23 de septiembre de 2026. Ayer, 38 grupos de la sociedad civil presentaron conjuntamente un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (EE. UU.) para el Distrito Sur de Nueva York en apoyo de una demanda interpuesta por el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch, y Open Society Institute, en el que se cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14203. Las sanciones se han dirigido contra integrantes de la fiscalía y la judicatura de la CPI, una persona experta en derechos humanos de las Naciones Unidas y tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
"Detrás de cada organización de la sociedad civil que es silenciada o apartada de la CPI hay víctimas y supervivientes que esperan que se haga justicia. Estas sanciones están desmantelando las redes de personas y organizaciones que apoyan a las víctimas que presentan sus testimonios y pruebas ante la Corte, a la vez que siembran el miedo mucho más allá de quienes son objeto directo de las mismas", afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH. "Para las víctimas a quienes la justicia interna ya ha fallado, cerrar estas vías puede suponer perder una de sus últimas oportunidades de rendición de cuentas".
"A medida que la Administración de Trump intensifica sus ataques contra la CPI y las organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales para su trabajo, resulta crucial demostrar al Tribunal Federal de EE. UU. el modo en que las sanciones perjudican a la sociedad civil mundial, a las víctimas y supervivientes de crímenes tipificados en el derecho internacional, así como a la propia idea de la justicia internacional", afirmó Agnes Callamard, secretaria general de Amnesty International. "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el presidente Trump destruye el Estatuto de Roma. El elevado número de organizaciones de la sociedad civil que firman este escrito demuestra la capacidad de resistencia y la determinación de la sociedad civil para oponerse a las sanciones de EE. UU. y proteger la CPI".
El escrito de las OSC plantea dos argumentos fundamentales.
En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las OSC y las personas defensoras de los derechos humanos –incluidas quienes ejercen la abogacía, la representación de las víctimas y la defensa de las personas supervivientes– desempeñan toda una serie de actividades de las que depende la CPI: conectar a víctimas y testigos con la Corte, documentar crímenes atroces, respaldar la participación de las víctimas y la reparación del daño, aportar conocimientos jurídicos, contextuales y culturales de vital importancia, así como impulsar la cooperación estatal y las investigaciones y enjuiciamientos nacionales, en particular en los países donde la CPI tiene un acceso limitado.
En segundo lugar, al imponer y amenazar con sanciones financieras y jurídicas draconianas tanto a las OSC como a determinadas personas a título individual, la orden ejecutiva 14203 vulnera su derecho a la libertad de expresión y de asociación y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La orden ejecutiva 14203 ya ha provocado que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso a servicios bancarios y alianzas, ha disuadido a las OSC de colaborar con la CPI y ha fracturado las relaciones entre numerosas organizaciones. El resultado es un perjuicio cuantificable e irreparable no solo para la sociedad civil, sino también para la CPI, para la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, para las víctimas y supervivientes a quienes sirve este sistema.
La presentación de este escrito de amicus curiae de las OSC contó con la amable colaboración de la secretaría de la Coalición por la CPI, cuyo informe sobre las sanciones de EE. UU., "Criminalising Accountability: The US lawfare against the international justice system" sirvió como referencia clave. Las OSC "amici" contaron con la representación legal de Mascarenhas Law PLLC.