Egipto: una COP 27 bajo influencias

Romain Doucelin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

10 de noviembre de 2022. ¿Qué legitimidad tiene una COP 27 bajo la influencia de las multinacionales, en un contexto de represión de las personas defensoras de derechos humanos y de abandono del medio ambiente por parte del país anfitrión? Un escenario paradisíaco para un infierno ambiental y humano.

Desde el 6 de noviembre de 2022, los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reúnen en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh para celebrar la 27ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (Cop 27). Mientras los fenómenos meteorológicos extremos se intensifican y la crisis energética provoca un aumento del consumo de carbón, el combustible fósil más contaminante, la laxitud de los Estados ante la emergencia climática sigue alejando al mundo de los objetivos que se han fijado. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es demoledor: se prevé que el calentamiento global alcance entre +3,2 y 5°C en 2100, muy por encima del límite de calentamiento de 1,5°C fijado por los Acuerdos de París.

Las consecuencias de estos fenómenos climáticos extremos sobre los derechos humanos son desastrosas. El agotamiento de los recursos y los conflictos resultantes, las migraciones medioambientales y climáticas, y los ataques a los derechos a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la vida afectan especialmente a las personas más vulnerables, como las que viven en situaciones precarias o de extrema pobreza, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías, etc.

Por eso, tras haber acogido con satisfacción el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho fundamental por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2022, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) insiste una vez más en la importancia de situar los derechos humanos en el centro de las políticas medioambientales y climáticas que se debaten.

Por una participación regulada de las empresas en la Cop

Aunque debería poner el foco en las comunidades afectadas y sus demandas de reparación, cada año la Cop sirve de plataforma para las empresas más contaminantes. En 2021, sólo la industria de los combustibles fósiles contaba con más de 500 delegados, la mayor delegación de la Cop26, superando con creces a los representantes de los pueblos indígenas presentes.

La sobrerrepresentación de los intereses privados y de las empresas más contaminantes en los procedimientos socava cualquier iniciativa ambiental y climática ambiciosa y creíble que sea incompatible con los intereses industriales. En una declaración conjunta, la FIDH recuerda que no se puede avanzar mientras estas empresas tengan desregulado el acceso a las cumbres del clima.

Derechos humanos y medioambientales: ¿se reconocerá pronto la interdependencia?

El reconocimiento de la interdependencia entre el respeto al medio ambiente y los derechos humanos es esencial para garantizar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas por los desastres climáticos. Aunque los Estados tienen una parte de responsabilidad en el calentamiento global, no son ni mucho menos los únicos. Sólo un centenar de empresas de petróleo, gas, carbón y cemento son responsables de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial. La irresponsabilidad de estas empresas, unida a la falta de regulación internacional, amenaza directamente la vida tal y como la conocemos en la Tierra y, por tanto, el ejercicio de todos los derechos humanos. Para poner fin a esta situación, la FIDH lleva a cabo la campaña #SeeYouInCourt desde 2021, trabajando junto a las comunidades afectadas para ayudarles a defender sus derechos y exigir el acceso a la justicia.

Además, los Estados que participan en la Cop deben terminar de establecer un marco normativo, ya sea internacional, regional o nacional, que aclare la responsabilidad y las obligaciones de los actores económicos con respecto a las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente a lo largo de su cadena de valor, y que limite su huella ambiental negativa. La comunidad internacional debe dotarse urgentemente de las herramientas jurídicas necesarias para evitar estos comportamientos desastrosos.

Símbolo de esta interdependencia es la detención del activista egipcio de derechos humanos y del clima Ahmed Amasha en julio de 2020 y su traslado a un lugar desconocido. Más recientemente, el activista indio Ajit Rajagopala fue detenido mientras ejercía su derecho fundamental a expresarse para concienciar a los egipcios sobre la lucha climática. Su abogado egipcio, Makarios Lahzy, fue detenido ilegalmente durante 72 horas.

Clima represivo en Egipto

La exclusión de la sociedad civil del proceso de negociación es especialmente evidente en Sharm el-Sheikh. La elección de Egipto como país anfitrión de la Cop 27 se justificó por el deseo de las autoridades egipcias de "llevar la voz de África frente a las grandes potencias contaminantes". De hecho, este continente es a la vez el menos responsable del cambio climático y el más afectado por sus efectos. Sin embargo, esta elección corre el riesgo de desacreditar la conferencia.

En agosto de 2022, el Climate Action Tracker describió la acción climática global de Egipto como "altamente insuficiente". La decisión de las autoridades egipcias de desalojar a la población de una isla y convertirla en un distrito comercial estaba en el punto de mira de los activistas. Las autoridades también han eliminado más de 390.000 metros cuadrados de espacios verdes en zonas urbanas sin consultar a los residentes locales.

