Cada día, comunidades de todo el mundo se ven expuestas a los devastadores daños contra los derechos humanos y el medio ambiente provocados por muchas actividades empresariales. Algunas de ellas incluso pagan con su vida la lucha contra la impunidad de las empresas. Algunos países han aprobado o están estudiando leyes que podrían exigir a las empresas más responsabilidades por estos abusos. La FIDH y siete de sus organizaciones miembros y asociadas de Brasil, Chile, Noruega, Perú, Sudáfrica, Corea del Sur, España y Taiwán, que se reunieron en Bruselas entre el 25 y el 27 de abril de 2023, subrayan una vez más la necesidad de que las autoridades legislativas promulguen leyes eficaces sobre empresas y derechos humanos.
La Unión Europea avanza hacia una Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad y Derechos Humanos, el intento del bloque de establecer obligaciones para las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. Tras una votación clave el 25 de abril en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, los/as eurodiputados/as que participaron en el proceso se encuentran un poco más cerca de llegar a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión para la negociación del texto definitivo. La legislación tendrá repercusiones mucho más allá de las fronteras europeas. Lo que está en juego es demasiado importante para que la Unión Europea pueda permitirse adoptar normas débiles. Europa aún está a tiempo de dar ejemplo.
Es fundamental que la Directiva tenga un ámbito de aplicación amplio y apoye a quienes sufren las consecuencias de los abusos corporativos en sus derechos o su medio ambiente. Dado que los efectos de la crisis climática se extienden por todos los continentes, la Directiva también debe obligar a las empresas a marcarse y cumplir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones.
Se debe exigir a las empresas de todos los sectores, independientemente de su tamaño, que respeten todos los derechos humanos y el medio ambiente. La diligencia debida –un proceso continuo, preventivo y basado en el riesgo– es un medio para alcanzar este fin. Se debería aplicar a toda la cadena de valor, de conformidad con las normas internacionales. El hecho de que las actividades de las empresas o parte de ellas se realicen fuera de las fronteras de los Estados en los que tienen su sede no debería justificar su impunidad. Los Estados no pueden, a menos que vulneren las normas internacionales, dejar que las empresas eludan sus obligaciones o permitir que violen los derechos humanos únicamente porque operan de forma extraterritorial.
Una Directiva ambiciosa debe defender la justicia
Resulta esencial que la Directiva cuente con disposiciones firmes sobre el acceso a la justicia si quiere posicionarse del lado de las comunidades y personas afectadas en todo el mundo. Una legislación ambiciosa podría corregir por fin algunas de las deficiencias que hasta el momento han impedido el acceso a reparación y recurso efectivos. La carga de la prueba no debe recaer en los/as titulares de derechos que sufren violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente, sino en la empresa responsable de ellas. Se debe garantizar a las partes demandantes el acceso a la información, así como el apoyo jurídico y económico necesario.
La legislación solo será realmente eficaz si reconoce y sitúa en el centro a las comunidades afectadas como titulares de derechos y a quienes representan a la sociedad civil como partes interesadas esenciales. Esto únicamente se puede lograr imponiendo la obligación de realizar consultas significativas a lo largo de todo el proceso y de respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Se debe garantizar asimismo que las partes afectadas puedan obtener reparación de acuerdo con la legislación vigente que otorgue mayor protección a su caso, ya sea la del país donde se produjo la violación o la del país donde está registrada la empresa matriz.
La Directiva no debe establecer un techo a las normativas ambiciosas de rendición de cuentas corporativa. Al aplicar la Directiva, los Estados miembros deben conservar el derecho a ir más lejos en la protección del medio ambiente y los derechos humanos mediante legislaciones nacionales más amplias. Además, las disposiciones de la Directiva no deben debilitar las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes, ni servir de excusa para rebajar las protecciones existentes, sino que, por el contrario, deben reforzarlas o complementarlas.
Por último, no se debe considerar que ningún mecanismo –como las cláusulas contractuales, las auditorías de terceros o las iniciativas multipartes– es una forma de que las empresas eludan aplicar su propia diligencia debida, ni se debe utilizar para obstaculizar el acceso a las vías de recurso.
En todo el mundo está cobrando impulso la adopción de normas vinculantes de responsabilidad empresarial. Nuestras organizaciones piden a las autoridades políticas de todo el mundo que elaboren y apliquen leyes que protejan eficazmente los derechos humanos y el medio ambiente y luchen contra el cambio climático. La Directiva de la Unión Europea, una vez que entre en vigor, junto con una legislación nacional sólida, empoderará a las comunidades que durante mucho tiempo han estado en primera línea de la lucha contra la impunidad de las empresas.
Foto - Juan RESTREPO / AFP: “Vista aérea que muestra el impacto ambiental de la minería ilegal en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, Colombia, el 22 de marzo de 2023. Los gigantescos esqueletos de dragas de oro quemadas y desmanteladas contaminan los ríos del noroeste de Colombia, donde el Gobierno libra una guerra sin cuartel contra la minería ilegal. Apodadas "dragones" por la población local, se culpa a estas enormes máquinas utilizadas para extraer oro del lecho de los ríos de destruir el medio ambiente y financiar el crimen organizado. Sin embargo, la operación masiva de desmantelamiento de las dragas que ha llevado a cabo del ejército ha sido recibida con hostilidad por las comunidades que dependen de la minería para su supervivencia diaria.”