Como resultado de la progresiva legalización de las normas internacionales "soft law" en materia de empresas y derechos humanos, la "S" del "ESG" ya no es un criterio opcional que los inversores pueden incluir en su proceso de toma de decisiones. Se está convirtiendo en su deber legal de respetar los derechos humanos.
En el marco de su trabajo con La Banque Postale Assent Management en el fondo de inversión ético "SRI Human Rights fund", la FIDH ha desarrollado una metodología de evaluación de derechos humanos destinada a seleccionar qué empresas formarán parte de la cartera de inversión del fondo. Es un ejemplo único de asociación entre una organización de derechos humanos y un inversor, centrado en mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. De hecho, las ONG de derechos humanos con experiencia a nivel local y nacional, rara vez participan en las iniciativas destinadas a medir los impactos en derechos humanos de las empresas, limitando así la calidad de los datos utilizados.
Como parte de la iniciativa Moving the Market, la FIDH ha actualizado su metodología de evaluación de los derechos humanos para incluir indicadores centrados en los riesgos de esclavitud moderna y ha utilizado esta metodología para analizar una lista de empresas de cuatro sectores: Turismo, Construcción, Alimentación y Textil. El informe presenta las conclusiones de este análisis, incluyendo una descripción de los resultados por sector, con un enfoque en la esclavitud moderna, junto con la identificación de áreas de riesgo transversales que se relacionan con algunas de las causas fundamentales de la esclavitud moderna.
Los resultados de nuestro informe muestran que los inversores deben mejorar los indicadores que utilizan para evaluar a las empresas, ser más críticos con respecto a la forma en que las empresas están cumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos, e implicar y consultar a los titulares de derechos y a las organizaciones sque trabajan en terreno en el diseño y la aplicación de medidas preventivas y de mitigación.
Además, el informe demuestra que el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos llevan a cabo documentando, defendiendo y litigando contra las empresas por los abusos de los derechos humanos que se producen en sus operaciones y cadenas de suministro, desempeña un papel fundamental de vigilancia. En consecuencia, los inversores tienen el deber de tener en cuenta este factor y evaluar hasta qué punto las empresas de sus carteras de inversión valoran el espacio cívico, cómo abordan los impactos sobre los defensores de los derechos humanos y, más concretamente, cómo reaccionan ante la existencia de voces críticas con sus operaciones, ya que son precisamente esas voces las que la empresa debe atender y amplificar.
Ver el informe aquí debajo (en inglés)