Corte Penal Internacional (CPI)

Corte Penal Internacional

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La adopción del Estatuto que establece la Corte Penal Internacional (CPI), el 17 de julio de 1998, constituyó una etapa histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. Por la primera vez, las víctimas tienen derecho a participar directamente en procesos penales internacionales.

La entrada en vigor del Estatuto de la CPI el 1ro de julio de 2002 permite a la Corte ejercer su competencia a partir de esta fecha para juzgar individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La Corte es competente si esos individuos son nacionales de Estados que han ratificado su estatuto o han cometido crímenes sobre el territorio de dichos Estados. Estas condiciones no se aplican cuando es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien solicita la intervención de la Corte. Además, la Corte sólo puede intervenir si el Estado respectivo no cuenta con la capacidad o la voluntad de llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos.

La CPI es una jurisdicción permanente y a vocación universal. Más de la mitad de los Estados ya han ratificado su estatuto. Aunque los Estados Unidos inicialmente entabló una activa campaña anti-CPI, su oposición tiende hoy en día a atenuarse, ya que se ha comprobado que su estrategia de debilitamiento de la Corte era ineficaz y que sus preocupaciones eran infundadas.

La FIDH ha participado activamente en el establecimiento de la CPI. La organización ha trabajado por la ratificación y la implementación de su estatuto por la gran mayoría de los Estados. Hoy en día, la FIDH sigue los procesos ante la Corte y contribuye al diálogo entre la sociedad civil y la CPI, incluso por medio de su participación en la Coalición internacional de ONG por la CPI, que ha jugado un rol determinante en la creación de la CPI, y de la cual es miembro fundador; como también del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas. Asimismo, la FIDH alimenta los análisis preliminares e investigaciones de la Fiscalía de la CPI a través del envío -junto con sus organizaciones miembros en el país respectivo- de comunicaciones que informan sobre los crímenes cometidos en ciertos países y sobre la ausencia de investigaciones y procesos judiciales a nivel nacional. Además, a través de su Grupo de Acción Judicial (GAJ), la FIDH apoya concretamente a víctimas que participan en procesos ante la Corte.

El Fiscal de la CPI ha abierto investigaciones en la República Democrática del Congo (junio de 2004), en Uganda (julio de 2004), en Darfur, Sudán (junio de 2005), en la República Centroafricana (mayo de 2007), en Kenia (marzo de 2010), en Libia (marzo de 2011), en Costa de Marfil (octubre de 2011) y en Mali (enero de 2013). La Fiscalía analiza igualmente la posibilidad de abrir investigaciones en otros países, incluyendo Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, República de Corea y los Territorios palestinos. La CPI se enfrenta actualmente a numerosos desafíos: reforzar la cooperación -todavía insuficiente- de la parte de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales, hacer efectiva la participación de víctimas, implementar el principio de "complementaridad positiva", informar y sensibilizar a las poblaciones afectadas sobre los procesos ante la Corte, y encontrar el equilibrio entre la confidencialidad de las investigaciones y el respecto del derecho al debido proceso.

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