Aunque 124 Estados firmaron los estatutos de la CPI el 17 de julio de 1998, con arreglo al artículo 126, eran necesarias 60 ratificaciones para su entrada en vigor. Un gran número de Estados y en particular China, Rusia y los Estados Unidos rechazan asociarse a esta jurisdicción. No obstante, la Corte será una realidad en Nueva York, que se encuentra en el territorio del Estado que más abiertamente se ha opuesto a la creación de la misma.
La FIDH milita desde su creación por la instauración de una jurisdicción penal internacional eficaz e independiente. Del mismo modo, la FIDH se ha implicado totalmente en las negociaciones del Estatuto de la Corte en Roma, en particular en el seno del comité director de la Coalición Internacional por la CPI, que agrupa más de 1000 organizaciones no gubernamentales. El 11 de abril es un día clave en este combate y la FIDH se felicita vivamente de que así sea.
Este acontecimiento constituye una etapa importante para las víctimas y para los defensores de derechos humanos que han aportado a este proyecto un importante apoyo durante el transcurso del proceso de creación de la Corte. En efecto, la CPI será la primera jurisdicción internacional a la que podrán acceder las víctimas de los crímenes más graves y beneficiarse por tanto al derecho a una reparación.
Debe sin embargo recordarse que la competencia de la corte es limitada. En primer lugar, porque ésta no es retroactiva y también porque únicamente los crímenes cometidos en el territorio o por un nacional de un país miembro serán de su competencia. Además, la administración de la justicia se enfrenta demasiado a menudo a una verdadera cultura de impunidad. Después de la batalla por la creación de la Corte, comienza la batalla por una implementación efectiva de la justicia internacional.
La FIDH y el conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos que representa reiteran la necesidad de seguir movilizados y hacen un llamado para que los Estados se comprometan en favor de la lucha contra la impunidad, ratificando el Estatuto de la CPI y adaptando sus legislaciones nacionales en consecuencia.