Leyes de "agentes extranjeros": la herramienta multifuncional de los regímenes autoritarios

08/11/2021
Comunicado
en es fr

Es un método que huele a la Guerra Fría. En todo el mundo, las asociaciones, los medios de comunicación independientes y las ONG -a menudo el último baluarte crítico contra los excesos totalitarios- se enfrentan a nuevas leyes destinadas a limitar sus actividades, privándolas de recursos, y desacreditándolas. En la mayoría de los casos, esto se debe a una auténtica paranoia de los sistemas políticos cerrados y de sus dirigentes respecto a las organizaciones de las que sospechan que sirven a los intereses de las potencias extranjeras o a adversarios políticos en el exilio.

Esta práctica no es nueva y se originó en Estados Unidos. En 1938, las autoridades estadounidenses estaban obsesionadas con la idea de una quinta columna nazi, y luego soviética, en su territorio. En 1938, Washington aprobó una ley que imponía controles estrictos a las ONG que trabajaban en el país, recibían fondos extranjeros y realizaban "actividades políticas". El macartismo de los años 50, en un contexto de oposición este-oeste, agravó naturalmente esta situación. El resultado fue un aumento de la propaganda ideológica que paralizó durante mucho tiempo a muchas ONG estadounidenses, que quedaron relegadas al estatus de .... "agentes extranjeros". Según la lógica imparable: "Si quieres matar a tu perro, acúsalo de tener rabia" muchos activistas pagaron entonces con su libertad la defensa de los derechos civiles o las libertades sindicales.

El laboratorio ruso

Desde la Guerra Fría, muchos regímenes han adoptado esta lógica autoritaria contra la sociedad civil y los medios de comunicación de sus países, como Grecia bajo los Coroneles. Más recientemente, Etiopía fue testigo de la adopción de una ley represiva que paralizó las actividades de un gran número de ONG de derechos humanos que recibían financiación extranjera, entre 2009 y 2019.

En una notable inversión de las tendencias históricas, fue Vladimir Putin quien revivió estas medidas a principios de la década de 2010 para atacar a las ONG que trabajan en Rusia. Y este es el sentido de las primeras medidas legislativas que, ya en 2012, mencionan el término establecido de "agentes extranjeros", sospechosos de realizar una actividad considerada "política" a favor de intereses divergentes. Esta noción flexible y extensible se resume en querer influir en la toma de decisiones del gobierno para cambiar la política del Estado. Una lectura que apunta al propio funcionamiento de muchas organizaciones de la sociedad civil. Y regularmente, es la fuente de donaciones y financiación la que se señala para caracterizar la afiliación al "adversario".

Así, el simple hecho de querer -por ejemplo- restablecer la verdad histórica, o defender los derechos de las personas LGBTI, puede llevar a ser tachado de agente al servicio de potencias extranjeras, naturalmente hostiles a las políticas del Kremlin. Varias ONG rusas han sido procesadas en virtud de esta legislación, y algunas se han visto obligadas a disolverse. Desde el 23 de noviembre de 2021, la organización miembro de la FIDH en Rusia, el Centro de Derechos Humanos Memorial, por ejemplo, se enfrenta a un procedimiento de liquidación que tiene todas las posibilidades de prosperar. El futuro de la única organización en suelo ruso que investiga los crímenes del pasado soviético está amenazado

En otro registro, algunas instituciones como el antiguo Museo de Perm 36, que denunciaba los crímenes del régimen soviético, fue a su vez declarado "agente de extranjeros". Tras un cierre administrativo, finalmente fue tomado por el régimen y prácticamente desmenuzado.

