Desde 2014 y la adopción de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos, se han abierto negociaciones intergubernamentales para elaborar un tratado internacional vinculante que busca reforzar la responsabilidad de las empresas y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas, en casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de las empresas. Después de tres sesiones con resultados mixtos, la publicación del borrador de las propuestas brinda una oportunidad para que los Estados participen en debates constructivos y superen los obstáculos de procedimiento. Es hora de que todos se centren en discusiones concretas dirigidas a crear consenso en torno a los elementos precisos de los textos.
Los comentarios publicados hoy pretenden hacer una contribución sustancial a las negociaciones. Estos se basan en la experiencia de la FIDH como una federación de organizaciones de derechos humanos que operan en todo el mundo. El documento reitera los aspectos positivos del texto, como la centralidad de los derechos de las víctimas, la obligación de establecer mecanismos de debida diligencia y el énfasis en la responsabilidad legal de los actores, pero también en los elementos que requieren modificaciones imperativas. Esto es especialmente para el proyecto preliminar:
- Reafirmar la obligación de todas las empresas de respetar los derechos humanos, en la parte operativa del texto;
- Aclarar el alcance subjetivo del tratado con objeto de evitar su interpretación restrictiva y la exclusión de las empresas estatales.
- Incorporar texto específico sobre la protección y el reconocimiento de las personas defensoras de los derechos humanos.
- Ofrecer vías para garantizar el acceso efectivo a la justicia a individuos y grupos afectados por abusos corporativos a lo largo de la cadena de valor;
- Garantizar que el concepto de debida diligencia en derechos humanos sea mas amplia y coherente con otros estándares internacionales existentes, y establecer claramente una relación entre debida diligencia y la responsabilidad penal y civil de la empresa matriz o empresa líder correspondiente cuando ocurren violaciones a los derechos humanos;
- Establecer un mecanismo de monitoreo e implementación efectivo reforzando sustancialmente las disposiciones del protocolo opcional.
