La FIDH considera que los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes. Un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para la realización del derecho a la vida, la alimentación, la salud, el agua, la vivienda, el trabajo, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas.
Considerando que la necesidad de contar con una política sólida y medidas justas al respecto es urgente. Desde el Sahel hasta el Caribe, el Cuerno de África, la cuenca del Amazonas, los sistemas fluviales de Asia y el Océano Pacífico, resulta cada vez más evidente que el cambio climático aumenta los riesgos de conflicto y violencia, como se afirma en el último informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza y los Derechos Humanos.
Somos testigos de las amenazas a las que se enfrentan especialmente las personas defensoras, los pueblos indígenas, las víctimas de desplazamientos forzados y del acaparamiento de tierras, de los conflictos y el terrorismo, la migración, la corrupción y el mal gobierno, el colonialismo y el neocolonialismo, la discriminación sistemática y otros derechos humanos, que son más vulnerables a las consecuencias de la degradación ambiental.
Reconociendo que la crisis climática plantea una amenaza contra los derechos de la naturaleza, que están interrelacionados con una amplia gama de derechos. A este respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) ha advertido que la biodiversidad del planeta y de los ecosistemas sufrirá un gran impacto debido al cambio climático, así como un aumento de los riesgos para la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el suministro de agua debido al cambio climático (Informe especial de evaluación 2018 del IPCC).
Recordando el derecho de todas las personas a estar protegidas contra los efectos ambientales negativos causados por el cambio climático, con especial atención a las personas más vulnerables a los desastres naturales.
Sin embargo, durante décadas, los Estados no han mostrado voluntad ni capacidad para proteger eficazmente el ambiente y regular las actividades económicas perjudiciales. Siguen existiendo importantes deficiencias en la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Las empresas y otros agentes económicos han alimentado la crisis climática a través de: 1) actividades que se benefician de la crisis climática; 2) esfuerzos para encubrir el problema y promover la desinformación, la publicidad engañosa y los grupos de presión; 3) actos para desacreditar, intimidar o poner en peligro a los científicos, las personas defensoras de los derechos humanos y otros activistas que exponen las causas y las repercusiones de la actividad empresarial en los derechos humanos y el ambiente; 4) negandose a detener las acciones que continúan perjudicando el ambiente o a tomar medidas para mitigar de manera eficaz sus repercusiones, tanto reales como potenciales.
Abordar esta crisis exige medidas urgentes, decisivas y ambiciosas, centradas en los derechos humanos.
Con ello, la FIDH estima que la incorporación de consideraciones de derechos humanos en las políticas ambientales y en la rendición de cuentas de las empresas que contribuyen a ello es fundamental para la protección de las poblaciones afectadas por el cambio climático y para el bienestar de las generaciones futuras.
Por lo tanto, la FIDH se compromete a trabajar con las principales partes interesadas —personas y organizaciones— en una serie de medidas para defender los derechos de las comunidades afectadas y empoderar a las ligas miembros que trabajan en este ámbito, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y garantizar la rendición de cuentas y la reparación.
Estas iniciativas incluirán todas las acciones que son competencia de la FIDH, entre ellas, la realización de investigaciones y evaluaciones del impacto en los derechos humanos impulsados por las comunidades afectadas, la promoción y el litigio estratégico.
Para lograr este objetivo, la FIDH, reunida en Taipei, Taiwán del 21 al 25 de octubre de 2019 en su 40 Congreso Mundial,
Insta a los Estados a que realicen todos los esfuerzos necesarios para reforzar el marco jurídico de protección de los derechos humanos frente a los efectos negativos de todas las actividades empresariales, en particular mediante la adopción de un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, así como de legislación nacional y regional sobre la diligencia debida obligatoria, que garantice la transparencia y los procesos participativos.
Hace un llamado a todos los agentes empresariales para que respeten los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones, en la cadena de suministro y en todas sus relaciones comerciales;
Invita a todas las organizaciones de la sociedad civil a unir sus fuerzas para construir estrategias más sólidas para la protección de los derechos humanos y del medioambiente.