Cuatro ONG han enviado hoy un requerimiento formal a la empresa SUEZ en el que se le pide que cumpla la ley francesa sobre el deber de vigilancia de 27 de marzo de 2017, instándole a tomar las medidas necesarias para resolver estas deficiencias e ilegalidades reiteradas en su prestación del servicio de suministro de agua a Osorno y a evitar que otra crisis sanitaria se produzca nuevamente en esta ciudad o en otros municipios chilenos en los que opera ESSAL y otras sociedades controladas por el grupo francés.
" SUEZ debe asegurar a las comunidades en que sus empresas filiales operan, como ESSAL en Chile, un acceso adecuado y seguro al agua potable y de saneamiento, el que constituye un derecho humano reconocido a nivel internacional. Desde la privatización de los servicios públicos de agua potable en Chile, proceso iniciado bajo la dictadura de Pinochet, y consolidado durante la segunda mitad de los noventa en democracia, la calidad del suministro de agua a la población en el país se ha seguido deteriorando, las tarifas se han incrementado, mientras que las empresas multinacionales y sus filiales que operan los servicios sanitarios en Chile han obtenido enormes beneficios", denuncia Jose Aylwin del Observatorio Ciudadano.
Si en un plazo de tres meses SUEZ no presenta medidas adecuadas, nuestras organizaciones podrán llevar a la multinacional francesa ante los tribunales para que se le imponga, si es necesario bajo sanción, que adopte las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas crisis sanitarias debido a la actuación negligente de las sociedades que controla en Chile.
El 10 de julio de 2018, se produjo un vertido de 2000 litros de petróleo en la planta potabilizadora de Caipulli, operada por la filial de Suez en la ciudad de Osorno. Los hidrocarburos contaminaron la fuente de agua de la planta, lo que supuso la contaminación del conjunto de la red de agua potable, que abastece a 49 000 viviendas del municipio, es decir, a 140 500 personas (el 97,9% de la población). La contaminación afectó también a dos cursos de agua, el río Rahue y el río Damas.
El corte del suministro de agua se prolongó durante más de diez días. Se interrumpió el acceso al agua potable a la población de Osorno, así como a los organismos fundamentales para la vida en el municipio (hospitales, centros de salud, centros de diálisis, residencias geriátricas, etc.), lo que provocó una grave crisis sanitaria. El 12 de julio de 2019, se decretó el estado de alerta sanitaria y posteriormente no se ha llevado a cabo ningún estudio epidemiológico para evaluar el número de víctimas.
Durante este periodo de alerta, la crisis sanitaria se agravó debido a la instalación tardía e incompleta de los puntos de abastecimiento de agua alternativos, que ESSAL hubiera debido poner en funcionamiento de forma inmediata, así como por un suministro de agua insuficiente y de mala calidad. El servicio de abastecimiento de agua no se restableció totalmente hasta el 21 de julio de 2019 y fue necesario ampliar la alerta sanitaria hasta el 31 de julio de 2019.
"Los ciudadanos y ciudadanas de Osorno tienen derecho a un servicio regular de agua potable de calidad, como todo ser humano. Es su derecho, asi como el de ser resarcidos por los daños ocasionados a su salud y al ecosistema" señaló Ricardo Becerra de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.
Esta grave afectación a los derechos humanos se debe fundamentalmente a que ESSAL no ha aplicado medidas preventivas y correctivas, a pesar de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entidad pública encargada de la inspección de este tipo de servicios en Chile, ya había alertado en 2018 de numerosas anomalías en la infraestructura, que consideraba suponían un "riesgo elevado" y había impuesto 36 multas a la empresa a lo largo de los últimos cinco años.
"Con este requerimiento formal, pedimos a SUEZ que publique un nuevo plan de vigilancia en el que figuren medidas detalladas adecuadas para mitigar y prevenir los riesgos de que se produzcan violaciones de los derechos humanos, en especial, del derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como un dispositivo de vigilancia y una aplicación efectiva de dichas medidas," afirmaron la FIDH y la LDH.
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