La Haya, París, 26 de abril de 2024. El Fiscal de la CPI Karim Khan, el Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang y la Fiscal Adjunta Nazhat Shameem Khan lanzaron ayer, respectivamente en Colombia, en la República Centroafricana y en Túnez, la primera Política de Complementariedad y Cooperación de este tipo, que refleja el renovado interés de la Fiscalía por mejorar la capacidad de las autoridades nacionales para investigar y enjuiciar los crímenes del Estatuto de Roma. Desde que tomó posesión de su cargo en 2021, el Fiscal de la CPI ha expresado su compromiso de reforzar la cooperación con los Estados para lograr una aplicación más eficaz del principio de complementariedad. Este nuevo enfoque ha llevado al cierre de exámenes preliminares y investigaciones, a la des-priorización de determinados casos y a la adopción de varios acuerdos de cooperación con las autoridades nacionales. La Política incluye la creación de foros de intercambio, el uso de la tecnología y el seguimiento de los progresos y las medidas adoptadas a nivel nacional en relación con los crímenes internacionales, sin dejar de apoyar directamente los procedimientos nacionales.
En octubre de 2023, la Fiscalía lanzó una consulta pública sobre el borrador de la Política, haciendo hincapié en la necesidad de que la CPI actúe como un "nexo en el centro" de los esfuerzos de rendición de cuentas, en lugar de posicionarse como "cúspide" del sistema del Estatuto de Roma. La FIDH presentó comentarios sobre el proyecto de Política y formuló recomendaciones. La FIDH acoge con satisfacción el proceso consultivo que tuvo lugar y le complace observar que algunas de sus recomendaciones se integraron en la Política final, incluido un mayor énfasis en los beneficios mutuos que pueden derivarse de un compromiso más profundo con la sociedad civil. Dicho esto, si bien la Fiscalía está aplicando una serie de medidas destinadas a mejorar un "diálogo estructural" con la sociedad civil, los parámetros de este compromiso más amplio siguen careciendo de claridad. Las organizaciones de la sociedad civil actúan a menudo como puente entre la CPI y las víctimas de los crímenes del Estatuto de Roma, amplificando sus voces y facilitando el acceso a la justicia. Por lo tanto, es esencial garantizar que la sociedad civil pueda desempeñar un papel valioso en el éxito de la aplicación de esta Política.
La FIDH apoya los esfuerzos de la Fiscalía por apoyar a las autoridades nacionales y ha abogado constantemente por acercar la justicia a las víctimas, pidiendo a los Estados que cumplan con sus obligaciones internacionales de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Sin embargo, a pesar de las frecuentes promesas de investigar, las autoridades nacionales suelen actuar poco. Esta tendencia a la palabrería sin seguimiento exige esfuerzos considerables para lograr una complementariedad significativa y la justicia que las víctimas realmente merecen. En ese contexto, la falta de transparencia y las incoherencias en la aplicación del principio de complementariedad, así como la falta de claridad de los criterios de selección de los países que recibirán ayuda suscita inquietud en cuanto al doble estándar y la equidad. Por ello, la FIDH pide a la Fiscalía que explique mas en detalles las futuras decisiones relativas a la aplicación de su nueva Política, y a la priorización y el apoyo a determinados países en situación y no a otros.
Es significativo que el lanzamiento de la Política se haya hecho desde Colombia, RCA y Túnez para abordar la situación en Libia; tres situaciones donde el Fiscal Khan ya ha cerrado, o anunciado el cierre pendiente, de exámenes preliminares e investigaciones, a pesar de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil. En estas situaciones, el Fiscal decidió confiar en las autoridades nacionales y promover procedimientos nacionales, siguiendo su nuevo enfoque de complementariedad y cooperación, pero quedan muchas preguntas sobre la perspectiva real de rendición de cuentas por las atrocidades cometidas.
"Los esfuerzos para mejorar la justicia a nivel nacional no deben excluir que el Fiscal de la CPI siga investigando diligentemente las presuntas atrocidades dentro de la jurisdicción de la Corte”, afirma Reinaldo Villalba Vargas, Vicepresidente de la FIDH y Presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Según él, “Una deferencia excesiva hacia los sistemas nacionales podría, de hecho, dejar a las víctimas sin vías de justicia efectivas y oportunas. La situación en Colombia es un claro ejemplo de ello, donde la limitada jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el enfoque de la Fiscalía han dejado a muchas víctimas desilusionadas, con cada vez menos esperanzas de conseguir justicia para los crímenes internacionales."
La FIDH pide a la Fiscalía que proporcione criterios claros y transparencia en las decisiones relativas a la priorización del apoyo a determinados países en situación y no a otros, para evitar la percepción de un doble rasero y mejorar la comprensión del proceso de toma de decisiones, garantizando al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estrechamente con las víctimas sigan siendo un socio clave de la Fiscalía a través de un compromiso bidireccional y un enfoque de beneficio mutuo.
Con ocasión del lanzamiento de la Política de complementariedad y cooperación, la FIDH publica también un documento de diez preguntas y respuestas sobre el nuevo enfoque de la Fiscalía en relación con los principios de complementariedad y cooperación en la CPI y lo que ha significado en la práctica en los últimos años. Las preguntas y respuestas incluyen observaciones críticas y sugerencias de la FIDH sobre el enfoque general de la Fiscalía y los cuatro pilares de la Política.
Pueden leer nuestro preguntas y repuestas aquí.