Desde 2014, no menos de siete cambios en la legislación han restringido aún más la capacidad de actuación de las ONG rusas, incluida la obligación de registrarse ante las autoridades. Una deriva que tiene como objetivo los medios de comunicación, activistas y periodistas independientes desde 2017. Entre los principales objetivos de las listas de "agentes extranjeros" se encuentra, por ejemplo, desde abril de 2021, el sitio web de noticias en ruso e inglés Meduza, con sede en Riga. Cuatro meses después, el canal de televisión independiente Dojd y el sitio web de periodismo de investigación IStories también se registraron con el mismo estatus. Estos nuevos ejemplos completan la lista de sitios de noticias o análisis que son "agentes de extranjeros", como el centro Sova, especializado en nacionalismo y xenofobia, que está en la lista desde diciembre de 2016. Las organizaciones de periodistas independientes también están en el punto de mira. En agosto de 2021, el Sindicato de Periodistas Autónomos de la región de Perm, Chetvjortyj Sektor, se incorporó a los registros. Esta implacabilidad legislativa y judicial, destinada a sofocar cualquier alternativa, no deja ningún margen de maniobra a la sociedad civil ni a la oposición.

Retórica nacionalista y xenófoba

Esta lógica liberticida se ha extendido ahora a los ciudadanos de a pie culpables de "actividad política" en las redes sociales, quienes también pueden ser perseguidos como "agentes extranjeros" desde 2020. Cualquier persona que reciba directa o indirectamente apoyo financiero o metodológico del extranjero puede entrar en esta categoría.

Y el modelo se ha extendido por todo el mundo. En las antiguas provincias de la Unión Soviética que siguen bajo la influencia de Moscú, por supuesto, como Azerbaiyán, Kirguistán, donde finalmente se abandonó un proyecto de ley en 2016, o Ucrania, donde se están debatiendo propuestas legislativas similares. Pero también en Israel, e incluso dentro de la Unión Europea (Hungría, Bulgaria, Polonia, etc.), donde el auge del populismo ultraconservador ha fomentado la importación de estas medidas liberticidas. También en América Latina, la sencillez, la eficacia e incluso la popularidad de este sistema represivo, que juega con el nacionalismo y la xenofobia, ha seducido mucho a ciertos regímenes. Los mismos términos y procedimientos se utilizan para restringir la capacidad de acción de su sociedad civil, de los opositores políticos y de las ONG, en nombre de la lucha contra la influencia extranjera.

Un ejemplo es Venezuela, donde se ha discutido varias veces una "Ley de Cooperación Internacional", con el objetivo de controlar los fondos a los que pueden acceder las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Aunque esta ley no ha sido aprobada, está actualmente en la agenda de la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2020. Mientras tanto, ahora en 2021 el gobierno venezolano está imponiendo estrictas medidas de control a las organizaciones no gubernamentales en base a la "Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo". Así, la decisión administrativa aprobada el 3 de mayo de 2021 obliga, por ejemplo, a todas las organizaciones sin ánimo de lucro -entre otras personas físicas o jurídicas- a registrarse en la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo (ONCDOTF), antes de poder operar. Estas organizaciones deben proporcionar información sobre sus donantes nacionales o extranjeros, así como una lista de organizaciones aliadas en el extranjero, con las que han acordado colaborar.
Estas situaciones afectan al derecho de financiación y criminalizan a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y a sus organizaciones aliadas y asociadas en el país.

En Nicaragua, el enemigo desde dentro

En este Estado centroamericano, la explotación del método de las "leyes contra los agentes extranjeros" parece alcanzar un punto álgido. El 18 de abril de 2018 marcó un cambio en Nicaragua hacia un régimen aún más autoritario. La posición del Estado se basa en la negación sistemática de la existencia de ataques y acosos contra los defensores de derechos humanos. Estas justificaciones tejen una narrativa de un riesgo permanente de "intento de golpe de Estado", supuestamente organizado por los defensores de derechos humanos y los opositores políticos.

En este contexto, entre octubre de 2020 y enero de 2021, se aprobaron varias leyes y una reforma constitucional que ponen en peligro los derechos y libertades fundamentales de la sociedad civil nicaragüense. El régimen de Ortega-Murillo ha puesto en el punto de mira el papel de las personas, de los opositores políticos, y de las organizaciones de derechos humanos, en particular de los periodistas: la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelincuencia, la reforma del artículo 37 de la Constitución sobre la cadena perpetua y la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.

