La sociedad civil insta a los Estados parte a armonizar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión

08/07/2025
Declaración
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Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto

 La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se une a 85 organizaciones de la sociedad civil para pedir a los Estados partes de la Corte Penal Internacional (CPI) –entre otros, Canadá, Francia, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido– que apoyen las enmiendas al Estatuto de Roma que permitirían a la Corte hacer justicia a las víctimas de la agresión, en lugar de bloquearlas.
 La reforma propuesta colmaría algunas importantes lagunas jurídicas que impiden a la Fiscalía de la CPI investigar el uso ilícito de la fuerza.
 Este es un momento crucial para poner fin a la doble moral y garantizar que todas las víctimas tengan el mismo acceso a la justicia y la rendición de cuentas.

Nueva York, 8 de julio de 2025. Mientras los Estados partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) se reúnen esta semana en Nueva York, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se une a 85 organizaciones de la sociedad civil para instar a los gobiernos a que adopten las esperadas enmiendas que permitan a la Corte ejercer su jurisdicción sobre el crimen de agresión en pie de igualdad con el resto de crímenes fundamentales: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

Mientras Francia, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Japón y otros países tratan de posponer esta armonización, a pesar de que varios de ellos apoyan el recién creado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, este proceso no debe reproducir la doble moral y los bloqueos políticos que durante tanto tiempo han caracterizado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Estados partes deben garantizar que la CPI pueda cumplir su mandato de forma independiente e imparcial.

A diferencia de los otros tres crímenes principales del Estatuto de Roma, la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión sigue estando extremadamente limitada. Los Estados partes pueden acogerse a una cláusula de exclusión voluntaria, lo que impide a la Fiscalía investigar los actos de agresión cometidos por nacionales de Estados no partes, incluso cuando esos actos se producen en el territorio de un Estado parte. Estas excepciones dan lugar a importantes lagunas en materia de rendición de cuentas, que protegen de la justicia a los Estados poderosos y socavan la integridad del sistema del Estatuto de Roma. Las víctimas de agresión, entre otras, las de Ucrania, Gaza, Armenia, la República Democrática del Congo, merecen el mismo acceso a la justicia que las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

"Estamos presenciando cómo el crimen de agresión ha abierto un camino hacia el infierno para innumerables víctimas", destaca Oleksandra Matviichuk, vicepresidenta de la FIDH y directora del Center for Civil Liberties. "El crimen de agresión que estamos viviendo hoy, a diario, no solo es una violación de la integridad territorial de Ucrania y una grave violación de la prohibición del uso de la fuerza recogida en la Carta de las Naciones Unidas, sino también un crimen generalizado y sistemático que afecta a la vida de toda la población ucraniana [...]. El crimen de agresión provoca víctimas en masa. Su gravedad no es [inferior] a la de los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, como atestigua nuestra experiencia cotidiana aquí en Ucrania."

Leer la declaración de la sociedad civil completa aquí (en inglés únicamente):

Joint Civil Society Statement: Harmonization of the ICC’s Jurisdiction over the Crime of Aggression: A Call to States Parties to Take the Opportunity for Reform
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