Resolución sobre el derecho a la educación

Resolución adoptada por el 38° Congreso de la FIDH

La Federación Internacional de Derechos Humanos, en su 38º Congreso,

  • RECORDANDO que la FIDH es una federación de 164 organizaciones miembros que trabaja para aplicar de forma efectiva, universal e indivisible las convenciones, los pactos internaciones y todos los instrumentos internacionales o regionales en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
  • CONSIDERANDO que el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) exige que los Estados reconozcan el derecho de toda persona a la educación,
  • CONSIDERANDO que el PIDESC afirma que la educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
  • RECORDANDO que el derecho a la educación es a la vez un derecho fundamental en sí, una de las claves para el ejercicio de los otros derechos inherentes al ser humano y una condición necesaria para hacer frente a los relativismos de todo tipo,
  • RECORDANDO además que la educación y la formación en materia de derechos humanos universales son esenciales para su respeto efectivo, [1]
  • CELEBRANDO el vasto movimiento de protesta social para recordar a los Estados sus obligaciones en relación con el derecho a la educación, iniciada por las asociaciones estudiantiles y que se ha arraigado en varios países,
  • RECUERDA a los Estados su obligación de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, de tomar las medidas necesarias para que:
    - La enseñanza primaria sea obligatoria, accesible y gratuita
    - La enseñanza secundaria sea generalizada y accesible para la implantación progresiva de la enseñanza gratuita
    - La enseñanza superior sea accesible a todos por igual sobre la base de las capacidades de cada uno mediante la implantación progresiva de la enseñanza gratuita,
  • RECUERDA que es indispensable garantizar la protección de las libertades académicas, tanto para el personal docente como los estudiantes, y considerar estas libertades como una condición para la realización del derecho a la educación que no deben ser socavadas por las presiones políticas, económicas o de otro tipo,
  • EXPRESA su apoyo a las luchas libradas en oposición a los aumentos de matrícula y a la orientación impuesta por las políticas neoliberales, que nos llevan a una progresiva mercantilización de la educación y la exclusión de un mayor número de personas de los estudios universitarios.
  • ALIENTA el desarrollo de las actividades de educación y formación sobre los derechos humanos universales, en beneficio, en particular, de los jóvenes defensores, y apoya los esfuerzos de la FIDH a tal efecto.
Leer más
communique