Estas leyes contravienen el derecho internacional sobre derechos humanos y despliegan herramientas represivas. Destacan la exaltación de la noción de "enemigo interior", por la que los defensores de derechos humanos son calificados de "traidores" y "enemigos de la patria". El resultado es un grado de aislamiento cada vez mayor y una falta de recursos y protección frente a la persecución del aparato estatal.

Además, desde junio de 2021, la sociedad civil vive con miedo a las redadas y a las detenciones arbitrarias. Varios de sus representantes ya han sido detenidos por las autoridades nicaragüenses e investigados en virtud de la "Ley 1055 de 2020", la reforma del Código Penal y la "Ley 1040 de regulación de agentes extranjeros". Estos textos sobre "agentes extranjeros" y "ciberdelitos" se utilizan claramente de forma arbitraria para criminalizar cualquier forma de oposición. Permiten el cierre de medios de comunicación y obstaculizan el trabajo de las ONG al limitar el acceso a la financiación de los defensores, a los que se califica de "agentes extranjeros" o "terroristas". Al menos dos organizaciones reconocidas de la sociedad civil han tenido que suspender sus actividades como consecuencia de estas leyes liberticidas: la Fundación Violeta Chamorro y Pen International. En un contexto así, sin oposición y sin respeto a los derechos humanos, definitivamente no se puede hablar de democracia en Managua.

David contra Goliat

Entre las numerosas organizaciones de derechos humanos a las que se dirige nuestra acción global se encuentran, por supuesto, los organismos miembros y aliados de la FIDH. Luchamos cada año para ayudarles a superar estos obstáculos legislativos y materiales a su trabajo. Les proporcionamos asistencia jurídica, e informamos de su situación a los organismos internacionales. resionamos para que se adopten leyes que salvaguarden la independencia de la sociedad civil y creen un entorno propicio para sus actividades. A veces este activismo da sus frutos, y recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la ley húngara contra las ONG era una clara violación de los derechos fundamentales.

Nuestras organizaciones son señaladas cada vez más como "enemigos guiados por el exterior", con la "agenda política" de destituir a los dirigentes o influir en la población en contra de los "valores" defendidos por el poder gobernante (religiosos, comunistas, nacionalistas, conservadores, etc.).

Ahora "patrocinados" y protegidos incluso dentro de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas por Estados como Rusia o China, a pesar de todos nuestros esfuerzos de defensa, los regímenes totalitarios, autoritarios o semidemocráticos consiguen cada vez más amordazar a su sociedad civil haciendo que las ONG más activas y problemáticas parezcan organismos extranjeros perjudiciales que deben ser vigilados o incluso erradicados.

Una carrera contra el tiempo

Esta estrategia inspira incluso a Estados radicalmente opuestos en la escena internacional, como Irán o Israel, unidos por el desarrollo de normativas, prácticas y/o narrativas similares, para estigmatizar las supuestas actividades de los "agentes extranjeros". En los países donde pueden defenderse, las ONG pierden un tiempo precioso en largos y costosos trámites para registrarse o justificar el origen de su financiación. Tanta energía que no pueden utilizar para cumplir sus misiones. En otros lugares, las leyes y los cargos contra los "agentes extranjeros" allanan el camino para la persecución de los defensores de derechos humanos.

Este mapa no es exhaustivo, pero muestra el peligro de estas prácticas y leyes, y su alcance. Muestra la necesidad de combatirlos, para que las organizaciones que trabajan por el bien común puedan seguir haciéndolo en libertad. No es inevitable que estas prácticas se extiendan como una mala novela de espías: necesitamos el apoyo de todos y todas para diseñar un futuro alternativo, inclusivo y verdaderamente basado en los derechos humanos.

Leer más
communique