A pesar de descubrir que se cumplieron los requisitos tanto de jurisdicción como de admisibilidad, los jueces de primera instancia decidieron que autorizar una investigación no serviría "a los intereses de la justicia", debido a "cambios posteriores dentro del panorama político relevante tanto en Afganistán como en Estados clave" (tanto partes como no partes en el Estatuto de la CPI), "la complejidad y la volatilidad del clima político ..., hace que sea extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar una cooperación significativa de las autoridades relevantes", junto con la falta de posibilidad de preservar evidencia de crímenes cometidos a principios de la década de 2000. Los tres jueces agregaron que "en vista de la cantidad limitada de ... recursos, [que autoriza la investigación] irá en detrimento de otros escenarios (ya sean exámenes preliminares, investigaciones o casos) que parecen tener perspectivas más realistas para llevar a juicios ". [1]
Las declaraciones previas al juicio son referencias claras a la dura campaña llevada a cabo por el gobierno de Trump contra la Corte, así como a la falta de apoyo, incluido el financiamiento, entregado a la Corte para llevar a cabo su misión de combatir la impunidad.
"Condenamos esta chocante decisión de la CPI, que se basa en un razonamiento profundamente erróneo. La CPI fue creada precisamente para superar los mismos desafíos que hacían imposibles las investigaciones nacionales. Es inaceptable que la Corte invoque estos desafíos para denegar la justicia a las víctimas. Es un día oscuro para la justicia ”.
“Después de 11 años de examen preliminar por parte de la Oficina del Fiscal, los jueces tardaron más de un año en considerar la gravedad de los delitos y la jurisdicción de la Corte. Después de este período inusualmente largo, la CPI decidió hoy rechazar la solicitud de Fatou Bensouda. No porque los crímenes no fueron cometidos, sino por razones prácticas y políticas. Las miles de víctimas, de extremistas violentos y de fuerzas tanto nacionales como internacionales, que participaron en este proceso y que estaban en su mayoría a favor de una investigación, no han sido reconocidas. La CPI les ha dado la espalda ".
"Con la decisión de hoy, la Corte Penal Internacional envía un mensaje peligroso: que el acoso gana y que los poderosos no tendrán que rendir cuentas. Al inclinarse ante la campaña de presión de la administración de Trump, la Cámara de Cuestiones Preliminares y los Estados Partes que no han proporcionado recursos y apoyo adecuados a la Corte, aceptan la impunidad. Pero las víctimas de los poderosos no se detendrán en sus esfuerzos por hacer realidad el adagio de que nadie está por encima de la ley ".
Contexto
El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares III de la CPI para abrir una investigación sobre la situación en Afganistán por los siguientes cargos:
– (1) crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluido el asesinato, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, la persecución por motivos políticos y de género, y la dirección intencional de ataques contra civiles, personal humanitario y / o objetos protegidos, y el reclutamiento de niños menores de 15 años por los talibanes y los grupos armados afiliados;
– (2) crímenes de guerra, incluida la tortura, los tratos crueles, los atentados contra la dignidad personal y la violencia sexual por parte de las fuerzas gubernamentales afganas, a saber, los miembros del ANSF; y
– (3) crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses y miembros de la CIA no solo en el territorio de Afganistán, sino también por actores estadounidenses que operan en centros de detención secretos operados por la CIA en Polonia, Rumania y Lituania desde el 1 de julio de 2002, centrándose principalmente en el período 2003-2004.
Decenas de miles de víctimas participaron en los procedimientos para respaldar la solicitud del Fiscal de iniciar una investigación sobre la situación en Afganistán, que responde a los intereses de la justicia en ese país.
Estados Unidos no es un Estado parte del Estatuto de la CPI. El 10 de septiembre de 2018, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., amenazó a la CPI con sanciones si se abría una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses en Afganistán, declarando que “los Estados Unidos utilizarán todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de un juicio injusto por parte de este tribunal ilegítimo ”. Añadió que la administración de Trump "lucharía" e impondría sanciones si la Corte procedía formalmente a abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por el personal militar y de inteligencia de los Estados Unidos durante la guerra en Afganistán o si investigaba a Israel u otros aliados de los Estados Unidos.
Como primer paso concreto, el 15 de marzo de 2019, el Secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos revocará o negará las visas a los miembros de la Corte Penal Internacional que participan en la investigación de las acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán u otros países, y se preparó para tomar medidas adicionales, incluidas las sanciones económicas. El 4 de abril de 2019, los Estados Unidos revocaron la visa de la Fiscal de la CPI.