5 de junio de 2023. A medida que se agrava la triple crisis mundial –el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación–, el medio ambiente y su protección deben estar a la vanguardia de la evolución jurídica en todos los niveles de gobernanza. Poco a poco se empieza a tomar en serio esta necesidad, y varios Estados ya han puesto en marcha medidas, incluso de tipo jurídico, destinadas a proteger el derecho a un medio ambiente sano, con los grupos ecologistas a la cabeza.
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo pionero en este sentido. Se trata del “primer tratado ambiental de la región” de América Latina y el Caribe y hace especial hincapié en la protección de las personas defensoras del medio ambiente, sobre todo a través de las disposiciones de su artículo 9. Firmado por 24 países, entró en vigor en abril de 2021 y ya ha sido ratificado por 15 países.
El año 2021 también marcó un punto de inflexión en las Naciones Unidas cuando el Consejo de Derechos Humanos reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano en su resolución 48/13. Menos de un año después, el 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este derecho como un derecho humano mediante la adopción de la resolución 76/300. La FIDH celebra esta votación, calificada de “histórica” por António Guterres, que marca una nueva etapa en el posible desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales para la defensa y la protección del medio ambiente.
Grandes avances en el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible
La sociedad civil y las comunidades también se han movilizado en torno a esta cuestión crucial. Desde hace varios años, la FIDH lucha por el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano. En septiembre de 2021, junto con varias de sus organizaciones miembros, lanzó su campaña internacional #SeeYouInCourt, específicamente destinada a apoyar y acompañar a las comunidades a emprender acciones legales contra los abusos cometidos por las empresas contra el medio ambiente y los derechos humanos. En el marco de esta campaña se han puesto en marcha varios casos en todo el mundo.
Lamentablemente, las decisiones políticas no siempre se traducen en avances concretos y aplicables. Las resoluciones adoptadas a nivel de las Naciones Unidas mencionadas anteriormente marcan pasos importantes hacia una mejora de la protección del medio ambiente. Sin embargo, no se trata de textos jurídicamente vinculantes que obliguen a quienes las firman a respetar, proteger y aplicar el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Además, la transposición de la resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU a un marco jurídico ha resultado ser más compleja de lo esperado y aún no se ha conseguido debido a la oposición política de algunos Estados.
Así, en una resolución adoptada en abril de 2023, el Consejo de Derechos Humanos instó a los Estados miembros a que “establezcan, mantengan y refuercen marcos jurídicos e institucionales eficaces para regular las actividades de los agentes públicos y privados a fin de prevenir, reducir y remediar los daños a la biodiversidad y los ecosistemas, teniendo en cuenta las obligaciones y compromisos de derechos humanos relativos al disfrute de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”. Sin embargo, este llamado del Consejo a la acción fue acogido con escepticismo por países como China, Australia y Estados Unidos. Estos últimos han expresado su cautela ante esta nueva resolución y se muestran reticentes ante la obligación jurídica de respetar el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, en particular a través del Examen Periódico Universal de los Estados, como propone la resolución.
Los retos de pasar de la esfera política a la jurídica
Las reticencias también se siguen dejando sentir en el sistema europeo de derechos humanos. La Cumbre de Jefes de Estado del Consejo de Europa, celebrada en Reikiavik los días 16 y 17 de mayo, no concluyó con un llamado enérgico en favor del reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho autónomo. La FIDH trabajó en este sentido junto con otras organizaciones de derechos humanos y medioambientales. Los Estados perdieron la oportunidad de hacer un llamado firme en favor del reconocimiento formal de este derecho como derecho autónomo en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, se comprometieron a reforzar su trabajo sobre los “aspectos de derechos humanos del medio ambiente”. La FIDH continúa trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil para velar por que el Consejo de Europa haga un uso efectivo de la ley y de su sistema de aplicación como herramienta para proteger el medio ambiente.
La FIDH celebra los avances realizados a la hora de reconocer el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, e insta a los Estados a que adopten mecanismos jurídicos eficaces para garantizar este derecho. Conseguirlo significa hacer de los próximos Días Mundiales del Medio Ambiente días de celebración y de avances tangibles.