La Haya, Manila, París, 23 de febrero de 2026. La vista de confirmación de los cargos, que se celebra en ausencia del acusado, supone un paso decisivo en el proceso de la CPI contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, que fue detenido y trasladado por las autoridades filipinas a la Corte en marzo de 2025. En esta fase, las personas integrantes de la judicatura de la CPI determinarán si las pruebas presentadas por la Fiscalía logran establecer motivos fundados que permitan creer que Duterte es penalmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato, y si el caso debe pasar a la fase de juicio. Estos cargos se refieren a miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 durante su mandato como presidente de Filipinas, así como anteriormente, como alcalde de la ciudad de Davao, en una campaña cuyo objetivo principal eran las personas pertenecientes a comunidades pobres y marginadas.
Durante casi una década, en Filipinas se ha negado la verdad, la justicia y el reconocimiento a las víctimas y sus familias. Los mecanismos nacionales de rendición de cuentas no han logrado llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos eficaces, lo que ha dejado a las familias sin respuestas y a las personas supervivientes sin reparación. Para muchas de estas personas, la CPI es el primer órgano judicial que se muestra dispuesto a examinar sus denuncias de forma independiente e imparcial. Más de 500 víctimas pudieron participar en esta audiencia.
"La histórica audiencia de esta semana de un antiguo jefe de Estado ofrece a las víctimas y a las personas supervivientes algo que se les ha negado durante años: la oportunidad de que un tribunal internacional independiente examine sus demandas. Para las familias que han perdido a sus seres queridos y han sufrido un terrible trauma a causa de la llamada ’guerra contra las drogas’, estar representadas y que se las escuche es un paso fundamental hacia la justicia", afirmó el presidente de la FIDH, Alexis Deswaef.
Este proceso se desarrolla en un contexto marcado por la campaña de desinformación que se está llevando a cabo en Filipinas con el objetivo de desacreditar a la CPI y evitar que la opinión pública comprenda lo que está ocurriendo en esta causa. Las víctimas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil han sufrido acoso e intimidación, lo que dificulta aún más la capacidad de las víctimas para participar de forma segura en el proceso judicial.
"La desinformación sobre la CPI causa un daño real. La gente tiene miedo, las personas que apoyan este proceso son tildadas de ’enemigas del Estado’ e incluso hay algunas que son víctimas de desapariciones forzadas. Todo ello es consecuencia de una poderosa campaña de falsedades contra las víctimas, la sociedad civil y la CPI. Por ello es tan importante sacar a la luz los hechos y permitir que se conozca la verdad judicial. Esto únicamente es posible si las víctimas y las personas testigos pueden declarar con seguridad ante la CPI", afirmó la presidenta de PAHRA, Nymia Pimentel-Simbulan.
La FIDH y PAHRA reiteran la necesidad de continuar realizando una investigación exhaustiva y un examen atento de los diferentes crímenes presuntamente cometidos en el contexto de la llamada guerra contra las drogas. Muchas de las víctimas han hablado de daños que van más allá de las ejecuciones extrajudiciales.
Sus relatos revelan patrones de abuso, con desapariciones forzadas, tortura, así como violaciones y otras formas de violencia sexual, que pueden cumplir los requisitos legales para constituir otros crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma.
Además, la vista de confirmación de los cargos reafirma la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, a pesar de la retirada del país del Estatuto de Roma en marzo de 2019. La retirada del país del Estatuto no elimina su responsabilidad por los crímenes cometidos en el pasado, ni protege a las personas responsables frente al escrutinio judicial.
La FIDH y la PAHRA instan a las autoridades filipinas a cooperar plenamente con la CPI, a proteger a las víctimas y las personas testigos, y a velar por que otras personas responsables de crímenes cometidos en el marco de la guerra contra las drogas rindan cuentas ante la justicia nacional de manera creíble. Reiteran que un paso concreto para restablecer la confianza en el Estado de derecho y demostrar un compromiso renovado con la justicia para las víctimas de los crímenes internacionales más graves sería volver a adherirse a la CPI.