Reunidos en Nueva York durante el 19º período de sesiones de la AEP, los Estados Partes eligieron a los seis nuevos magistrados y magistradas. Los nuevos miembros se unirán a la magistratura de la Corte, sustituyendo a los seis magistrados salientes, manteniendo el total de 18 magistrados.
• Joanna KORNER (GB) – 1ª vuelta
• Gocha LORDKIPANIDZE (Georgia) – 2ª vuelta
• Miatta Maria SAMBA (Sierra Leone) – 3a vuelta
• Maria del Socorro FLORES LIERA (México) – 4a vuelta
• Sergio Gerardo UGALDE GODINEZ (Costa Rica) – 4a vuelta
• Althea Violet ALEXIS-WINDSOR (Trinidad et Tobago) – 8a vuelta
La FIDH se complace al observar que los Estados Partes del Estatuto de la CPI han considerado la necesidad de elegir a los candidatos más cualificados – cinco de los candidatos elegidos fue clasificados como altamente cualificados por el Comité Asesor de Nominaciones que evaluó a los candidatos – prestando también atención a los requisitos mínimos de votación en cuanto a representación regional, género y equilibrio entre los magistrados con experiencia en derecho y procedimiento penal como magistrado, fiscal o abogado (lista A) y los magistrados que tengan conocimiento en otras áreas del derecho internacional, como el derecho internacional de los derechos humanos (lisa B).
Sin embargo, se complace que los Estados hayan ido más allá del mínimo requerido para obtener una mayor representación femenina. La elección de cuatro candidatas eleva el número total de magistradas a nueve entre los 18 que conforman la Corte, corrigendo el desequilibrio actual de la representación de género. Como se desarrolla en una carta publicada por la Coalición para la CPI, respaldada por la FIDH, “la paridad no es sólo una cuestión de principio, sino que garantiza que los procedimientos de la CPI puedan beneficiarse de las diversas perspectivas que hombres y mujeres, respectivamente, pueden aportar a la administración de justicia”.
“La elección de magistrados calificados para la Corte – incluida una magistratura competente e independiente – es esencial, ya que una administración eficiente y eficaz de la Corte y una divulgación clara y proactiva ayudarán a fortalecer la legitimidad de la CPI.”
Los nuevos magistrados, elegidos entre 18 candidatos, para cumplir un mandato de nueve años (de 2021 a 2030), se incorporarán a la Corte en un momento crucial, en el que ésta sigue enfrentándose a hostilidad externa, como han demostrado recientemente las sanciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el personal de la CPI. Su elección también se produce en un momento en que la Corte y su funcionamiento han sido sometidos a un estricto escrutinio por un Grupo de Expertos Independientes que ha publicado un informe convincente sobre cuestiones de la Corte en general como de órganos específicos, tales como la gestión, la ética, las elecciones, los métodos de trabajo y la eficiencia del proceso judicial, que contiene amplias recomendaciones que deben ser evaluadas y aplicadas por todos los órganos de la Corte así como los Estados Partes.
Este año también marca un importante cambio en las filas de otros funcionarios de la Corte, ya que están llegando a su fin los mandatos del actual Presidente de la CPI, el magistrado Chile Eboe-Osuji, y de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Junto con las personas elegidas para cubrir estos dos cargos, los seis nuevos magistrados y magistradas desempeñarán una función crucial en el fortalecimiento de la Corte ante los desafíos tanto internos como externos.
La FIDH alienta a los seis nuevos magistrados y magistradas a apoyar las iniciativas de capacitación adicionales, en particular sobre los derechos de las víctimas en el marco del sistema del Estatuto de Roma. La capacitación es una oportunidad para enriquecer los conocimientos especializados de la magistratura; los magistrados, ya altamente cualificados, pueden completando su experiencia sobre las necesidades específicas de las víctimas, en el campo de la participación de las víctimas en el sistema de la CPI, así como compartiendo conocimientos con sus colegas. En particular, es importante que todos los miembros de la magistratura – tanto los que tienen experiencia previa con las víctimas como los que no la tienen – tiendan a una formación sobre la interacción con las víctimas, personas vulnerables y las comunidades afectadas.
“La participación de las víctimas es una parte integral del sistema del Estatuto de Roma y está en manos de la magistratura hacerla lo más significativa posible. Los derechos de las víctimas se han aplicado de forma muy diferente según la Sala y el caso, con una tendencia a adoptar una interpretación cada vez más limitada de los derechos de participación de las víctimas. Los magistrados y magistradas de la CPI deberían armonizar las modalidades de participación de las víctimas de manera que se garantice la plena aplicación de los derechos de las mismas.”
Antecedentes:
El primer paso del proceso de elección fue la nominación de candidatos. A continuación de la conclusión del período de nominación el 14 de mayo de 2020, el Comité Asesor de Nominaciones de Jueces (CAN) evaluó las calificaciones de los candidatos, verificó sus referencias y revisó el proceso de nominación nacional de acuerdo con su mandato. El CAN publicó su informe clasificando diez candidatos como altamente cualificados – incluyendo a siete de las nueve candidatas – tres candidatos como cualificados, siete sólo cualificados formalmente, y ninguno como no cualificado.
Durante el resto del proceso, los Estados Partes fueron orientados por este informe objetivo, las respuestas de los candidatos a un cuestionario de la sociedad civil, y también las mesas redondas organizadas de manera virtual entre el 3 y el 6 de noviembre de 2020, así como la elección.