Brasil: Experto ONU presenta conclusiones alarmantes y pide reubicar y reparar a la comunidad de Piquiá

Hoy, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y desechos, Marcos Orellana, presentó su informe sobre Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su predecesor había llevado a cabo una misión a Brasil, con un foco en Piquiá de Baixo (Maranhão), donde fue testigo de los abusos cometidos por la industria minera y siderúrgica. En el informe preliminar se pide que se faciliten los recursos necesarios para reasentar a la comunidad de Piquiá de Baixo, se insta al Gobierno, a Vale y a otras empresas implicadas a que presenten una disculpa oficial a la comunidad y se solicita que se otorgue una reparación a los titulares de los derechos.

En el informe, el Relator Especial sobre sustancias peligrosas y desechos, Marcos Orellana, señala que "en todo Brasil, las fábricas y plantas están situadas en una proximidad inimaginable a las comunidades, que son objeto de graves violaciones de sus derechos humanos". También destaca la situación de Piquiá. Este caso muestra cómo, cada vez, más Brasil está siendo explotado por las cadenas de suministro mundiales "aprovechando la debilidad de las normas, y de la supervisión y ejecución de éstas."

En su intervención en el 45º Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, el experto de las Naciones Unidas declaró que "las empresas implicadas en claros abusos de derechos humanos, incluida Vale, deberían ser responsabilizadas de lo que sólo puede describirse como delitos ambientales y ocupacionales". Tras la degradación de la situación de los derechos humanos y la proliferación de abusos empresariales en Brasil, el Relator Especial hizo un firme llamamiento a la acción, recomendando que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevara a cabo una investigación sobre la situación actual de los derechos humanos en el Brasil, así como una sesión especial sobre la protección de la selva amazónica y los derechos humanos, garantizando la participación activa de todas las partes interesadas.

En un informe publicado en 2011, la FIDH, Justiça nos Trilhos y Justiça Global denunciaron los abusos por parte de las empresas y la negligencia del Estado hacia la comunidad de Piquiá, en el estado de Maranhão. Desde entonces, las organizaciones han instado repetidamente a la comunidad internacional, incluido al Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y desechos, a que presione a Brasil y pida una pronta reparación. En mayo de 2019, la FIDH y Justiça nos Trilhos publicaron un segundo informe en el que se relataba la notable lucha encabezada por la comunidad de Piquiá ante la persistencia de las violaciones, así como los riesgos que rodean la finalización del proyecto de reubicación de la comunidad, que tanto ha costado conseguir. Esto condujo a una visita del predecesor del Sr. Orellana, Baskut Tuncak, en diciembre de 2019.

La FIDH acoge con beneplácito el informe del Relator Especial sobre Brasil, que constituye un recordatorio más de la magnitud de los abusos empresariales y la falta de rendición de cuentas en el país. La labor de Tuncak y Orellana da visibilidad a la lucha de la comunidad por sus derechos y corrobora desde sistema de Naciones Unidas el duro diagnóstico descrito en los informes de la FIDH.

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