"Acaparamiento de tierras, trabajo forzado, fuerte contaminación, ataques contra los defensores de derechos humanos... cada día, personas de todo el mundo se ven afectadas por las empresas europeas y sus cadenas de valor. La propuesta de hoy podría empezar a aportar soluciones a algunos de los problemas más acuciantes del mundo. Pero esto no puede hacerse reciclando los mecanismos “business-as-usual”
La FIDH celebra que la propuesta de ley cree nuevas obligaciones de debida diligencia para que las empresas identifiquen y hagan frente a las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente en sus cadenas de valor mundiales. Sin embargo, el texto sugiere que dichas obligaciones podrían cumplirse basándose en los códigos de conducta de las empresas, cláusulas contractuales entre una empresa y sus proveedores o socios comerciales, auditorías, verificaciones de terceros y las iniciativas del sector, mecanismos empresariales existentes que han fracasado en gran medida a la hora de proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Este enfoque basado en la mera compliance (cumplimiento), que se fomenta explícitamente como medio para implementar la diligencia debida, podría permitir a las empresas matrices eludir sus responsabilidades y corre el riesgo de debilitar todo el texto.
El ámbito de aplicación de la propuesta de directiva también es decepcionante. Se aplicaría a las empresas que operan en el mercado europeo con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación. En algunos sectores de "alto impacto", como la minería y la silvicultura, el texto adopta umbrales más bajos, de 250 empleados y 40 millones de euros de facturación. En su versión actual, el texto excluiría a más del 99% de las empresas de la UE, incluidas muchas empresas estatales o de menor tamaño con operaciones potencialmente perjudiciales. En su formulación actual, el texto conseguiría el paradójico resultado de permitir a las multinacionales descargar la mayor parte de la carga sobre sus socios comerciales, que a menudo son pequeñas y medianas empresas (PYME), y al mismo tiempo eximir a las PYME de responsabilidades explícitas en virtud de la ley. El texto también circunscribe su aplicación a una estrecha lista limitada de abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente, otra peligrosa laguna.
Además, aunque las empresas energéticas tienen una enorme responsabilidad en la crisis climática, las medidas de protección del clima en la propuesta son débiles: aún cuando se exigirá a las empresas adoptar un plan de transición en línea con el acuerdo de París, no podrán ser consideradas responsables por su falta de implementación.
Un aspecto positivo de la directiva es que permite responsabilizar a las empresas ante los tribunales civiles por los daños cometidos en sus propias operaciones o cadenas de valor y permite a las autoridades nacionales sancionar a las empresas que no respeten sus obligaciones. Sin embargo, la directiva no aborda los principales obstáculos que impiden a las víctimas acceder a la reparación: los elevados costes judiciales, la carga de la prueba desproporcionada, la opacidad y falta de acceso a la información, restricción de la capacidad jurídica y los plazos de prescripción limitados.
Las voces de las comunidades locales, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos son fundamentales para garantizar una prevención eficaz de los abusos. Sin embargo, las escasas obligaciones de consulta con estos actores que contempla la propuesta están redactadas de manera insuficiente. Aunque la propuesta amplía el alcance de la actual protección de los denunciantes, no aborda específicamente la difícil situación de los defensores de derechos humanos, que suelen ser objeto de represalias por denunciar en el contexto de los proyectos económicos.
"En general, la propuesta de directiva envía un mensaje equivocado: que las empresas pueden limitarse a gestionar los riesgos mediante cláusulas contractuales ad hoc y trasladando la cargalos costes y las responsabilidades más abajo en la cadena de valor. Los Estados y el Parlamento Europeo que negocian la propuesta deben reforzar el texto si se toman en serio la protección de los derechos humanos y el planeta"