Inundaciones en Alemania, Bélgica y China; mega incendios en California, Grecia, Turquía y Siberia; temperaturas récord en el noroeste del continente americano: una crónica de la emergencia climática del verano. Las poblaciones, y entre ellas los grupos más vulnerables, están en primera línea. ¿Quién será responsable?
Los Estados no están a la altura, sus compromisos son demasiado modestos. Teniendo en cuenta el objetivo fijado por la comunidad internacional, que es mantenerse por debajo del límite de aumento de temperatura de 2 °C, esto no es suficiente. En su sexto informe, el IPCC estima que las contribuciones anunciadas en el marco del Acuerdo de París de 2015 nos sitúan en una trayectoria de 2,7 °C para finales de siglo. Además, por poco ambiciosas que sean, estas promesas, no se están cumpliendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, al mismo ritmo que las cumbres y los foros científicos.
Sin embargo, llama la atención que un puñado de empresas sea responsable de una parte importante de la máquina infernal que se ha puesto en marcha. Los gigantes del petróleo, el gas, el carbón y el cemento -un centenar de empresas- son responsables de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial. Muchas de estas empresas utilizan su influencia para apoyar el statu quo, y algunas incluso financian a los " sembradores de dudas " que propagan el negacionismo climático. En 2013, se gastaron aproximadamente 900 millones de dólares en la negación del cambio climático. La responsabilidad de estos actores es considerable, pero su impunidad con respecto al cambio climático sigue siendo casi total: es un punto ciego en la política medioambiental.
Los jueces pueden ayudar. La incapacidad de los gobiernos para actuar con decisión ha hecho que los tribunales intervengan desde hace algunos años: desde 1986, se han presentadomás de 1.800 casos judicialesrelacionados con el clima en todo el mundo.
Hasta hace poco, estas demandas se dirigían principalmente a los Estados. Al igual que el "Affaire du siècle" en Francia, el caso Urgenda en los Países Bajos o el "caso climático" en Bélgica, los ciudadanos de a pie y las asociaciones recurren a los tribunales para denunciar la falta de ambición de las medidas gubernamentales para hacer frente al cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta el considerable impacto del cambio climáticoen los derechos humanos.
Ahora se abre un nuevo frente que apunta a la responsabilidad de los contaminadores. A principios de 2020, catorce autoridades locales se unieron a varias asociaciones para denunciar la "inacción climática" de Total. En una decisión histórica, el 26 de mayo de 2021, el Tribunal de La Haya ordenó a Shell que redujera las emisiones de CO2 no sólo de sus operaciones, sino también de sus cadenas de suministro, con el fin de lograr una reducción del 45% para 2030 en comparación con 2019.
Es hora de acelerar. El cambio climático es, por excelencia, una cuestión que los mecanismos políticos tradicionales no están preparados para tratar. El sistema político, que a menudo funciona a corto plazo en función de las preocupaciones inmediatas del electorado, no es capaz de afrontar el reto de tomar decisiones valientes con efectos a medio y largo plazo. Es hora de invertir la lógica y permitir que las comunidades afectadas por la crisis medioambiental busquen justicia, siempre que sea posible, para que las empresas rindan cuentas por su contribución al cambio climático.
Con el lanzamiento de la campaña #SeeYouInCourt, la FIDH, sus organizaciones miembros y las comunidades afectadas en Chile, Perú, Colombia y otros países están escribiendo un nuevo capítulo de este movimiento. Están poniendo en marcha una serie de acciones legales para exigir responsabilidades a las empresas. Al situar a las personas afectadas en el centro de estas acciones, y utilizando un enfoque de derechos humanos, esta campaña pretende recordar que el cambio climático no es un concepto abstracto que sólo concierne a las generaciones futuras: es una emergencia para las personas vulnerables que están en primera línea.
El derecho internacional puede seguir avanzando en la ampliación del abanico de respuestas a la amenaza que suponen los trastornos climáticos y los actores económicos que son cómplices de ellos. El Consejo de Derechos Humanos está debatiendo actualmente el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como derecho humano reconocido internacionalmente, como ya ocurre en varias constituciones nacionales. Se espera que la Comisión Europea presente, el 27 de octubre, una propuesta de ley sobre el deber de diligencia de las empresas. Al lanzar la campaña #SeeYouInCourt, estamos diciendo que no podemos esperar más. Desde Madagascar hasta el "corredor seco" de América Central, las sequías están provocando inseguridad alimentaria, y la subida de las aguas y las repetidas inundaciones están forzando migraciones masivas. Exigimos justicia climática, y que las empresas que son las principales responsables de la alteración del clima rindan por fin cuentas.