28 de julio de 2026. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) celebra que las denuncias contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, finalmente hayan dado lugar a una investigación externa independiente, lo que ha obligado a los Estados Partes a abordar no solo cuestiones de responsabilidad individual, sino también otras más amplias sobre la cultura organizativa, la protección del personal y la confianza en los mecanismos de rendición de cuentas internos de la Corte. El decisivo resultado de la votación secreta demuestra asimismo que el concepto de rendición de cuentas interna se aplica mucho más allá de cualquier agrupación regional o política concreta.
La FIDH reconoce la valentía de la denunciante al dar un paso al frente, así como la de los miembros del personal de la CPI que la apoyaron y plantearon sus inquietudes a pesar de los riesgos profesionales y personales que suponía. Sus acciones fueron fundamentales para lograr que estas cuestiones se examinaran de forma independiente y deberían animar a la Corte a fomentar un entorno en el que el personal pueda denunciar conductas indebidas sin temor a represalias.
No obstante, el proceso a través del cual se alcanzó este resultado puso de manifiesto graves deficiencias que deben servir para que la Asamblea de los Estados Partes aprenda. Los futuros procesos de rendición de cuentas para los miembros electros de la CPI deben ser independientes, oportunos, transparentes cuando proceda y centrados en las víctimas. Deben proteger mejor contra toda represalia a quienes denuncian conductas indebidas, aportar mayor claridad sobre las responsabilidades institucionales y contribuir a fomentar una cultura laboral en la que el personal pueda hablar con seguridad. La credibilidad de la justicia internacional no solo depende de que los autores de crímenes internacionales rindan cuentas, sino también de que el personal, cuya labor es fundamental para la justicia, pueda denunciar las conductas indebidas que se producen en la CPI de forma segura, con dignidad y sin temor a represalias.
"Quienes pretenden desmantelar la Corte debido a su labor independiente, como su trabajo en torno a la situación de Palestina, intentarán sin duda aprovechar este momento, pero no deben lograrlo. No se debe utilizar ningún proceso interno de rendición de cuentas para socavar las investigaciones independientes o los derechos de las víctimas que esperan justicia. Los Estados Partes han demostrado que están dispuestos a exigir responsabilidades a quienes dirigen la Corte y ahora deben demostrar la misma determinación en la defensa de la independencia de la institución", declaró Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
Los ataques geopolíticos contra la Corte tampoco deben eclipsar la experiencia de quienes denuncian que se han producido conductas indebidas en su lugar de trabajo. Este proceso ha puesto de manifiesto la rapidez con la que quienes denuncian conductas sexuales indebidas pueden convertirse en blanco de ataques misóginos, intimidación e intentos de socavar su credibilidad y cuestionar sus motivos. Es necesario que cualquier futuro marco de rendición de cuentas anticipe y proteja contra tales represalias.
La labor de la CPI va mucho más allá de cualquier persona concreta que ocupe la Fiscalía. La situación de Palestina se inició con la fiscal Fatou Bensouda, prosiguió con el fiscal Karim Khan y ha continuado bajo la dirección de las personas titulares adjuntas de la Fiscalía y el resto del esforzado personal de la oficina. Las órdenes de detención fueron dictadas por la magistratura independiente de la CPI a partir de las pruebas presentadas y con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Roma. La Fiscalía es un órgano permanente de la CPI cuyo mandato continúa con total independencia de los cambios que se puedan producir en su dirección. La próxima persona que asuma la Fiscalía debe tener libertad para llevar adelante esta labor de forma independiente e imparcial, guiándose únicamente por la ley y las pruebas.
El próximo proceso de selección de la persona que ocupará la Fiscalía ofrece a los Estados Partes la oportunidad de reforzar la confianza en la Corte garantizando un proceso transparente, basado en los méritos e independiente que sitúe en el centro la integridad, la competencia y la rendición de cuentas. Para ello se debe contar con una diligencia debida rigurosa y verdaderamente independiente, oportunidades significativas para que el personal y la sociedad civil aporten información relevante de forma segura, y un examen minucioso del historial de liderazgo y la conducta profesional de las candidaturas.
Para restablecer la confianza en la Corte los Estados Partes deberán aunar su compromiso con la rendición de cuentas interna con una defensa igualmente firme de la independencia de la institución. Dado que la CPI continúa siendo objeto de ataques políticos, sanciones y otras medidas coercitivas sin precedentes, los Estados deben oponerse activamente a todo intento de intimidar o socavar a la Corte, proteger a su personal y a quienes cooperan con ella, así como velar por que la CPI pueda seguir impartiendo justicia de forma independiente y sin temor ni favoritismos para las víctimas de los crímenes más graves del mundo.