En su primera década de implementación, los Principios Rectores han desempeñado un papel inestimable en la fijación de agenda internacional, convirtiéndose en la norma de referencia internacional sobre empresas y los derechos humanos. Sin embargo, lograr la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas sigue siendo un trabajo en progreso.
Los cambios en el comportamiento de las empresas se han producido a un ritmo decepcionantemente lento, que contrasta con las necesidades urgentes y aceleradas de una sociedad global que está atravesando profundas crisis sociales, medioambientales y económicas. Aunque los Estados y las empresas han empezado a aplicar el marco para prevenir y abordar los daños relacionados con las empresas a las personas y al planeta, los compromisos se han quedado en gran medida sobre el papel. La experiencia de la FIDH y de sus organizaciones miembros en estos 10 años demuestra que:
• las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente por parte de los actores económicos no sólo han continuado, sino que se han agravado, afectando negativamente a sectores especialmente vulnerables como los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los niños, entre otros
• Ha aumentado en todo el mundo la criminalización de los defensores de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales;
• los titulares de derechos siguen enfrentándose a las mismas barreras en el acceso a la justicia y a la reparación integral;
• la participación de la sociedad civil en la adopción de políticas públicas y empresariales ha sido limitada; y
• la mayoría de los compromisos no van seguidos de acciones concretas por parte de las empresas y los Estados ni de una participación inclusiva de las partes interesadas.
Si bien es cierto que el papel normativo de los Principios Rectores ha sido innegable, la naturaleza voluntaria de los UNGP ha demostrado ser insuficiente para generar un cambio sistémico e impulsar la tan necesaria transformación del modelo empresarial para un mundo más sostenible. Como esta transformación no puede esperar, nuestras organizaciones piden una hoja de ruta más concreta y ambiciosa que sitúe el acceso a la justicia y un conjunto de normas internacionales sólidas y vinculantes como pasos clave hacia la responsabilidad y la reparación.
Sólo muy recientemente la responsabilidad empresarial de respetar ha comenzado a transformarse en obligaciones legales concretas. Aunque algunas leyes nacionales recientemente aprobadas sobre diligencia debida empresarial en cadenas de suministro en material de derechos humanos y medio ambiente pueden reducir la brecha en la rendición de cuentas, la naturaleza de las obligaciones legales y los regímenes de responsabilidad tendrán que ser cuidadosamente calibrados y aclarados para evitar las consecuencias no deseadas de una diligencia debida de que suponga una mera "verificación de casillas” (check-box), que podría blindar a las empresas de sus responsabilidades, al tiempo que impediría a las víctimas obtener reparación efectiva.
En los últimos tiempos, algunas decisiones judiciales innovadoras han mostrado el potencial de los marcos legales existentes. Sin embargo, observamos que la influencia de las empresas en el Estado sigue siendo el mayor obstáculo para una reparación efectiva y para generar cambios sistémicos. Será necesario ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora para conseguirlo. En 2012, tras la adopción de los UNGP, los miembros de la FIDH ya expresaron su preocupación por las limitaciones de los instrumentos de soft law y su operatividad en un contexto en el que las tensiones entre la protección de los derechos humanos y el modelo económico eran ya latentes. Ahora, 10 años después, ha llegado el momento de que los UNGP aborden este desequilibrio para contribuir de forma concreta a prevenir y reparar los abusos de las empresas y proteger de forma efectiva los derechos humanos.