Un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de los derechos humanos
Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes.
Según ha afirmado el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el profesor John Knox, “aunque un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable es esencial para el pleno disfrute de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos (entre otros, el derecho a la libertad de expresión y la educación) la participación y reparación son vitales para la protección del medio ambiente”. En su informe presentado en 2018 al Consejo de Derechos Humanos solicitaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobación de una resolución formal que reconozca el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como parte integrante del derecho internacional de derechos humanos. Como señala el actual Relator Especial de la ONU, el Sr. David R. Boyd, aunque el derecho a un medio ambiente saludable ha sido reconocido por la mayoría de los Estados en sus constituciones, legislaciones y diversos tratados regionales de los que son parte, este derecho aún no ha sido reconocido como tal por la ONU. La FIDH cree que ha llegado el momento de que la ONU reconozca formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
Durante los últimos 10 años, la FIDH ha trabajado para reafirmar la pertinencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el debate actual sobre el cambio climático. Los daños ambientales suponen una amenaza directa contra, entre otros, el derecho a la vida, la salud, el agua, el desarrollo, la vivienda, el trabajo, la cultura y contra los derechos de los pueblos indígenas (véase por ejemplo la posición de la FIDH en las negociaciones de la COP21. Las poblaciones afectadas tienen derecho a que se las proteja de los efectos ambientales adversos derivados de la contaminación, la deforestación, la desertificación y de las inundaciones causadas por el cambio climático.
En Honduras, la aceleración del proceso de transformación del suministro energético realizado de forma errática e irresponsable corre el riesgo de causar daños irreversibles en las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y en la microcuenca del río Cuyamel, principal fuente de agua de casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida. Vea nuestro informe aquí.
En Sudáfrica, el declive de la industria minera implica importantes repercusiones en materia de derechos humanos y ambientales debido a la falta de una rendición de cuentas apropiada, tanto por parte de las empresas como de las instituciones públicas. El repentino cierre de la mina de Blyvoorzicht ha dejado abandonada a su suerte a una comunidad de 6000 personas.
A pesar de la la crisis climática, los proyectos petroleros siguen avanzando en todo el mundo. Entre los más ambiciosos está la propuesta liderada por Total de explotar algunas de las mayores reservas de África situadas bajo el lago Albert y dentro del Parque Nacional de las cataratas Murchison y de hacer llegar el petróleo a los mercados internacionales a través del oleoducto de petróleo crudo de África Oriental (EACOP). Como han documentado la FIDH y la FHRI, además de la pérdida de tierras y medios de subsistencia, a las comunidades les preocupa que la explotación petrolera contamine aún más sus aguas, cause contaminación acústica y atmosférica, tenga un impacto negativo en la salud de la población y degrade los ecosistemas de las zonas protegidas.
Ni siquiera Europa es inmune a los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente causados por las actividades económicas, como demuestra el informe sobre las violaciones de los derechos humanos causadas por la catástrofe medioambiental de la planta siderúrgica ILVA en Italia.
En todos estos casos, las comunidades locales están en primera línea, luchando por la defensa de sus derechos y de los derechos de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar en lugar de ser una mera propiedad a explotar por los humanos. Sus luchas afectan a todo el mundo, porque un medio ambiente seguro, limpio y saludable es de suma importancia para el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de todos.
Sin embargo, los actores estatales y empresariales que contribuyen al cambio climático, a la degradación del medio ambiente y a las violaciones de los derechos humanos siguen beneficiándose de la impunidad
La FIDH se ha movilizado para luchar contra la impunidad y responsabilizar a los Estados y a las empresas de la degradación del medio ambiente
Para hacer que los actores empresariales rindan cuentas por su contribución a la crisis climática, la FIDH y sus organizaciones miembros han desarrollado una línea de acción estratégica coordinada e interregional.
Tras la adopción de una resolución en 2019 en la que se reconoce la interdependencia entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente iniciada por 8 organizaciones de 3 continentes, la FIDH se comprometió a trabajar con las principales partes interesadas en una serie de acciones para defender los derechos de las comunidades afectadas y empoderar a las ligas miembros comprometidas con esta cuestión, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y garantizar la rendición de cuentas y la reparación.
En septiembre de 2020, la FIDH se unió a más de 1.100 organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para respaldar una Declaración Conjunta de la Sociedad Civil en la que se pedía a los Estados el reconocimiento inmediato del derecho a un medio ambiente saludable. La Declaración se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su 45º período de sesiones y alentó al Grupo Central (Core Group) sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (que incluye a Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza) a emitir una declaración conjunta en la que se compromete a facilitar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano.
En agosto de 2021, el Grupo Central (Core Group) anunció que presentaría una resolución para reconocer universalmente el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. En septiembre de 2021, la FIDH se unió a otras 15 organizaciones para pedir a todos los miembros del Consejo que apoyaran de forma proactiva esta iniciativa en esta sesión. Durante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos (13 de septiembre - 8 de octubre) se propuso una resolución para reconocer universalmente el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Los gobiernos tienen la oportunidad histórica de reconocer este derecho, que no deberían desaprovechar.
Otro grupo de Estados, compuesto por Bahamas, la Unión Europea, Fidji, Panamá, Paraguay, Sudán y la República de las Islas Marshall, también anunció que presentará una resolución centrada en la ejecución técnica para el establecimiento de un Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
La FIDH considera que un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es fundamental para el disfrute efectivo del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, y demás derechos. Del mismo modo, la introducción de consideraciones de derechos humanos en las políticas ambientales es esencial para la protección de las poblaciones afectadas por el calentamiento global y para el bienestar de las generaciones futuras.