La FIDH alertó de la existencia de casos de asesinatos extrajudiciales en Filipinas. En una misión de investigación realizada por el Observatorio [1]. (una colaboración entre la OMCT y la FIDH), entre el 7 y el 16 de agosto de 2017, nuestras organizaciones observaron un ambiente cada vez más hostil para los/as defensores/as de derechos humanos en el país. Sus interlocutores informaron que experimentaban cada vez más dificultades a la hora de realizar sus actividades de derechos humanos con el presidente Rodrigo Duterte, en relación a las investigaciones que rodeaban los asesinatos extrajudiciales cometidos por la policía y por justicieros, en el marco de la "guerra contra las drogas" de Duterte. [2]
La situación de los derechos humanos en el país se ha venido deteriorando desde que Duterte llegó al poder el 30 de junio de 2016 y declaró una dura campaña contra los traficantes de drogas. La fiscal de la CPI afirmó que examinaría los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos al menos el 1 de julio de 2016. Desde entonces, miles de personas han sido víctimas de asesinatos extrajudiciales en el curso de operaciones antidroga dirigidas por la policía.
"Las políticas de la denominada ’guerra contra las drogas’ no justifican los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que han costado la vida a más de 12 000 personas, niños y niñas entre ellos, en menos de dos años. Ahora se debe poner fin a la impunidad por la comisión de estos crímenes mediante investigaciones exhaustivas y llevando a sus autores ante la justicia."
El menosprecio absoluto del presidente Duterte por los derechos humanos, el Estado de derecho y la rendición de cuentas por crímenes graves se ha puesto de manifiesto en sus declaraciones, en las que sugería que Filipinas se retiraría del Estatuto de Roma y afirmaba que la Corte era "inútil". Sin embargo, Filipinas confirmó su compromiso durante la última sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI en Nueva York, en diciembre pasado.
La fiscal de la CPI anunció que examinaría los crímenes supuestamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos. Observó que las continuas manifestaciones condujeron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes y se detuvo a miles de personas, muchas de las cuales habrían sido supuestamente sometidas a abusos graves y malos tratos. Además, se informó que algunos grupos de manifestantes habían recurrido a la violencia, por lo que varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos o heridos. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 124 han muerto en el marco de las protestas: 46 muertes fueron supuestamente causadas por las fuerzas de seguridad y 27 por los grupos armados progubernamentales.
La FIDH insta a Venezuela y a Filipinas a continuar comprometidos con el Estatuto de la CPI como Estados partes y a trabajar estrechamente con la Fiscalía para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales supuestamente cometidos en ambos países.
La FIDH se ha destacado por defender la necesidad de que la CPI abra exámenes preliminares en los diferentes continentes y países donde no se inician investigaciones y procedimientos judiciales.