Gracias a este hecho, será posible celebrar el primer juicio por casos relativos a Darfur. La investigación de la Corte Penal Internacional en Darfur, iniciada en 2005 a raíz de que la situación le fuera remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dado lugar a seis órdenes de detención contra cinco sospechosos del Gobierno de Sudán, entre ellas el ex presidente Omar Al Bashir, y Ali Kushayb de los Janjaweed, aunque han permanecido sin ejecutar durante más de diez años. El traslado de Ali Kushayb, también conocido como Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, es la primera y única ejecución de una orden de arresto en la investigación de Darfur hasta la fecha*.
"Hace mucho tiempo que esperamos el momento de exigir responsabilidades a los líderes de la milicia y al aparato político que está detrás de la campaña genocida de Darfur. El traslado de Ali Kushayb es un firme recordatorio de que, aunque se huya de la justicia durante años, las cosas pueden cambiar en cualquier momento y la justicia acaba por alcanzarnos"
Durante años, la falta de avance en la investigación de Darfur y el incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de apoyar a la Corte, incluso en lo que respecta al cumplimiento de las órdenes de detención, hicieron que aumentaran las dudas sobre si esta investigación daría frutos algún día. Muchas víctimas y comunidades afectadas, entre otras, las personas desplazadas internamente y exiliadas, se han sentido olvidadas por la comunidad internacional. Las manifestaciones del año pasado en Sudán y el derrocamiento del Gobierno de Bashir dieron un nuevo impulso a la investigación, y varios sospechosos de la CPI, a saber, Omar Al Bashir, Ahmad Harun y Abdel Raheem Hussein, fueron arrestados y detenidos en Sudán. Los anuncios sobre la transición realizados por el Gobierno sudanés indican que la voluntad de cooperar con la CPI ha cobrado un nuevo aliento, aunque todavía no se haya plasmado en medidas concretas.
"Más allá del caso de Ali Kushayb, queda mucho trabajo por hacer para lograr que se rindan cuentas por los crímenes cometidos en Darfur. Ya sea ante tribunales nacionales o ante la CPI, el Gobierno de transición sudanés debe comprometerse a juzgar al resto de sospechosos de haber cometido presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur, no solo acusándolos de corrupción"
Los miembros del tribunal procederán ahora a establecer una fecha para la audiencia en la que la Fiscalía presentará los cargos contra Ali Kushayb, que tendrá pleno derecho a defenderse. Los jueces decidirán entonces si presentan estos cargos para proceder a juicio, en su totalidad o en parte. Las víctimas de los crímenes también pueden participar en estos procedimientos y presentar sus puntos de vista y preocupaciones cuando afecte a sus intereses. Hasta ahora, únicamente se han registrado seis víctimas como participantes en el caso contra Ali Kushayb.
"Pedimos a la CPI que garantice la aplicación de una justicia visible a través de una divulgación eficaz y de la transmisión de información pública sobre el caso y la investigación en su conjunto. Pedimos asimismo a la Corte que facilite la participación significativa de un mayor número de víctimas, difundiendo para ello información específica a las comunidades afectadas y a las personas profesionales del derecho en el Sudán, sobre los derechos de las víctimas en la Corte Penal Internacional y la forma de participar en el proceso de justicia penal."
En el futuro, la Corte seguirá dependiendo del apoyo y la cooperación de los Estados Partes para llevar a cabo su mandato. Ahora se debe dar continuidad a los esfuerzos concertados que llevaron al traslado de Ali Kushayb a la sede de la Corte, garantizando a esta institución el nivel de recursos y cooperación necesarios para lograr, por fin, impartir un mínimo de justicia para las víctimas de Darfur.
Antecedentes
El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió la situación en Darfur (Sudán) desde el 1 de julio de 2002 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su resolución 1593 (2005). Posteriormente, en junio de 2005, la Fiscalía abrió una investigación sobre la situación en Darfur. El 27 de abril de 2007, los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional dictaron una orden de detención contra el sospechoso, el Sr. Ali Kushayb.
El conflicto de Darfur trajo consigo crímenes devastadores para la población de la región, y las Naciones Unidas estiman que fueron asesinadas 300 000 personas y casi tres millones se vieron obligadas a desplazarse para escapar de los crímenes cometidos principalmente por las fuerzas de seguridad sudanesas y sus aliados de los Janjaweed, una milicia amparada por el antiguo gobierno sudanés que aterrorizó y cometió múltiples crímenes, incluida violencia sexual, contra miles de civiles en la región de Darfur. La prolongada impunidad de esos crímenes alentó la comisión de nuevos crímenes internacionales en la zona hasta el día de hoy, como se documenta en un informe conjunto de la FIDH y ACJPS publicado en diciembre de 2019.
Para obtener más información, consulte la página web especial "¿Habrá justicia para Darfur? La persistencia de la impunidad ante el cambio político", el más reciente informe conjunto de la FIDH y el ACJPS: https://justicefordarfur.fidh.org
* Tras la comparecencia inicial del acusado ante la Corte Penal Internacional, este solicitó que se utilizara su nombre oficial de Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman en el caso y no el de Ali Kushayb. Por lo tanto, en las comunicaciones posteriores de la FIDH se utilizará el nombre oficial.