La FIDH, junto con otras ONGs, le entregó dos comunicaciones a la Fiscalía, en 2009 y 2012, bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma, alegando la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Honduras desde 2009, incluyendo la persecución política, homicidios, desapariciones forzadas, crímenes sexuales y basados en el género, y el desplazamiento forzado.
El examen preliminar sobre la situación en Honduras se enfocó principalmente en los acontecimientos producidos durante y posterior al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y en la región del Bajo Aguán.
El 28 de octubre de 2015, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que concluiría con el examen preliminar, considerando que los delitos perpetrados en Honduras no han acreditado los criterios legales necesarios para clasificarlos como crímenes de lesa humanidad.
Estas Preguntas & Respuestas van dirigidas al posible significado que esta decisión pueda tener para las víctimas de la violencia ocurrida en el marco del golpe de 2009, y el estado de empeoramiento de la situación en sus secuelas.
La FIDH insiste en que, aunque la Fiscal de la CPI ha decidido que una investigación exhausta en Honduras no está dentro de su jurisdicción en este momento, esto de ninguna manera indica que no se han cometido delitos graves y no exonera a los autores de los mismos.
Por el contrario, agentes del estado y de las fuerzas de seguridad de Honduras han, sin lugar a duda, cometido graves violaciones contra los derechos humanos, y la existencia de una desenfrenada impunidad sigue siendo uno de los mayores factores en la crisis de violencia y corrupción actual que se vive en la sociedad hondureña.
1. ¿Qué es un examen preliminar?
Un examen preliminar es el primer paso que toma la Fiscalía de la CPI para considerar si una situación se adecua a su jurisdicción o no y si una investigación debe abrirse. La CPI sólo puede investigar y procesar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La CPI no puede investigar delitos o violaciones a los derechos humanos que no llegan a ser calificados como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, por graves y/o serios que lleguen a ser estas violaciones. Esto no disminuye la necesidad de que los autores de estos crímenes deban rendir cuentas; simplemente significa que la CPI no es la corte competente.
Durante el examen preliminar, la Fiscalía recibe informaciones de los estados, de organizaciones intergubernamentales como la ONU, de ONGs, de organizaciones de defensores de derechos humanos y otros actores fiables sobre los delitos que habrán sido perpetrados en una situación particular. El equipo de la Fiscalía analiza la información que recibe para determinar si los presuntos delitos probables alcanzan el umbral de la competencia de la Corte. Sin embargo, la Fiscalía no puede llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre los hechos durante un examen preliminar.
El 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía de la CPI decidió abrir un examen preliminar sobre la situación en Honduras con el fin de evaluar "si los presuntos crímenes cometidos en Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 podrían constituir crímenes de lesa humanidad." Se han recibido 31 comunicados y llevado a cabo tres visitas a Honduras en 2009, 2011 y 2014.
La FIDH, junto con otras ONG, presentó dos comunicaciones para apoyar la apertura de una investigación por la CPI. [1]
2. ¿Cuál fue el enfoque del examen preliminar en Honduras?
El examen preliminar en Honduras se centró en tres situaciones principales: el golpe de Estado de 2009, la violencia y represión post-electoral desde 2010 y la violencia en la región del Bajo Aguán.
El Golpe de Estado en 2009
La Fiscalía confirmó que se llevó a cabo un golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009. También afirmó claramente que numerosas manifestaciones de oposición al golpe de Estado "encontraron resistencia por medios violentos por parte de las fuerzas de seguridad estatales." [2] Además, "el golpe de junio de 2009 en Honduras estuvo acompañado de serias violaciones de los derechos humanos atribuibles en forma directa a las autoridades del régimen de facto.” [3]
Varios informes de investigación realizados tras el golpe concluyen que se cometieron graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad durante la toma del poder por el el gobierno de facto. [4] Particularmente, los informes documentan numerosos asesinatos extrajudiciales, persecución política, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, violaciones y otros delitos sexuales y basados en el género. Estos delitos se dirigieron a los oponentes políticos (particularmente a los miembros del FNRG), abogados y periodistas así como a otros grupos vulnerables como los campesinos, poblaciones indígenas, minorías raciales y a miembros de la comunidad LGBTI.
La represión y violencia post-electoral
Los abusos contra los derechos humanos no se detuvieron una vez que el nuevo presidente, Porfirio Lobo, asumió el poder en 2010. En palabras de la Fiscalía, hay informes que sugieren que después del golpe de Estado, "la violencia en Honduras ha seguido aumentando de manera significativa debido en parte a la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad ciudadana, la expansión de los grupos narcotraficantes y las organizaciones criminales."
