He oído que se habla de evaluar el trabajo de la CPI, el llamado “examen de la CPI” ¿De qué se trata y por qué es necesario?
Bueno, seguro que recuerda los recientes reveses de la Corte que han suscitado numerosas críticas a su trabajo: resoluciones judiciales que ponen de relieve los puntos débiles de las investigaciones y el razonamiento jurídico de la CPI, así como el impacto de factores externos en la labor de la institución. La más reciente de estas resoluciones, que ha sido la fuerza motriz causante del examen de la CPI, es la negativa a abrir una investigación en Afganistán (esta resolución, ahora revocada, como se abordó en nuestro último Acontecimientos en la Haya) (EN).
Dichas resoluciones causaron una profunda decepción, especialmente a las víctimas y las comunidades afectadas. Se plantearon serias inquietudes sobre la manera en que algunos órganos y altos cargos de la Corte llevan a cabo su trabajo. Puede que recuerde la medida adoptada por algunos magistrados y magistradas para aumentar sus ya elevados sueldos y otras controversias laborales que han tenido lugar en los últimos años y han empañado la imagen de la Corte. Estos acontecimientos son solo la punta del iceberg. En los últimos años, muchos expertos y observadores parecen estar de acuerdo en que la CPI no está funcionando bien y que es necesario tomar medidas concretas y significativas para mejorar la Corte y su rendimiento. Como manifestaron cuatro antiguos presidentes de la Asamblea de los Estados Partes en la CPI: ¡La CPI necesita mejorar! Pero, ¿cómo hacerlo?
En 2019, varias ONG, entre ellas la FIDH, abogaron ante los Estados y la Corte para iniciar un proceso independiente de evaluación de la Corte. Esta evaluación podría proporcionar a la nueva dirección de la Corte –la nueva Fiscalía y Presidencia de la CPI, que asumirán sus funciones en 2021– recomendaciones concretas a partir de las que actuar para mejorar el funcionamiento de la institución.
¡Estoy convencido! ¿Y? ¿Ha ocurrido?
Sí, ¡así es!
El examen experto independiente se estableció en la sesión de 2019 de la Asamblea de los Estados Partes (AEP). La AEP celebra una reunión anual de los Estados Partes del Estatuto de Roma y toma decisiones vitales sobre el funcionamiento de la Corte, incluso en relación con su presupuesto, la cooperación y la falta de cooperación con la Corte y la elección de magistrados o magistradas, de la Fiscalía y otros cargos.
El año pasado, la AEP decidió establecer el examen y nombró un grupo de nueve personas expertas independientes para llevarlo a cabo. Este examen se realizará en paralelo a una evaluación impulsada por los Estados Partes sobre diversas cuestiones (cooperación y falta de cooperación con la CPI, complementariedad, representación geográfica equitativa y equilibrio de género en la Corte).
En cualquier caso, controle su entusiasmo, este examen por sí solo no será una solución mágica. Mejorar el funcionamiento de la Corte es un proyecto a largo plazo que requiere medidas por parte del propio tribunal y por los Estados Partes. No obstante, este examen puede dar impulso al cambio.
De acuerdo, tomo nota. Entonces, ¿qué hará exactamente el grupo experto?
El grupo experto independiente empezó su trabajo el 1 de enero de 2020 y tiene la tarea de evaluar una serie de cuestiones que afectan al funcionamiento de la Corte. Algunas de estas cuestiones están relacionadas con la gobernanza de la institución, como los recursos humanos y el proceso presupuestario de la Corte; otras se refieren al proceso judicial, incluidos los asuntos que afectan a las víctimas como la participación y la reparación y, por último, las cuestiones relacionadas con el trabajo de la Fiscalía, en particular las que se refieren a los exámenes preliminares, las investigaciones y los enjuiciamientos.
Al evaluar estas cuestiones, siempre que sea necesario el grupo experto podrá acceder al personal y los materiales de la Corte, manteniendo la necesaria confidencialidad. Ello se debe a la naturaleza delicada del trabajo de la Corte, que hace que sea fundamental preservar la confidencialidad de una gran cantidad de información y actividades, que, si se divulgasen, podría perjudicar el desarrollo de investigaciones y los casos o las personas, incluidas las víctimas, los testigos, el personal de la CPI o sus colaboradores.
El grupo experto independiente también tiene el mandato de consultar a todas las partes interesadas pertinentes.
¿También a la sociedad civil?
Sí, esto es algo que la FIDH ha fomentado firmemente, sobre todo a través de consultas a la sociedad civil que trabaja en países donde la CPI está investigando o realizando exámenes preliminares. En nuestra opinión, es necesario que se escuchen las voces de las personas más afectadas por las actuaciones de la Corte y que reciban la atención que merecen.
Dicho esto, y a pesar de que los expertos invitaron a la sociedad civil a realizar aportaciones desde el principio, hubo una serie de limitaciones, como la brevedad del periodo de consulta (menos de tres meses), las barreras lingüísticas, la falta de visibilidad del proceso –en particular para los quienes se hallan en los países en los que existe una situación con la CPI–, por no mencionar la pandemia de coronavirus que estalló en mitad del periodo de consulta.
En cualquier caso, el grupo experto presentarán un informe con sus conclusiones y recomendaciones a partir de las observaciones recibidas y de otra información a la que haya tenido acceso.
¡Otro informe más! ¿Cómo puede afectar concretamente al funcionamiento de la Corte?
Sí, tiene razón, este es otro informe más. Pero el he hecho de que esta revisión se esté llevando a cabo ya es un paso en la dirección correcta, porque los Estados y la propia Corte reconocen que el funcionamiento de la institución necesita una mejora. Se han ignorado deficiencias graves durante demasiado tiempo y abordarlas directamente a través de un examen que evalúa el funcionamiento de la Corte solo puede ser algo bueno.
Por lo tanto, el informe de este grupo será fundamental para determinar el funcionamiento general de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma. Se espera que se haga recomendaciones concretas, aplicables y viables para mejorar el desempeño del tribunal y del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto.
Queda por ver el modo en que la Corte y su personal aplicarán estas recomendaciones. Por supuesto, la aplicación de las mismas debe respetar la independencia del tribunal, lo que significa que la propia CPI, y no los Estados, deberán abordar algunas de ellas.
Eso está bien... Entonces, ¿cuándo podremos ver este informe?
El grupo experto deberían dar a conocer el informe final en septiembre, además del informe provisional que se espera para finales de este mes.
Qué bien, estaré alerta. Por cierto, ¿la FIDH presentó algo al grupo experto?
Sí, por supuesto. Junto con nuestra organización miembro, la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, convocamos una reunión de consulta que reunió a organizaciones de la sociedad civil y profesionales del derecho que trabajan con víctimas en 12 exámenes preliminares o investigaciones de la CPI. Nos basamos en los debates que surgieron de esta reunión para elaborar la comunicación que presentamos al grupo experto, en la que pusimos de manifiesto cuestiones importantes para el trabajo de la Corte que afectan a los derechos de las víctimas, así como a la administración de una justicia visible e impactante. Ya está disponible al público, sin duda debería consultarlo. Otras organizaciones de la sociedad civil también han presentado informaciones interesantes, algunas de las cuales se pueden consultar aquí (EN) y aquí (EN).