivo de la justicia y la rendición de cuentas de los autores de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales. Esta declaración no refleja necesariamente la posición de cada una de sus organizaciones miembros.