Excelencias,
Es para mí un gran placer dirigirme a la vigésimo primera sesión de la Asamblea de Estados Partes en nombre de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Somos una organización que agrupa a 188 ONG de más de 110 países, entre ellas La Ligue des Électeurs, que presido, y que trabaja en la República Democrática del Congo.
Tras haber llevado a cabo actividades clandestinas bajo el régimen del General Mobutu, pude co-fundar la Ligue des Électeurs en 1990, y desde entonces nos hemos dedicado a promover los derechos humanos y a defender a las víctimas de la injusticia. La investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en el este de la RDC, la cual fue abierta en 2004, fue la primera realizada por la Oficina de la Fiscalía. La Corte ha desempeñado un papel clave en la lucha contra la impunidad en la RDC, con tres condenas en los casos contra Thomas Lubanga, Germain Katanga y Bosco Ntaganda, y seguimos observando la evolución de la situación desde entonces.
El año 2022, que marca el vigésimo aniversario de la Corte, ha traído avances prometedores, no sólo a nivel judicial con la apertura de nuevas investigaciones y casos, sino también a nivel de reformas estructurales y de estrategias y políticas, en particular en la aplicación de las primeras recomendaciones emitidas por el examen de expertos independientes.
Pero la Corte se enfrenta a retos cada vez mayores desde todos los frentes. La capacidad de la CPI para cumplir su mandato depende en gran medida de la cooperación de los Estados Partes, pero ésta sigue siendo un reto constante, especialmente en lo que respecta a la no ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes. Por ello, la FIDH recuerda a esta AEP la importancia de cooperar activamente con la Corte, pero también de apoyarla con recursos adecuados en función de sus necesidades. Pedimos a los Estados Partes que aprueben un presupuesto sustancial para 2023, que permita en particular a los órganos encargados de la aplicación significativa de los derechos de las víctimas llevar a cabo las actividades necesarias.
La FIDH y sus organizaciones miembros están realmente preocupadas por el estado actual de la participación de las víctimas en los procedimientos ante la Corte. Observamos con pesar que varias de las recomendaciones de los Expertos Independientes relativas a los derechos de las víctimas siguen siendo evaluadas negativamente, y que muchas han sido reasignadas a la Secretaría. Es especialmente preocupante que las víctimas no puedan participar sistemáticamente y estar representadas de manera significativa cuando sus intereses están en juego, incluso en las fases preliminares de los procedimientos, pero también en la fase de reparaciones. Deben asignarse a la CPI los recursos necesarios para ofrecer reparaciones rápidas y efectivas a todas las víctimas que cumplan con los requisitos y para mejorar los retrasos e incoherencias procesales del pasado, como en el caso de la RDC, donde las víctimas siguen esperando.
Desgraciadamente, la FIDH constata una pérdida sucesiva de oportunidades de lograr un intercambio significativo con la sociedad civil, que a menudo sigue siendo limitado o selectivo. El trabajo de la Corte se vería reforzado si se dedicaran más tiempo y recursos a colaborar con los supervivientes y la sociedad civil, tanto en la realización de investigaciones y enjuiciamientos eficaces como en la labor de divulgación y comunicación, y en el desarrollo de políticas más amplias en el seno de la CPI. Es esencial que esta Asamblea reconozca los esfuerzos y el trabajo vital de la sociedad civil para documentar graves violaciones, a menudo en difíciles condiciones de seguridad, para trabajar en apoyo de las víctimas y para luchar contra la impunidad de los crímenes más graves. Los Estados Partes deben comprometerse a garantizar condiciones adecuadas para que la sociedad civil pueda trabajar de forma independiente y colaborar sin obstáculos con la Corte.
Instamos a la AEP a que trabaje para garantizar la posición central las víctimas en los procedimientos ante la CPI. Reiteramos la necesidad imperiosa de permanecer unidos para impartir la justicia que merecen las víctimas. Si seguimos trabajando por la justicia para las víctimas, pero sin las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan, el riesgo de que la Corte pierda su legitimidad y credibilidad se habrá hecho realidad.
Gracias.