2 de julio de 2025. El Victims Rights Working Group (VRWG) es una red de 179 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover los derechos e intereses de las víctimas en el marco de los procedimientos de la Corte Penal Internacional (CPI). Codirigido por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y REDRESS, y auspiciado por la Coalición para la CPI, el VRWG se volvió a reunir en 2024 para renovar su compromiso con los derechos de las víctimas en la CPI, incluso a través de su contribución a la revisión de la Estrategia para las Víctimas de 2012 de la Corte. Aunque la revisión actual de la Estrategia supone una importante oportunidad, en las consultas con el personal de la Corte y los miembros del VRWG se ha mostrado preocupación por la falta de claridad, coherencia e inclusión significativa de las víctimas en el proceso de revisión.
Garantizar una difusión temprana, inclusiva y sostenida desde la fase de situación
La difusión es fundamental para la participación significativa de las víctimas y la rendición de cuentas. Sin embargo, la CPI continúa considerándola una actividad secundaria, lo que da lugar a una financiación insuficiente y a una aplicación incoherente. Las incoherencias existentes en la definición de "situación" y "difusión" en las distintas secciones de la Corte retrasan la interacción con las comunidades afectadas, especialmente durante la fase de examen preliminar. Cuando las víctimas no están informadas o se las excluye de las primeras fases del procedimiento, resulta difícil generar confianza y garantizar una participación informada en etapas posteriores.
El VRWG insta a la Corte a adoptar una definición coherente y centrada en las víctimas del concepto de difusión, que permita la interacción recíproca con las comunidades, integre los comentarios y cuente con recursos desde el principio. Las estrategias de difusión deben estar arraigadas en el ámbito local, ser multilingües y adaptarse a las necesidades específicas del contexto, lo que incluye las relacionadas con el género, el trauma y el acceso digital.
La participación debe ser coherente, accesible y contar con recursos adecuados
La participación de las víctimas es un elemento distintivo del Estatuto de Roma y resulta fundamental para la legitimidad de la CPI. Sin embargo, existen decisiones judiciales restrictivas e incoherentes que han reducido el alcance de la participación y socavado la posición de las víctimas en todas las etapas del procedimiento. El derecho de las víctimas a elegir a sus representantes legales también se ha aplicado de manera incoherente.
Paralelamente, la demora en la aplicación de la Política de Asistencia Letrada de 2024 y unos límites presupuestarios arbitrarios continúan impidiendo que los equipos jurídicos de las víctimas realicen su trabajo. A estas dificultades se suman los obstáculos administrativos, el acceso limitado a los documentos judiciales, unos plazos de presentación poco realistas y la falta de claridad procesal. Si estas cuestiones no se abordan, excluirán de manera desproporcionada a grupos ya marginados y erosionarán la confianza en la capacidad de la Corte para impartir justicia.
Convertir los compromisos en cambios concretos
En este documento se establecen seis recomendaciones claves dirigidas a la Corte y a los Estados Partes para la adopción de medidas urgentes.
1) Institucionalizar la difusión temprana y centrada en las víctimas.
2) Garantizar la coherencia y la consistencia en la participación de las víctimas.
3) Aplicar y poner en práctica plenamente la política de asistencia letrada de 2024 y eliminar los límites arbitrarios a la asistencia letrada en el marco de un sistema de financiación justo y equitativo.
4) Reducir las barreras procesales y logísticas a la participación.
5) Incorporar la rendición de cuentas y la evaluación en la aplicación de la estrategia.
6) Garantizar una financiación suficiente y la inclusión de los derechos de las víctimas en los principales indicadores de rendimiento.
Los Estados Partes de la CPI también tienen un importante papel: deben garantizar que la Estrategia para las víctimas revisada cuente con la financiación adecuada, que se aplique plenamente la asistencia letrada y que los indicadores de rendimiento correspondan a un modelo de justicia basado en los derechos y centrado en las víctimas.
El compromiso de la CPI con las víctimas es su elemento distintivo en el sistema de justicia internacional. Ante las crecientes amenazas externas, desde la reacción política hasta la reducción del espacio multilateral, cumplir este compromiso no es una opción, sino que es fundamental para la credibilidad, la repercusión o y la supervivencia a largo plazo de la Corte.
Leer el documento informativo completo del VRWG aquí.
La nota del VRWG también está disponible en inglés, francés y árabe.