Además, determinadas categorías de personas civiles han sido víctimas de un propósito específico de persecución, entre ellos los disidentes políticos, defensores de derechos humanos, juristas, periodistas, docentes, sindicalistas, personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), grupos indígenas y defensores por los derechos sobre la tierra. [5]
Bajo Aguán
Otra área de atención se ha centrado en la violencia en la región del Bajo Aguán, donde las luchas por la tierra continúan entre campesinos y grandes terratenientes (entre ellos el recientemente fallecido magnate de “comida preparada”, Miguel Facussé) y sus fuerzas de seguridad privadas. En 2014, la Fiscalía reconoció las acusaciones de asesinato de hasta 100 miembros de movimientos campesinos, miembros de sus familias y otras personas relacionadas con su movimiento desde el golpe de Estado en 2009 [6] Se han cometido otros presuntos actos de violencia contra las comunidades como palizas, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzosos.
3. ¿Por qué decidió la Fiscalía concluir el examen preliminar en Honduras?
La Fiscalía ha declarado que una serie de actos que podrían potencialmente constituir crímenes de lesa humanidad en Honduras fueron perpetrados durante el golpe militar de 2009. Sin embargo, la Fiscalía no recibió suficientes informaciones que justificasen la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que es uno de los criterios claves para clasificar delitos individuales como crímenes contra la humanidad, y, por lo tanto, crímenes dentro de la competencia de la Corte.
Según la Fiscalía, después del golpe, no habían suficientes pruebas indicando que los incidentes de asesinato, violación, tortura, detención ilegal y otros delitos fueron cometidos “ de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o de promover esa política.” [7]
En palabras de la Fiscalía, “ Aunque parece que el régimen de facto elaboró un plan para tomar el poder y ejercer control sobre el país, la Fiscalía concluyó que el diseño de ese plan y la implementación de las medidas adoptadas conforme a éste no conllevó o constituyó una política para cometer un “ataque contra la población civil” . [8]
En el Bajo Aguán, la Fiscalía tampoco recibió suficiente información para vincular los ataques individuales a un "ataque generalizado o sistemático." No lograron atribuir los presuntos delitos a actores identificables, ni a un determinado patrón de comportamiento. Debe reiterarse que esta falta de información no significa que los delitos no se cometieron, sino, solo que no hay manera para que la Fiscalía proceda bajo su competencia. [9]
4. ¿Esto significa que los crímenes no fueron cometidos tras el golpe de Estado en Honduras?
No. Concluir un examen preliminar, de ninguna manera significa que los crímenes no se cometieron. Por el contrario, la Fiscal declaró específicamente que, “Parece haber pocas dudas de que el 28 de junio de 2009 y con posterioridad a esta fecha, se cometieron abusos directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder luego del golpe.” [10]
Además, la Fiscal indicó que “De ninguna manera esta decisión minimiza los crímenes cometidos en Honduras o el impacto que tuvieron para las víctimas.” . [11]
Pocas quejas presentadas a la CPI llegan a la fase de un examen preliminar, y el hecho de que la Corte Penal Internacional haya reconocido públicamente la situación de seria impunidad en Honduras ilustra la gravedad de la situación.
5. ¿Significa esto que los sospechosos de haber cometido delitos son inocentes?
Los sospechosos de haber cometido crímenes no han sido declarados inocentes. Hasta que no se lleve a cabo un juicio veraz, ninguna persona puede ser juzgado culpable o no culpable. Las personas acusadas de crímenes no son “limpias” o absueltas por la decisión de la CPI de no abrir una investigación. Esto no quiere decir que los autores de estos crímenes no deben rendir cuentas, simplemente significa que la CPI no tiene jurisdicción.
De hecho, en su informe de 2014, la Fiscalía afirma claramente: "“El golpe de junio de 2009 en Honduras estuvo acompañado de serias violaciones a los derechos humanos atribuibles en forma directa a las autoridades del régimen de facto”. [12]
6. ¿Es todavía posible que los presuntos autores sean juzgados?
El derecho internacional de derechos humanos requiere que estas violaciones sean investigadas y juzgadas. Esta es la responsabilidad fundamental del sistema de justicia hondureño.
Además, algunos delitos, como la tortura y las desapariciones forzadas, también pueden ser juzgados por otros países a través del principio de la jurisdicción universal.
Como signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Honduras tiene la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Si el gobierno no toma las medidas necesarias para prevenir y castigar estos delitos, el propio Estado puede ser acusado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha escuchado o hecho declaraciones en varios casos de abusos cometidos durante o después del golpe de Estado de 2009, entre ellos el caso del ex- presidente Manuel Zelaya y el caso de los jueces destituidos injustamente de sus cargos durante el golpe de Estado. Además, la Comisión ha publicado varios informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado. [13]
7. ¿Puede la Fiscalía reabrir un examen preliminar?
Sí. La Fiscal ha sido muy clara en insistir que no dudará en volver a abrir un examen preliminar si su oficina recibe información complementaria contundente o sobre nuevos hechos que podrían cambiar su análisis previo. Esto ha sucedido anteriormente en Irak, sobre el caso de posibles delitos cometidos por las fuerzas armadas británicas. El examen preliminar sobre Irak inicialmente finalizó en 2006, pero volvió a abrirse en 2014, tras la presentación de nueva información por una ONG sobre el carácter generalizado y sistemático de los abusos cometidos contra detenidos. [14]