París/La Haya, 23 de junio de 2026. En julio, la Asamblea de los Estados Partes (ASP) de la CPI convocará una Sesión Especial sin precedentes en la que, por primera vez en la historia de la Corte, se pedirá a los Estados que decidan si destituyen de su cargo a un Fiscal de la CPI en ejercicio. Esa decisión debe basarse en una comprensión precisa del marco estatutario que rige estos procedimientos disciplinarios y de las decisiones disponibles para el órgano decisorio competente en cada etapa del proceso.
Existe un interés público legítimo en los procedimientos disciplinarios que actualmente se encuentran ante la ASP. Las acusaciones contra el Fiscal son graves, y las normas morales y éticas exigidas para su cargo son elevadas. Sin embargo, aspectos clave del proceso siguen siendo confidenciales o no se han hecho públicos, incluidos prácticamente todos los documentos procesales, las decisiones clave, las principales conclusiones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS), que llevó a cabo la investigación externa de determinación de los hechos sobre las acusaciones, y las principales conclusiones del Panel ad hoc de expertos judiciales, encargado de asesorar sobre la calificación jurídica de los hechos establecidos por la OIOS.
En particular, la falta de transparencia procesal ha hecho extremadamente difícil que el público siga los procedimientos, y ha permitido que interpretaciones erróneas, imprecisiones y narrativas políticas llenen ese vacío de información, socavando la credibilidad del proceso, dañando la percepción pública de la Oficina del Fiscal de la CPI y debilitando la confianza en el compromiso de la Corte con una justicia centrada en las víctimas. Lo que se pierde en el debate público es el daño directo que estas narrativas han causado a la denunciante/presunta víctima en el centro de las acusaciones, cuyo relato ha sido públicamente cuestionado, instrumentalizado y descartado con demasiada facilidad como parte de una agenda política, reforzando la cultura de subdenuncia que la propia Corte lleva mucho tiempo tratando de superar.
Para abordar esta situación, la FIDH y sus organizaciones asociadas han elaborado este documento de preguntas y respuestas con el fin de contrarrestar algunas de esas imprecisiones y ofrecer una explicación fáctica del proceso hasta la fecha. El documento aborda las acusaciones, las decisiones adoptadas por la Mesa de la ASP, el papel de la investigación de la OIOS y del Panel ad hoc, las suspensiones del Fiscal, y lo que la ASP debe decidir ahora. También examina en profundidad el marco jurídico aplicable, incluidas las cuestiones relativas al estándar de prueba y la cuestión no resuelta relativa a la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT).
Lea las preguntas y respuestas completas aquí.
