En el marco lucha contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente, la nueva ley pretende proteger a las personas de la esclavitud moderna, el trabajo forzado, la trata de personas, el trabajo peligroso y la explotación, de acuerdo con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto Social de la ONU). Los derechos de los aproximadamente 168 millones de niños y adolescentes de todo el mundo que realizan los trabajos más arduos en las plantaciones de cacao, café y tabaco -a menudo en contacto con pesticidas-, que fabrican productos electrónicos, ropa y juguetes en fábricas en condiciones de explotación, o que extraen recursos minerales en detrimento de su salud, requieren una protección especial en el contexto del interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Aprobada en un contexto de desarrollo de legislación similar en varios estados y a nivel europeo, esta ley es la primera en Alemania que establece normas vinculantes para las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. Supone un cambio de paradigma respecto a las normas voluntarias y la autorregulación que han prevalecido hasta ahora. Sin embargo, refleja la aplicación de un compromiso político demasiado ambicioso, que no podrá proteger de forma significativa a las víctimas de abusos de los derechos humanos y del medio ambiente. En muchos puntos cruciales, el proyecto de ley no pudo resistir la enorme presión ejercida por las asociaciones empresariales y algunos representantes políticos. Debido a su dilución durante las consultas, pierde su eficacia y no cumple los Principios Rectores de las Naciones Unidas en puntos importantes.
A partir del 1 de enero de 2023, la Ley de la Cadena de Suministro sólo se aplicará a las empresas con más de 3.000 empleados, y a partir de 2024 a las empresas con más de 1.000 empleados con sede o sucursal en Alemania. Las obligaciones de diligencia debida sólo se aplican a los proveedores directos, pero no a los indirectos. En el caso de los proveedores indirectos, las empresas sólo tienen que realizar un análisis de riesgo si tienen "conocimiento comprobado" de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, es bien sabido que la mayoría de las violaciones de los derechos humanos se producen en los eslabones más alejados de la cadena de suministro.
Sin crear nuevos mecanismos de recurso, la ley introduce la posibilidad de que las víctimas de violaciones de los derechos humanos hagan valer sus derechos ante los tribunales alemanes, actuando a través de sindicatos y ONGs (utilizando los recursos ya existentes en el derecho aleman pero cuyo alcance es limitado). Las víctimas también pueden exigir que la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) tome medidas. Si las personas afectadas hacen valer sus derechos ante la BAFA debido a violaciones de las obligaciones de diligencia debida de una empresa, la BAFA debe tomar medidas, investigar la denuncia y, si es necesario, imponer multas basadas en el volumen de negocios total de la empresa y según la gravedad de la violación. En el caso de violaciones graves de los derechos humanos, la Ley de Diligencia Debida prevé la exclusión temporal de la contratación pública con una multa de al menos 175.000 euros. Sin embargo, es cuestionable que la BAFA, como máxima autoridad federal en la cartera del Ministerio Federal de Economía y Energía, pueda tomar las medidas adecuadas y actuar con las necesarias garantías de independencia.
Desgraciadamente, la ley tampoco prevé ninguna regulación de la responsabilidad civil de las empresas que causen o contribuyan a perjuicios por no cumplir con sus obligaciones de diligencia debida o a través de relaciones comerciales que estén vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Esto significa que las preocupaciones del tercer pilar de los Principios Rectores de la ONU, como la posibilidad de una protección legal con la participación de los afectados, un recurso efectivo y una compensación por los daños causados, no están garantizados en la ley alemana, y por lo tanto no ejercerá la necesaria presión disuasoria y el efecto preventivo sobre las empresas.
En el ámbito del medio ambiente, la Ley de Diligencia Debida sólo hace referencia a tres convenios ratificados por Alemania: la prevención de contaminantes de larga duración en el marco del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes, la liberación de emisiones de mercurio en el marco del Convenio de Minamata y el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación en el marco del Convenio de Basilea. Esto no es suficiente para cubrir todos los riesgos en el ámbito de los bienes protegidos del suelo, el agua y el aire, especialmente al principio de la cadena de suministro.
Recientemente ratificado por Alemania, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Pero la legislación alemana no ofrece ninguna vía para garantizar sus derechos a proteger de sus territorios frente a los desalojos violentos y la destrucción de los bosques tropicales. El derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, recogido en el Convenio 169 de la OIT, está tan poco contemplado como la igualdad de género. La violencia de género y la discriminación no figuran como violaciones de los derechos humanos, aunque se sabe que están muy extendidas a lo largo de las cadenas de suministro mundiales .
La UE y sus Estados miembros están obligados, no sólo por los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también por los artículos 3 y 21 del Tratado de Lisboa, a respetar y promover los derechos humanos dentro y fuera del país en la política comercial y de inversiones. Con una amplia aprobación de los miembros del Parlamento Europeo, el 10 de marzo de 2021 se aprobó, con una mayoría transversal de 504 votos, un informe legislativo "sobre la diligencia debida y la responsabilidad de las empresas", que va claramente más allá de los requisitos de la ley alemana. En el contexto de la propuesta de directiva de la Comisión, que se espera para finales de año, es necesario un estrecho seguimiento por parte de la sociedad civil para garantizar que las recomendaciones más estrictas del Parlamento Europeo, así como los requisitos de los Principios Rectores de la ONU, se respeten y refuercen y no se debiliten por el voto del Consejo Europeo en una dirección contraria a los derechos humanos.
La FIDH y la Internationale Liga für Menschenrechte critican las deficiencias de la ley alemana y piden a la Unión Europea que proporcione el marco para una ley mejorada con una directiva coherente con los derechos humanos y orientada a la protección del medio ambiente. Exigen que el nuevo Bundestag apruebe una ley que cumpla las normas internacionales:
– que tengan un ámbito de aplicación que abarque a todas las empresas;
– que cubran toda la cadena de suministro y de valor, es decir, todas las filiales, subcontratistas y proveedores directos e indirectos de una empresa;
– que incorporen normas de responsabilidad por daños personales y medioambientales;
– garantizar y proteger el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas;
– prohibir y combatir la violencia de género y la discriminación a lo largo de las cadenas de suministro;
– establecer un órgano de control independiente del Ministerio de Economía.
La FIDH y la Internationale Liga für Menschenrechte continuan monitoreando la situación y hacen un llamamiento a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo para que den a conocer las violaciones de los derechos humanos y las denuncien ante la BAFA