El 27 de septiembre en Egipto está marcado por una nueva ola de represión y ataques a los derechos de manifestación y expresión. Unos días antes de su inauguración, decenas de personas fueron detenidas por convocar manifestaciones contra el gobierno el 11 de noviembre de 2022 y durante la conferencia.

Además, las autoridades egipcias reforzaron los controles, instalando incluso cámaras de vigilancia en los taxis de Sharm el-Sheikh, la ciudad costera que acoge la conferencia. Estas medidas son una muestra más del desprecio del Estado egipcio por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos desde la llegada al poder del general Abdel Fattah al-Sissi.

Bajo su dictadura, las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos, los activistas medioambientales y los periodistas son objeto de una represión sin precedentes: muchos son arrestados arbitrariamente y detenidos en condiciones brutales, a veces con resultado de muerte.

Egipto tiene actualmente 60.000 presos políticos. Una de las figuras emblemáticas de esta represión es Alaa Abdelfattah, bloguero y uno de los líderes de la revolución egipcia, que lleva seis meses en huelga de hambre. El 1 de noviembre de 2022, suspendió toda ingesta de calorías y comenzó una huelga de sed el primer día de Cop 27. La vida de Alaa Abdelfattah está ahora en peligro: ¿cómo se puede garantizar la justicia climática si se silencian las voces que la defienden?

Entre las violaciones más graves de los derechos humanos, la práctica de las desapariciones forzadas también se ha intensificado desde 2015: la ONG Comité por la Justicia contabilizó 2.724 casos en 18 meses en 2020-2021, de los cuales 269 fueron confirmados.

En vísperas de la cumbre del clima, Egipto ha intentado tapar las heridas abiertas de una sociedad civil perseguida y silenciada adoptando una "estrategia nacional de derechos humanos" que se presentará con bombos y platillos en septiembre de 2021. Pero, en realidad, esta estrategia no es más que un escaparate, destinado a que la comunidad internacional alivie la presión sobre el gobierno egipcio, según informa el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), miembro de la FIDH. De hecho, los relatores especiales de la ONU siguen preocupados por garantizar el acceso seguro y la plena participación de la sociedad civil en la Cop 27, en un contexto en el que existe la amenaza de represalias.

La elección de Egipto como país anfitrión y de algunas de las empresas más contaminantes del mundo como patrocinadoras de la Cop 27 revela una falta de preocupación por los derechos humanos y las cuestiones medioambientales y climáticas. Cada uno de los actores que participan en esta cumbre tiene un papel importante que desempeñar para influir en el resultado de la misma. Para ello, la FIDH ha movilizado varios resortes diplomáticos y se ha puesto en contacto con los diferentes patrocinadores de la Cop 27 para pedirles que intervengan ante las autoridades egipcias para la liberación de los detenidos.

A un año de la Cop 28, el anuncio de Emiratos Árabes Unidos como próximo país anfitrión sugiere una nueva cumbre bajo el signo de la represión y la privación de libertades, acentuando aún más la discrepancia entre la lucha por la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos.

En respuesta a todas estas cuestiones, hacemos las siguientes recomendaciones:

- Pedimos a los Estados que aumenten sus ambiciones para combatir eficazmente el cambio climático, en particular comprometiéndose a una reducción significativa de sus emisiones de gases de efecto invernadero que nos acerque a los objetivos fijados por los Acuerdos de París.

- Hacemos un llamamiento a los países más ricos para que cumplan sus compromisos presupuestarios con los países pobres y asuman su parte de responsabilidad proporcionando apoyo financiero y técnico para hacer frente al cambio climático.

- Hacemos un llamamiento a todos los actores implicados para que hagan hincapié en la necesidad de una legislación que aclare la responsabilidad de las empresas en todas las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente.

- Pedimos que se adopte un marco de responsabilidad regulado para evitar los conflictos de intereses y la influencia indebida de los intereses contaminantes en estas negociaciones.

- Pedimos a las empresas que tomen todas las medidas necesarias para reducir de forma significativa y efectiva su contribución al cambio climático y para prevenir, detener y remediar los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente asociados a sus actividades.

- Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades egipcias para que liberen inmediatamente a Alaa Abdelhfattah y a todas las personas defensoras de derechos humanos y presos de conciencia detenidos arbitrariamente en Egipto.

- Pedimos a las autoridades egipcias que pongan fin a todas las represalias contra los miembros de la sociedad civil que convocaron manifestaciones durante la Cop 27 y, de forma más general, que garanticen las libertades de expresión, reunión y manifestación pacífica durante y después de la Cop 27, y que hagan rendir cuentas a quienes hayan violado estos derechos.

- Instamos al Estado egipcio a poner fin a las prácticas de desaparición forzada y tortura.

- También pedimos que se eliminen todos los obstáculos legales o prácticos a la libertad de asociación, reunión y expresión.

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