El 6 de febrero de 2015, el Grupo de Inspección del Banco Mundial rechazó el reclamo (en inglés) que sostenía que el Banco Mundial era responsable de las violaciones de sus políticas de salvaguarda social y ambiental, en especial en lo referente a la consulta y participación, en el marco de sus actividades de ayuda al desarrollo del sector minero haitiano. El Colectivo para la Justicia Minera en Haití ("el Colectivo") había presentado este reclamo el 7 de enero de 2015 con el apoyo del consultorio de justicia global de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York y la organización no gubernamental Accountability Counsel, y en colaboración con una red de comunidades haitianas afectadas por las actividades mineras.
La demanda alegaba que el apoyo técnico ofrecido por el Banco Mundial al Gobierno haitiano, especialmente en el marco de la reforma legislativa del sector minero, contravenía sus políticas de salvaguarda, concretamente en materia de transparencia, consulta y participación. Efectivamente, el Proyecto de Ley de Minas (en francés) que el Banco Mundial contribuyó a elaborar de manera directa, adolece de importantes lagunas en el ámbito de la protección de los derechos humanos y de la protección ambiental. Además, contrariamente a lo que promueven las políticas de salvaguarda, no se llevó a cabo proceso alguno de consulta previa ni continua con las partes interesadas, entre las cuales se encuentran las comunidades afectadas.
En su decisión de no admisión (en inglés) de la demanda del 6 de febrero de 2015, el Grupo de Inspección alegó que la asistencia técnica aportada al sector minero de Haití, a través del fondo EI-TAF (Servicio de Asesoría Técnica para las Industrias Extractivas), dedicado al desarrollo de la industria de extracción de los países en vías de desarrollo, incluía un tipo de financiación específico –el fondo fiduciario ejecutado por el Banco (BETF)– que, dada su naturaleza, exime al Banco de respetar las políticas de salvaguarda y otras políticas y procedimientos operativos.
Ahora bien, las normas sociales y ambientales deben aplicarse siempre y no pueden quedar relegadas a un segundo plano, ya que son necesarias para evitar repercusiones actuales y potenciales que afecten a las comunidades y que pueden verse agravadas por la liberalización en curso del sector minero en un país como Haití, donde la gobernanza en materia minera es perfectible. Teniendo en cuenta que es obligación del Banco Mundial respetar y aplicar sus políticas de salvaguarda con el fin de no perjudicar a la población o al medio ambiente, la FIDH insta al Banco Mundial a que ejerza un mejor control de sus políticas en materia de BETF, para colmar las lagunas de responsabilidad e impedir que las normas sociales y ambientales se apliquen de forma discrecional.
La FIDH ya había manifestado anteriormente su preocupación respecto a las salvaguardas del Banco Mundial y había señalado en especial las deficiencias del mecanismo de control de sus inversiones (véase por ejemplo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la empresa Dinant en Honduras).
La carta (en inglés) firmada conjuntamente por varias organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra la FIDH, tiene como objetivo llamar la atención del Banco Mundial sobre las repercusiones negativas en materia de derechos humanos y ambientales de los proyectos que patrocina en el marco de sus actividades de financiación, así como sobre la necesidad de respetar sus políticas de salvaguarda, corregir sus deficiencias y adoptar un planteamiento responsable.
Ver o descargar la carta aquí debajo (en inglés)