11 de mayo de 2026. El Hishri, una destacada figura perteneciente a una poderosa milicia libia anteriormente denominada Fuerzas Especiales de Disuasión/RADA, con sede en Trípoli y vinculada al Consejo Presidencial de Libia, está acusado de cometer, ordenar y supervisar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra nacionales de Libia, así como contra personas migrantes y refugiadas que se encontraban encarceladas en la prisión de Mitiga.
Está previsto que la vista se celebre entre el 19 y el 21 de mayo de 2026 en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. A continuación, la judicatura de la CPI determinará si las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten determinar que existen motivos fundados para creer que El Hishri es penalmente responsable de la totalidad o parte de los presuntos crímenes y si el caso pasará a juicio.
Se trata del primer caso que surge de la investigación de 15 años de la CPI sobre Libia que llega a esta fase y supone un avance largamente esperado hacia la justicia, la verdad, la reparación y la disuasión de cometer futuros crímenes.
"La detención de El Hishri salda una deuda que muchas personas supervivientes de los crímenes de Mitiga, pensábamos que nunca se haría. Ahora no solo se ha renovado nuestra confianza en la posibilidad de que se haga justicia, algo que debemos a quienes murieron, a quienes siguen viviendo pero han sufrido una muerte social a causa de la tortura y la violencia, además de a quienes todavía no pueden hablar por miedo a represalias. ¿Qué le decimos a una persona a quien la llamada Guarda Costera Libia ha interceptado violentamente en el mar, ha sido devuelta a Libia a través de un sistema financiado y coordinado con apoyo europeo, y que posteriormente ha sido esclavizada, torturada o reclutada a la fuerza por milicias como Rada bajo el mando de El Hishri? Esperamos que este proceso no solo sirva para que los autores individuales rindan cuentas, sino que para luchar contra el sistema que, en un marco más amplio, hizo posibles tales crímenes", declaró una persona sudsudanesa superviviente de la prisión de Mitiga.
"No sé si debería sentir alivio por el hecho de que lo vayan a someter a juicio o si debería esperar hasta que se emita la confirmación de los cargos. He presenciado cómo algunas personas han sufrido discapacidad permanente a causa de este individuo y cómo otras perdieron la vida debido a sus actos. Sin embargo, es necesario llevar ante la Corte a otros miembros del personal de la prisión de Mitiga, ya que fueron sus cómplices en estos crímenes y no se debe permitir que eludan su responsabilidad. El anuncio de la detención de El-Hishri ha reavivado nuestras esperanzas de obtener justicia y reparación por el daño que sufrimos durante años de injusticia, encarcelamiento, humillación y malos tratos en la prisión de Mitiga", declaró F.A., una persona libia superviviente de la prisión de Mitiga.
Según la Fiscalía, los y las dirigentes de Mitiga, entre los/las que se encontraba El Hishri, también conocido como Al Booti o Sheikh Khaled, sometieron presuntamente a las personas detenidas a múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad entre, al menos, el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2020, entre otros, tortura y tratos crueles, encarcelamiento, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual, asesinato e intento de asesinato, persecución y esclavitud, tal y como se menciona en el documento de la Fiscalía con los cargos.
Resulta significativo que la Fiscalía reconozca la naturaleza interseccional de los presuntos crímenes, incluso teniendo en cuenta el modo en que se seleccionó y maltrató a algunas víctimas en función de factores superpuestos como la nacionalidad, la raza, la etnia, el género, la edad, la situación migratoria, la orientación sexual real o percibida, la identidad o expresión de género, así como la oposición percibida o la no conformidad con las opiniones políticas, religiosas e ideológicas de los y las autores.
Para muchas personas supervivientes, esta vista es la primera oportunidad de que se escuche formalmente su experiencia ante un tribunal. Admiramos la valentía de las personas supervivientes que han dado un paso al frente, con frecuencia corriendo un elevado riesgo, y que han revivido el horror de su detención para presentar testimonios y pruebas. Estas aportaciones han sido fundamentales y son merecedoras de reconocimiento, dignidad y reparaciones. La Corte debe garantizar que las víctimas estén debidamente informadas, protegidas frente a cualquier nuevo daño y que puedan participar de manera significativa en todas las fases del procedimiento.
Mientras tanto, los graves crímenes de los que se acusa a El Hishri siguen cometiéndose en Mitiga y en toda Libia. Con este importante paso hacia el juicio, instamos a las autoridades libias, así como a todos los Estados partes de la CPI, a que cumplan con su obligación de cooperar con la Corte, garanticen el acceso a las pruebas y la protección de las víctimas, y detengan y entreguen sin demora a todas las personas, como Osama Elmasry Njeem, que se encuentran en su territorio y sobre las que la CPI también ha dictado una orden de detención.
Instamos además al fiscal de la CPI a que no detenga aquí sus investigaciones. La prisión de Mitiga forma parte de un sistema de detención abusivo más amplio en Libia en el que civiles, miembros de la oposición política, personas migrantes, refugiadas, defensoras de los derechos humanos y otras han sufrido detención arbitraria, tortura, desaparición, violencia sexual y de género, esclavitud, trabajo forzoso, extorsión y asesinato.
Este caso debería ser tan solo el comienzo. Pedimos asimismo a la Fiscalía (OTP) que continúe y amplíe sus investigaciones sobre todos los crímenes cometidos en Libia y el Mediterráneo que son de su competencia y que persiga a los principales responsables, tanto libios como europeos, que perpetran y facilitan estos crímenes sistemáticos.