La Haya, 9 de diciembre de 2025. La FIDH y sus organizaciones miembros desempeñaron un papel activo en la ASP24, que se celebró en La Haya del 1 al 6 de diciembre de 2025. En un momento en que la CPI y las personas defensoras de los derechos humanos continúan sufriendo presiones políticas, sanciones e intimidación, la FIDH centró su intervención en proteger la independencia de la CPI, reforzar la justicia centrada en las víctimas, promover una cooperación significativa y apoyar los esfuerzos para reforzar una cultura laboral que pueda resistir las amenazas externas.
La defensa sostenida de la sociedad civil contribuyó a que en la asamblea de este año se lograran avances significativos. Los Estados Partes hicieron pública una declaración conjunta (en inglés) sin precedentes en la que expresaban su "solidaridad" con la Corte y su personal, al tiempo que reconocían que las medidas coercitivas, como las sanciones contra determinados cargos electos y la sociedad civil, suponen un obstáculo para el mandato de la Corte, disuaden la cooperación y socavan el acceso de las víctimas a la justicia. Además, en la denominada resolución "Omnibus", por primera vez la Asamblea "condena" colectivamente las sanciones que se han impuesto contra la sociedad civil y las figuras expertas independientes de las Naciones Unidas, entre otros, contra Al Haq, Al-Mezan, el Palestine Center for Human Rights (PCHR) y Francesca Albanese. Sin duda, estas declaraciones representan un paso positivo en un contexto de crecientes presiones a las que se enfrentan la Corte y la sociedad civil.
"La impunidad alimenta nuevas atrocidades. Las amenazas y los intentos de debilitar la CPI siembran la semilla de futuros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, e incluso genocidios. Las personas que lideran el mundo no pueden permitirlo", declaró el presidente de la FIDH, Alexis Deswaef. "En un momento como el actual, con el aumento de guerras y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, la comunidad internacional debe apoyar firmemente al primer y único tribunal penal internacional permanente del mundo para que pueda cumplir su mandato de forma independiente y sin interferencias políticas."
"Para garantizar que la CPI pueda funcionar, los Estados deben velar de forma colectiva para que tanto la Corte como los socios de la sociedad civil de los que depende puedan operar sin obstáculos financieros o políticos, lo que supone, entre otros, resistir la presión para debilitar el Estatuto de Roma. Las OSC llevan a cabo una labor fundamental en materia de derechos humanos y rendición de cuentas, que en estos momentos corre el riesgo de verse paralizada debido a las sanciones y el cumplimiento excesivo de las mismas. Sin ellas, esta labor simplemente no se llevaría a cabo. Ahora, los Estados deben garantizar la existencia de canales financieros estables para que la Corte y las OSC puedan continuar su labor legítima de promover la rendición de cuentas sin interrupciones", afirmó Danya Chaikel, representante de la FIDH ante la CPI.
A lo largo de esta semana, la FIDH copatrocinó varios eventos paralelos al margen de la ASP, entre ellos un diálogo dirigido por personas supervivientes, y eventos centrados en los delitos de expresión de la Federación de Rusia en el contexto de Ucrania, la cultura laboral en la CPI (grabación completa disponible en inglés), la cooperación y las detenciones, así como la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.
De estos debates surgieron mensajes clave.
– Las personas supervivientes subrayaron que, en términos generales, la CPI sigue siendo la única vía creíble para la rendición de cuentas cuando los sistemas nacionales fallan. Instaron a los Estados a proteger a la CPI y a reforzar el trabajo de divulgación para que la población comprenda cómo funciona la Corte y cómo acceder a ella. Instaron igualmente a los Estados y la Corte a incorporar de forma sistemática el diálogo con las personas supervivientes, de modo que sus experiencias y opiniones orienten contantemente las decisiones.
– La protección de la CPI no se puede abordar por separado de la protección de los derechos de quienes confían en ella para obtener la verdad, la rendición de cuentas y la reparación, y los Estados deben resistir todas las presiones y medidas coercitivas que socavan la Corte.
– Los intentos de silenciar a la sociedad civil serán infructuosos, y los Estados deben aumentar sus esfuerzos para proteger a quienes documentan los crímenes y apoyan a las víctimas en las condiciones más difíciles.
– Es fundamental contar con un liderazgo transparente, medidas más sólidas para el bienestar del personal y líneas claras de rendición de cuentas con el fin de fomentar la confianza dentro de la institución y fortalecer la resiliencia de la Corte frente a las presiones externas, incluidas las sanciones destinadas a debilitar su labor.
En la sesión plenaria sobre cooperación, Alexis Deswaef se dirigió a los Estados Partes en nombre de la Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC), destacando que la cooperación es la base del sistema del Estatuto de Roma y que cada detención fallida perjudica directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la rendición de cuentas y la reparación. Advirtió que las posiciones incoherentes o selectivas de los Estados dan lugar a un doble rasero muy negativo que debilita la confianza en el sistema. Instó a los Estados a que adoptaran medidas concretas para mejorar la cooperación, desde la ejecución de detenciones y la mejora del apoyo operativo hasta la garantía de la preparación nacional y la afirmación pública de que nadie está por encima de la ley..
La FIDH y REDRESS también presentaron un documento informativo conjunto (en inglés), titulado "Ending Immunity, Ending Impunity - Advancing Accountability for Heads of State" en el evento paralelo sobre: "Arresting suspects of international crimes: Duties to cooperate and civil society roles". En el debate se subrayó que la inmunidad personal nunca debe obstaculizar la rendición de cuentas ante la CPI, y que los Estados Partes deben cumplir con sus obligaciones de detención y entrega para defender la igualdad ante la ley y actuar en interés de las víctimas.
Este año, la reunión de la ASP demostró tanto la magnitud de las presiones a las que se enfrenta el sistema del Estatuto de Roma como la determinación de las víctimas, la sociedad civil y los Estados comprometidos para defenderlo. La FIDH continuará trabajando con sus miembros y socios para promover una cooperación eficaz, proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar que los derechos de las víctimas sigan siendo el centro de la labor de la Corte.