Explotación petrolera en Colombia : informe revela costos humanos y ambientales del oro negro

Bogotá, 12 de julio de 2016.- Operando en asociación con la empresa colombiana de propiedad estatal mayoritaria, Ecopetrol, la multinacional canadiense Pacific Exploration & Production Corp. y sus contratistas contravienen la normatividad laboral, causan daños ambientales, e impactan de manera negativa la pervivencia de las comunidades indígenas en la zona de Puerto Gaitán, departamento del Meta, de donde proviene más de un cuarto del petróleo del país. Además ha aumentado la represión y criminalización de líderes sindicales, sociales y ambientales en la zona de explotación petrolera. Tales son las conclusiones de un informe realizado por la FIDH, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR) y el Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Internacional en Colombia (Paso), presentado hoy en Bogotá.

El informe se enfoca en los bloques petroleros de Rubiales-Pirirí (en adelante “campo Rubiales”) y Quifa, y ha sido elaborado con base en documentos oficiales, entrevistas a numerosos actores incluyendo autoridades nacionales, empresas, y 598 encuestas realizadas a pobladores, trabajadores y comunidades indígenas. El informe se publica apenas 11 días después de la entrega del campo Rubiales, el bloque petrolero más productivo del país, por parte de Pacific Exploration & Production Corp. a la empresa nacional Ecopetrol. Por su parte Pacific Exploration & Production Corp se encuentra ahora en un proceso de insolvencia en Canadá para evitar la quiebra.

“¿Quién va a asumir hoy la responsabilidad y remediar los pasivos sociales y ambientales ocasionados durante estos años?” cuestionaron hoy las ONGs. “Si la situación ha degenerado hasta este punto es porque tanto Colombia como Canadá no cumplieron con su obligación de asegurarse que las empresas respeten los derechos humanos y que las víctimas puedan obtener reparación. Es necesario actuar ahora.”

añadieron.

El informe documenta daños al medio ambiente y el aparente y reiterado incumplimiento a las licencias ambientales, en particular frente a los vertimientos contaminantes que se realizan al Caño Rubiales y la generación inusitada de sismos en el municipio de Puerto Gaitán, que estaría relacionada con las técnicas de reinyección bajo tierra de aguas residuales con las que operaron las empresas en campo Rubiales y actualmente hacen en Quifa. Entre el 2 de abril de 2013 y el 28 de junio de 2016 se han producido 976 sismos, según datos de la Red Sismológica Nacional y el Servicio Geológico Colombiano, en contraste con los 11 sismos que se presentaron en la región desde 1999 hasta 2013.

En este contexto, el derecho a la consulta previa del pueblo indígena Sikuani, también se ha visto gravemente impactado por las condiciones de asimetría que la empresa ejerce ante la ausencia del Estado y sus entes de control. Ninguna de las protocolizaciones de los procesos de Consultas Previas contó con la presencia de la Defensoría o Ministerio Público.

El informe da cuenta de las múltiples violaciones al régimen laboral de los trabajadores de la empresa y sus contratistas, y particularmente en relación con sus prácticas de sub-contratación en particular. Como ejemplo, se considera que 76% de los trabajadores tercerizados realizan actividades misionales permanentes.

También revela actuaciones que podrían calificar como ilegales, llevadas a cabo por la multinacional y sus contratistas de seguridad, que impiden el derecho a la libre asociación, en particular a la Unión Sindical Obrera –USO, y que fomentan el uso del aparato judicial para criminalizar a líderes sindicales, sociales y ambientales de la región. El 81% de los trabajadores encuestados opinaron que la empresa donde trabajaban no permitía la afiliación libre y voluntaria a un sindicato, y 79% de ellos pensaban que podrían ser despedidos como represalia por afiliarse al sindicato USO.

El informe plantea una serie de conclusiones y recomendaciones a las entidades del Gobierno colombiano, empresas privadas y al gobierno canadiense para asegurar que se garanticen y respeten los derechos humanos de las comunidades sobre cuyos territorios se adelantan proyectos extractivos.

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